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| 1/21/2012 12:00:00 AM

¿Se les fue la mano?

La pena de diez años contra el exviceministro Salazar, más que un anticipo de lo que le espera a Arias, abre interrogantes sobre el proceso por el escándalo de AIS.

La condena de diez años y tres meses para el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar por el caso de Agro Ingreso Seguro sorprendió. Hace muchos años que en Colombia no se tenía noticia de un funcionario que recibiera una pena tan alta, y menos considerando que el acusado aceptó los cargos y había hecho un acuerdo con la Fiscalía.

Como en este caso han primado los amores y los odios, a medio país le pareció que la condena era exagerada si se compara, por ejemplo, con la de los Nule a siete años y medio –a pesar de que el monto fue mucho más alto y las evidencias más contundentes–; o las de los matarifes de los paramilitares, que reciben máximo ocho años; o la de los Rodríguez Orejuela, que iban a pagar en Colombia solo cinco años.

El otro medio país aplaudió pues le pareció un castigo ejemplar contra la corrupción. “¿Si a Salazar le dan diez años, cuánto más le podrán dar a las personas contra quienes va a testificar?”, se preguntaba Simón Gaviria en el programa Hora 20, sin mencionar el nombre del exministro Andrés Felipe Arias.

Pero, más allá de las emociones, el fallo también dejó abiertos interrogantes sobre el proceder del juez Giovanni Sánchez. Primero, la Fiscalía había pedido 64 meses y el juez decidió imponerle casi el doble. El peculado culposo – que Salazar aceptó en su acuerdo con la Fiscalía– da entre uno y tres años. Sin embargo, como el juez encontró agravantes, lo midió con las penas del peculado por apropiación, que da entre seis y 15 años de cárcel.

Segundo, al parecer no tuvo en cuenta ese acuerdo, y por eso, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que abrirá investigación contra el juez. Este dijo en La FM que él sí tuvo en cuenta el acuerdo, pero que allí no se había fijado la pena.

Pero lo más polémico es la manera como el juez tomó su decisión. Encontró responsable a Salazar, en primer lugar, de celebración de contratos sin los requisitos por la firma en 2008 y 2009 de dos convenios con el IICA, el encargado de aplicar el programa AIS, por 3.500 millones de pesos.

Sobre eso no hay duda, pues la Fiscalía y la Procuraduría han probado que esos contratos “se suscribieron sin cumplir con los estudios de necesidad y conveniencia y sin la publicación oportuna del pliego de condiciones, justificando una supuesta contratación directa” y Salazar lo aceptó. El argumento de que otros ministros también habían firmado 45 convenios en las mismas condiciones, no convenció.

Pero lo grueso es que el juez dice que por esos contratos mal hechos con el IICA los funcionarios dieron pie para que terratenientes terminaran aprovechándose. Es decir, el juez no encontró una nueva prueba para demostrar que el funcionario había metido la mano a la hora de repartir los cuestionados subsidios.

Como esos contratos se hicieron sin los requisitos, dijo el juez: “le generaron al Ministerio (...) un detrimento de 14.128 millones de pesos”. Esa suma corresponde a los nueve casos de terratenientes a los que se les descubrió que fragmentaron sus fincas para acceder a mayores subsidios. Ellos ya han devuelto 12.551 millones de pesos.

El juez le imputó a Salazar otros dos peculados: uno porque algunos particulares terminaron recibiendo varios subsidios y el otro porque en una misma convocatoria un particular recibió más de un subsidio. En ese punto el juez mencionó el caso del Ingenio Mayagüez, beneficiado por más de 1.593 millones de pesos, uno en 2008 y cinco en 2009.

En otras palabras, en vista de que los funcionarios hicieron mal el convenio con el IICA, son responsables de las fallas de este. Y ni siquiera le encontraron a Salazar un enriquecimiento. Es como decir que si se contrató al chamán para que no lloviera en la posesión y llovió, quien lo contrató debe responder porque no se logró el objetivo. Solo que en un caso se trata de un chamán y en el otro de un organismo internacional.

A Salazar le dieron el principio de oportunidad por un último delito, el de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el IICA había pagado su contrato con el Ministerio –como suele ocurrir con esas entidades– y por ende se debía haber declarado impedido.

El caso de Salazar cobra interés porque algunos creen que es el anticipo de lo que le espera a Arias en la Corte Suprema. SEMANA supo que, según el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, Salazar solo admite que si incurrieron en irregularidad fue por error y lo más fuerte que dirá el exviceministro es que nada se hizo a espaldas de Uribito. Sin embargo, los casos son distintos y los criterios de la Corte no siempre coinciden con los de los jueces.
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