SE LLEGO LA HORA

LA SEMANA PASADA FUE de definiciones. Debido al reite rado fracaso de los diálogos con las Farc y el ELN no sólo durante este Gobierno sino en el transcurso de los últimos 10 años, y a la convicción de que la guerrilla perdió sus motivacio nes políticas para convertirse en una nueva forma de crimen organizado, en la opinion pública había venido ganando terreno la idea de que era inevitable poner en la solución militar todo el énfasis de la política antisubversiva. En los últimos meses fue creciendo en el país la convicción de que, como lo afirmó en el Congreso el ministro de Defensa Rafael Pardo, "la guerrilla paso de ser la vanguardia de la revolució armada, a ser la reta guardia de los cultivadores de coca".
Pero como los alzados en armas empezaron a persistir en su accionar durante la llamada ofensiva de octubre y en el pasado esas escaladas siempre condujeron al Gobierno a la mesa de conversaciones, éste había decidido asumir una actitud prudente, por si con el paso de los días empezaban a surgir voces en la opinión pidiendo de nuevo el diálogo. Sin embargo, en esta ocasión nadie lo hizo.
Por primera vez en el Congreso, las voces que tradicionalmente se pronunciaban a favor de reanudar las negociaciones permanecieron en silencio. El único que rompió la unanimidad fue el senador costeño José Guerra, quien formuló sin encontrar eco una pro puesta tan exótica como irrealizable: que el Presidente hablara directamente con los alzados en armas.
Esa excesiva prudencia por parte del Gobierno había generado una mezcla de expectativa y molestia en la opinión, pues los colombianos no veían en el Gobierno la vehemencia que corres pondía a la ocasión. Los primeros en salirle al paso a estas críticas y dejar en claro que la nueva postura del Ejecutivo era la de la dureza, fueron Humberto de la Calle, ministro de Gobierno, y su colega de Defensa. Sin embargo hacía falta que el presidente César Gaviria, cuyas últimas declaraciones al respecto habían dejado entrever el deseo de conformar una comisión asesora para la paz, se pronunciara.
Ya en el Congreso se sentía la necesidad de un pronunciamiento del primer mandatario. En la Cámara de Representantes, como lo evidenció la sesión del miércoles pasado, lós ánimos estaban aún más caldeados que en el Senado a causa del asesinato del repre sentanle antioqueño Alberto Foronda Pimiento. Sin embargo, Gaviria prefirió esperar y reservar sus declaraciones para el día en que coincidían el aniversario de la Policía Nacional y el Congreso Nacional Ganadero, la reunión anual de uno de los gre mios más afectados por la subversión.
A pesar de la firmeza del discurso presidencial, en el cual se afirmaba que "las conversaciones de paz tan sólo sirvieron para que los colombianos se convencieran de la poca sinceridad de la coordinadora guerrillera ", y la necesidad de que "se tome frente a la guerrilla la actitud que Colombia entera ha asumido ante el narcotráfico, de lucha frontal para cerrarle todos los espacios", el retardo le costó al Presidente algunos reproches de los medios, que se resumen en el titular de El Tiempo del viernes según el cual "El país pide más decisión". Algunos parla mentarios de oposición también lo atacaron. El más agudo fue el conservador Fabio Valencia, quien sugirió que Gaviria se fuera de vacaciones dos años y que gobernara el Designado.

PLATA Y LEYES
Sin embargo, durante todo el episodio el Gobierno no sólo ha conseguido jalones de orejas. Obtuvo algo que puede resultar más importante, que es el apoyo legislativo para sacar adelante una de las iniciativas de desarrollo de la Constitución que el país estaba en mora de hacer: la ley de los estados de excepción.
El proyecto, redactado y presentado por el Gobierno durante la pasada legislatura, había sido engavetado en la comisión primera del Senado, pues algunos congresistas lo consideraban demasiado duro para el momento. Pero esa misma dureza fue la que hizo que el proyecto resucitara ahora, justamente cuando está surgiendo un consenso no sólo con esa ley, sino también con la antisecuestro, en el sentido de fortalecer los instrumentos represivos del Estado. Pero el Gobierno no sólo está consiguiendo leyes, sino plata, pues la mayoría de los parlamentarios está dispuesto a que no se escatimen recursos económicos para esta lucha. Lo anterior parece indicar que se pueden estar comenzando a consolidar dos de los pilares de lo que debe ser la guerra contra la guerrilla: una legislación más severa y fondos más generosos.
En la parte legal, la ley de estados de excepción permitirá definir qué derechos constitucionales pueden ser suspendidos en caso de conmoción interior o guerra externa, y es previsible que, dado el momento político por el cual atraviesa el país, la ley termine siendo muy amplia en cuanto a las facultades con que puede contar el Ejecutivo en estas situaciones.
En cuanto a lo económico, a pesar de los esfuerzos que se han hecho tributaria y presupuestalmente para apoyar la acción de las Fuerzas Armadas, es evidente que las necesidades siguen superando a los recursos. Hacia allá apuntaban las palabras del Presidente ante el gremio ganadero "Colombia es una nación cuya inversión en seguridad y defensa ha estado por debajo del continente". En efecto, en el caso de Colombia, hasta hace muy poco la proporción del Producto Interno Bruto destinada a la defensa era de 1.5 por ciento, mientras en el Perú superaba el cinco por ciento. El Presidente anunció también un aumento del pie de fuerza del Ejército en l0.000 hombres y de la Policía en 8.000 efectivos, incrementos en el número de helicópteros, más soldados profesionales y mas inversión en inteligencia.
Sin embargo, todo esto puede resultar insuficiente. Esta estrategia, aparte de recursos económicos e instrumentos legales, requiere que la política de fortalecimiento de la justicia -expresada particularmente en la labor de la Fiscalía- funcione de manera efectiva, pues sólo así los centenares de guerrilleros que son detenidos durante los operativos serán efectivamente juzgados condenados. Uno de los aspectos que más desánimo suele causar en las filas militares es precisamcnte la reiterada puesta en libertad de los guerrilleros capturados con el manido recurso de la falta de pruebas. Por esa razón se ha pensado en incluir dentro de la labor legislativa que el Congreso adelantará en estos días, normas que permitan, entre otras cosas, darle al Ejército funciones de Policía Judicial, con el fin de que de las operaciones militares no sólo produzcan bajas en el enemigo, sino la base jurídica para realizar condenas efectivas a los subversi vos capturados.

QUE SE VEA
Pero existe un cuarto aspecto fundamental, si lo que se busca es infligir suficientes derrotas militares a la subversión para hacer posible una salida política: que el Gobicrno logre convocar a la opinión pública. Y como las perspectivas son las de una con frontación que va para rato, no será fácil mantener a la opinión solidaria con una salida que, en todo caso, significa más muertos y más violencia, al menos a corto y mediano plazo. En este caso, sólo hay una fórmula que puede resultar efectiva, y es que se co miencen a ver resultados en el campo militar.
Después de lo sucedido en el Perú de Alberto Fujimori con la captura de Abimael Guzmán, muchos colombianos se preguntan cuándo se va a lograr aquí algo similar. Cuando la opinión piensa en éxitos militares, no tiene en mente nada distinto de la captura o la muerte de Tirofijo, el cura Pérez, o por lo menos de algunos de sus más destacados lugartenientes. Claro está que nadie se hace la ilusión de que eso por sí solo acabe con la guerrilla, pero igualmente existe consenso acerca de que los efectos de un golpe de estos en el ánimo de la opinión e incluso en el de los uniformados, sería definitivo para empezar a ganar la guerra.