SE HIZO JUSTICIA

La condena de Juan Manuel Avella, ex director administrativo de la campaña de Ernesto Samper, a seis años y medio de cárcel y el pago de una multa de 3.187 millones de pesos apenas un día después de que Fernando Botero recibiera por colaboración con la justicia una rebaja adicional de 21 meses de prisión, que lo dejó con un pie afuera de la cárcel, causó conmoción en la opinión la semana pasada. La entrevista concedida por Avella a El Tiempo, hacía apenas 15 días, en la que contaba la forma en que Botero le había ofrecido la dirección de la campaña diciéndole "te tengo una propuesta que cambiará tu vida", había logrado conmover a mucha gente y quizás por eso la coincidencia entre la determinación a favor de Botero y la condena contra Avella hizo que esta última fuera percibida como todavía más drástica.
Para el común de la gente resulta inexplicable el hecho de que Botero, quien por las averiguaciones de la investigación y por su misma confesión ha sido identificado por las autoridades como uno de los principales responsables de lo que sucedió en la campaña, salga libre, mientras Avella _que fue llevado a la campaña por Botero y era su subordinado_ termine pagando tres veces la condena de éste. Si a eso se suma el hecho de que Santiago Medina, sobre quien recae también una de las mayores responsabilidades, podría igualmente salir libre antes de que termine el año, no cabe duda de que a los ojos de un buen número de personas el caso Avella podría constituir una gran injusticia.
La condena
La alta condena de Avella se originó, desde el punto de vista procedimental, en el hecho de que la Fiscalía considera que _a diferencia de Botero y Medina_ él nunca aceptó su culpabilidad, no se acogió a los mecanismos de colaboración con la justicia y dejó que el proceso llegara a la etapa del juicio. Esto significó, de entrada, que Avella no obtuviera las rebajas a que se hicieron acreedores Botero y Medina por confesión _un sexto de la pena_ y por colaboración con las autoridades. Fue precisamente por esta colaboración que Botero obtuvo, primero de la Fiscalía y luego del Tribunal Nacional, las rebajas que le permitieron reducir su condena inicial de 90 a 42 meses, es decir, a menos de la mitad.
Desde el punto de vista penal Avella fue condenado por los dos delitos de que había sido acusado desde el principio: enriquecimiento ilícito de terceros y falsedad en documento privado. En el primer caso el juez encontró méritos para avalar la acusación de la Fiscalía respecto de que Avella conoció la operación de recaudo y distribución del dinero del cartel de Cali para la campaña. En este sentido el testimonio de Mauricio Montejo, uno de los publicistas de la campaña, quien aseguró que Avella lo había enviado donde el periodista Alberto Giraldo a cobrar 200 millones de pesos que le adeudaban, fue definitivo. Avella negó siempre haber enviado a Montejo a cobrarle a Giraldo y además saber quién era el periodista o sus vínculos con el cartel de Cali. Durante el proceso la Fiscalía encontró contradicciones en las declaraciones de Avella que fueron avaladas posteriormente por el juez. En contra de Avella pesó el hecho de que el testimonio de Montejo no sólo coincidió con el de Santiago Medina, sino también con el de un testigo secreto que acompañó a Montejo en las reuniones en que Avella lo remitió donde Giraldo. La Fiscalía y el juez consideraron además que si bien Avella pudo ignorar quién era Alberto Giraldo cuando habló con Montejo no pudo haber seguido ignorándolo cuando firmó los balances de la campaña. Dos días después de las elecciones, cuando se conocieron los narcocasetes, Avella tuvo que haber relacionado la mención en ellos de Giraldo con los pagos en efectivo que le había hecho a algunos proveedores. Este último hecho, sumado a que en el juicio se estableció que efectivamente Botero, Medina y Avella contrataron una persona a la que le pagaron tres millones de pesos para que adulterara los balances, llevó a deducir dentro del proceso que la falsificación de los balances tenía por objeto no sólo ocultar la violación de los topes, sino también el movimiento de dineros procedentes de un agente del cartel de Cali.
Fueron todos estos elementos los que la semana pasada llevaron a un juez sin rostro a proferir contra Avella la sentencia de 78 meses de cárcel. Aunque la condena suena desproporcionada, el juez aplicó prácticamente los mínimos para cada delito. En el caso del enriquecimiento ilícito en favor de terceros, que tiene una pena de cinco a 10 años, Avella fue condenado a cinco; y en el de falsedad en documento privado, que tiene pena de uno a cinco, se le sentenció a uno y medio. Los 3.187 millones de pesos de multa corresponden al monto en que la Fiscalía fijó el enriquecimiento ilícito de la campaña y es la misma suma que se le condenó a pagar a Botero y a Medina. Sin embargo lo que en estos dos casos suena como descomunal, pero no totalmente imposible, en el de Avella resulta totalmente desproporcionado y absurdo. No sólo es claro que Avella no se lucró con un solo peso de los que recibió la campaña sino que además carece de una mínima fortuna personal con la que pudiera responder los requerimientos de la justicia. Sin embargo la multa puede resultar puramente simbólica. En primer término porque, según la propia ley, jamás puede exceder la mitad del patrimonio del sentenciado y, en segundo lugar, porque el monto es negociable, como sucedió ya en los casos de Botero y Medina.
Independientemente de que, según el proceso adelantado por la justicia, Avella haya resultado más culpable que 'paganini', lo que dejó un mal sabor en el ambiente es el hecho de que quien es quizás la persona que menor responsabilidad tuvo en la introducción y en el manejo de los dineros del narcotráfico en la campaña tenga que pagar la pena más alta. Más alta inclusive que las que pagaron los hermanos Ochoa, culpables de haber introducido miles de toneladas de cocaína en Estados Unidos.La condena de Juan Manuel Avella parece ser desproporcionada e injusta. La realidad de la situación parece ser la siguiente: 1) Avella no tenía conocimiento de que Fernando Botero y Santiago Medina estaban financiando la campaña presidencial con dineros del cartel de Cali. 2) Tan pronto explotó el escándalo Avella se prestó, como subalterno de Botero, a falsificar las cuentas de la campaña para no exceder los topes legales. 3) Avella dijo algunas mentiras sobre su participación en esta falsificación de documentos para no incriminarse.Presentar una contabilidad adulterada y decir mentiras al respecto es ilegal, pero es muchísimo menos grave que negociar con la mafia. Avella es culpable de falsedad en documento privado y como no colaboró con la justicia debería ser condenado por esto. Sin embargo no tiene lógica que fuera condenado por el delito de enriquecimiento ilícito a terceros, que es el cargo realmente grave. Este es un delito por el cual se ha condenado a las personas que conscientemente recibieron recursos de los hermanos Rodríguez Orejuela para financiar la campaña de Ernesto Samper. No existe ninguna prueba de que Avella estuviera en esta categoría. El propio Fernando Botero, que ha denunciado a muchos de sus compañeros de campaña, sostiene que su subalterno es inocente. Que Juan Manuel Avella fuera culpable de falsedad en documento privado no significa que lo fuera de enriquecimiento ilícito a terceros. Debió ser condenado por lo primero pero exonerado de lo segundo. Esto lo habría hecho acreedor a una pena mucho más corta y además excarcelable. Esta hubiera sido la sanción justa para un muchacho de 25 años que, siguiendo órdenes de sus superiores, puso su firma en unos libros de contabilidad adulterados.