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| 4/26/2011 12:00:00 AM

¿Se llegó a la democracia participativa en Colombia?

Aunque la constituyente se quedó corta en trasladar poder al ciudadano y a la sociedad civil, señaló este camino como uno de los componentes esenciales a la plena edificación del Estado Social de Derecho.

 
La gran apuesta política del proceso constituyente de 1990 y 1991 fue la democracia participativa. El voto que dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea comenzaba diciendo “Para fortalecer la democracia participativa, (…) voto.” Con este mismo propósito el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria, en el acto de instalación dijo que la responsabilidad inmensa era “construir una democracia diferente: una democracia participativa (…);” y en el discurso de clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, el mandatario no vaciló en proclamar: “se ha creado una democracia participativa (…), una democracia de participación popular, una nueva concepción de la democracia”.

Hoy, dos décadas después se repite la pregunta sobre el contenido y desarrollos de la nueva democracia que se propuso la Constituyente. ¿Qué tan lejos se llegó en ese cambio fundamental? ¿Cuáles han sido los aportes institucionales y políticos para la democracia participativa? ¿Qué retos están pendientes si se quiere hacer realidad este programa de transformaciones?

La Corte Suprema de Justicia, en su trascendental fallo sobre el decreto legislativo 1926 de 1990, dejó sentada su interpretación sobre el alcance del mandato sobre la democracia participativa. Por ese entonces advirtió que en contra de la idea de una alternativa a la democracia representativa, el objetivo era fortalecerla, al sentenciar: Por lo tanto, debe entenderse que la democracia a la cual aludió el Constituyente Primario (con el voto del 27 de mayo de 1990), es la indirecta y que el término participativa ayude a que ésta efectivamente represente a la nación, por ejemplo, perfeccionado el sistema de votación, el funcionamiento del Congreso y la asequibilidad a éste por parte de los ciudadanos”.

Después de esa sentencia la Constituyente actuó soberanamente y aprobó 32 artículos en los cuales se fortalece la participación ciudadana, sin que con ello haya sustituido la democracia representativa por un régimen distinto. La Constitución de 1991 introdujo instrumentos para darle más poder al ciudadano y a las organizaciones civiles, pero le dejó a la ley y a nuevas generaciones la tarea de darle contenidos a la democracia participativa como un nuevo modelo de democracia.

Entre los instrumentos más importantes de la participación ciudadana se incluyen la tutela, la acción popular, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Además, se ampliaron los derechos para la formación de partidos y el ejercicio de la oposición y se instituyeron formas de participación en entidades encargadas de servicios sociales y públicos o en el proceso de elaboración de presupuestos y planes de desarrollo territorial. Caben también en este capítulo los derechos de los grupos étnicos en cuanto a identidad, autonomía, territorialidad, consulta y no discriminación.

La ley 134 de 1994 reglamentó algunos mecanismos de participación y optó por subordinarlos completamente al Congreso y a los cuerpos colegiados de elección popular. La experiencia de 20 años ha mostrado que las restricciones fueron excesivas para la iniciativa ciudadana y por ellos son excepcionales los ejemplos de iniciativa popular legislativa que hayan tenido trámite exitoso. Tampoco hay ejemplos de revocatoria del mandato o en materia de Referendo.

El derecho a la participación frente a los planes de inversión y desarrollo ha tenido una reglamentación que lo limita a la consulta y en particular se ha desvirtuado el sentido de la consulta para el consentimiento previo, libre e informado que establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia.

En estas condiciones, la creación de la democracia participativa es una tarea pendiente entre las que dejó la Asamblea Constituyente de 1991, como también está pendiente el perfeccionamiento de las instituciones de representación para depurarlas de la cooptación que han sufrido por grupos de interés, mafias y formas patrimoniales de secuestro de lo público.

En estas reflexiones no sobra decir que la Constituyente del 91, aunque se quedó corta en trasladar poder al ciudadano y a las organizaciones de la sociedad civil, señaló este camino como uno de los componentes esenciales a la plena edificación del Estado Social de Derecho y del avance hacia una nueva democracia de solidaridad.

Con razón se ha dicho también que la democracia participativa es la nueva forma de democracia, cuyos instrumentos y objetivos están en construcción tanto en lo conceptual como en experiencias concretas o en instituciones que le den forma articulada a la representación.

Cabe subrayar que la reorganización territorial fue pensada como parte de esa arquitectura futura, pero que también poco se ha avanzado en prefigurarla. De la misma forma se ha llamado a explorar formas más radicales de control ciudadano al ejercicio del poder, de rendición de cuentas, revocatoria expedita o moción de censura. Y a esto se agrega el llamado a darle poder al sistema de consejos para que superen su carácter consultivo, fortalecer los derechos de grupos sociales con criterios diferenciales, de género y de reconocimiento a la diversidad.

En todo caso el reto del mandato de 1991 sigue vigente y pendiente: fortalecer la democracia participativa, crear la democracia de solidaridad y vencer el autoritarismo de todo orden.


*Camilo González Posso es Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz
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