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| 6/26/1995 12:00:00 AM

SE HARA JUSTICIA?

El traspaso de medio millón de procesos penales a la Fiscalía General está a punto de producir un corto circuito en la administración de Justicia.

EL PASADO 12 DE ABRIL EL ministro de Justicia, Néstor Humberto Martinez le envió una carta al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Yepes Arcila, en la que le lanzaba un desesperado SOS, con el fin de evitar una verdadera crisis judicial producto del traspaso el próximo 4 de julio de medio millón de procesos a la Fiscalía General de la Nación, entidad que se ha visto en apuros para evacuar una pequeña parte de los 800.000 procesos que tienen los fiscales sobre sus escritorios.
"A partir del segundo semestre del año en curso la Fiscalía General de la Nación asumirá integralmente en los municipios del país la responsabilidad de investigación en todos los procesos penales correspondientes. Por tal virtud es previsible que cerca de 500.000 procesos que actualmente se encuentran en la etapa de investigación en los distintos juzgados municipales de Colombia, deban trasladarse al conocimiento de la Fiscalía General, lo que, sin lugar a dudas, hará más difícil y compleja su actividad como ente acusatorio del Estado ", decía el Ministro en su carta.
La respuesta del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, resultó lo más parecido a un catálogo de buenas intenciones. "La Sala Administrativa está estudiando algunas alternativas que conduzcan a que se evacuen, antes del 5 de julio de 1995, el mayor número de procesos por parte de los juzgados penales del país, que según datos recogidos recientemente pór esta corporación llegan a 313.695", respondió el magistrado Yepes Arcila.
El tiempo pasó y el Consejo Superior de la Judicatura sigue estudiando alternativas para solucionar semejante caos. Mientras tanto, lo que se ve venir es un verdadero alud de expedientes que amenaza con sepultar a la Fiscalía General de la Nación. A partir del 4 de julio, aquellos fiscales que tienen a su cargo unas 500 investigaciones, una cifra verdaderamente astronómica si se tiene en cuenta que, en promedio, cada fiscal debe estudiar unos 50 casos, pasarán a tener por lo menos 800 procesos. "Ni Superman es capaz de evacuar esa cantidad de procesos en tan poco tiempo", dijo a SEMANA un funcionario de la Fiscalía.

LAS MANOS VACIAS
¿Cómo y dónde empezó todo este trancón judicial? Aunque resulte paradójico, la crisis que se avecina comenzó en 1991 con la nueva Constitución Política de Colombia, que tenía entre sus principales objetivos la pronta y eficaz administración de justicia. La reforma constitucional creó el llamado sistema acusatorio, el cual se fundamenta en dos grandes bloques: uno que se dedica a investigar y otro que se encarga de juzgar. La Fiscalía cumple con la primera misión y los jueces con la segunda.
Pese a que está demostrado que para la fase de investigación se requiere más personal que para la etapa de juzgamiento, en Colombia existe en la actualidad una descompensación entre los dos grandes bloques existentes en la administración de justicia. De acuerdo con estudios realizados, hay una relación de uno a uno, es decir, un fiscal por cada juez, cuando lo ideal sería que existiera una relación de cinco a uno, es decir, cinco fiscales por cada juez.
Esta descompensación se tradujo en un hecho sin precedentes en la historia de la Rama Judicial en Colombia: el 100 por ciento de las salas penales están sin trabajo. La razón es bien sencilla. El número de casos que están atendiendo los fiscales es demasiado alto y por esa razón la evacuación de los mismos se hace en forma lenta, esa situación trae como consecuencia que en la etapa del juicio, donde entrarían a actuar los jueces, el trabajo sea prácticamente nulo. "Hay juzgados penales donde en meses no llega un caso. En el juzgado 19 Penal de Cali, por ejemplo, en 1995 solo ha sido fallado un caso", dijo a SEMANA una fuente del Ministerio de Justicia.
La solución a esta situación ya había sido prevista por Gustavo de Greiff, quien en 1994 envió una carta al Consejo Superior de la Judicatura pidiéndole autorización para incrementar la planta de fiscales en el país. Esa corporación le autorizó el nombramiento de 4.000 nuevos cargos, algunos de los cuales se alcanzaron a hacer. No obstante, la totalidad de los nombramientos no se hizo efectiva por una simple razón: tanto nombramiento amenazaba con disparar el gasto público y podría enviar al traste los cálculos del gobierno para controlar la inflación. Un fiscal seccional gana entre 1.200.000 y 1.900.000 pesos.
El Consejo Superior de la Judicatura, que aparece como uno de los villanos de la situación, tendría en sus manos parte de la solución. Analistas consultados por SEMANA coincidieron en afirmar que mediante un acuerdo de esa corporación se podría destinar la mitad de los jueces que están sin hacer nada a cumplir funciones de fiscales para agilizar la evacuación de los procesos.
Pero la situación no sólo es caótica en lo que tiene que ver con la administración de la justicia menuda, aquella que afecta a la mayoría de la población. La situación en las altas cortes también empieza a agravarse. La Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema se encuentra paralizada a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió al Fiscal General de la Nación delegar aquellos procesos relacionados con funcionarios públicos de alto nivel, como el Contralor General de la República y los congresistas. Ello quiere decir que el fiscal, Alfonso Valdivieso, deberá asumir personalmente cada uno de los procesos donde aparezca involucrado un funcionario público de alto nivel. Y no son pocos los casos: en la actualidad existen 4.000 procesos pendientes de que el Fiscal se apersone de ellos. Lo grave de todo este asunto es que si no se encuentra una salida a este cuello de botella, en los próximos años los jueces no podrán impartir justicia porque estarán ocupados estudiando los 800.000 procesos que hoy se encuentran deambulando por los pasillos de los juzgados sin ley ni dueño.
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