Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/07/25 00:00

Se murió el referendo

La reelección de Uribe en 2010 no va a pasar en el Congreso. El país comienza a salir del limbo político en el que se encontraba por la posibilidad de un tercer período.

Se murió el referendo

Al final de la semana pa-sada, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, afirmó ante un grupo de periodistas que "el referendo aún esta vivo". En el mundo político prácticamente es tal vez el único que cree en eso. Lo acompañan, si acaso, Rodrigo Rivera y Luis Guillermo Giraldo. Porque en lo que se refiere al Congreso de la República, que es donde se definirá el futuro de esa iniciativa, nadie da un peso por ella.

El tiro de gracia de esa iniciativa fue la derrota que sufrió el gobierno en la elección de las mesas directivas del Congreso. Aislado, ese episodio no era necesariamente mortal. Pero si se tiene en cuenta la dinámica decadente que había tenido el proceso del referendo en los últimos meses, la imposibilidad de la coalición uribista para cumplir los pactos fue el puntillazo final.

La prueba de que el referendo no va es que no hay un solo uribista en el Congreso que en privado crea que ese muerto pueda ser resucitado. Hasta hace poco eso era lo que decían los antiuribistas. A partir de la semana pasada lo dicen hasta los más fieles escuderos del Presidente, como Nicolás Uribe y Armando Benedetti. Este último cayó en desgracia con la Casa de Nariño por haber reconocido en público lo que todo el mundo comentaba en privado.

Aunque políticamente está muerto, técnicamente está agonizante. Según la Ley de Garantías, el 30 de noviembre es la fecha límite en la cual el Presidente tendría que anunciar si tiene o no la intención de ser candidato para un tercer período. Pero en estos cuatro meses se tendrían que superar en plazos estrechísimos dos etapas requeridas legalmente. Primero, la revisión por parte de la Corte Constitucional, que en la reelección pasada se demoró más de tres meses. Y segundo, la convocatoria a elecciones por parte de la Registraduría que, según la entidad, tomaría un tiempo similar. En otras palabras, dos procesos que normalmente podrían durar entre seis y ocho meses, tendrían que ser condensados a la mitad. Si la maquinaria uribista fuera la aplanadora que fue en el pasado, esos dos procesos se podrían 'ferrocarrilear' a la brava en ese plazo, independientemente de la controversia que eso suscitara. Pero si algo quedó claro el 20 de julio es que el uribismo en el Congreso puede ser todavía un movimiento mayoritario, pero ya no es una aplanadora.

Las razones de esta nueva situación son varias. Por una parte, el antecedente de la Yidis-política hace que no haya ni un solo funcionario que se atreva a insinuar el ofrecimiento de alguna prebenda a un parlamentario a cambio de su apoyo a la reelección. Al fin y al cabo, los que hicieron esto en la elección pasada acabaron sub judice. Además de esto, los 86 congresistas que votaron el referendo a favor antes de que el Consejo Nacional Electoral les diera el visto bueno a las cuentas de la recolección de firmas, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia.

Esto se ha traducido en que están igual de aterrados los que tienen que pedir el apoyo a la reelección, como los que tienen que darlo. Ningún funcionario quiere que le suceda lo que le pasó a Sabas Pretelt, quien perdió sus posibilidades presidenciales por jugársela por el Presidente. Y en época de campaña, ningún congresista quiere arriesgarse a que lo judicialicen por haber recibido algún puesto a cambio de su voto. El solo hecho de tener que defenderse de esa acusación le puede costar a cualquier modesto representante de provincia, 200 ó 300 millones de pesos en abogados. Se han elevado consultas para determinar si los parlamentarios pueden contratar pólizas colectivas que recaigan sobre los partidos más que sobre ellos individualmente, pero la respuesta ha sido negativa por tratarse de eventuales delitos penales.

Aun asumiendo que la interpretación anterior tenga algo de exageración, los representantes a la Cámara la están invocando para hacerle el quite al último trámite que se requiere en el Congreso para aprobar el referendo: la conciliación. Como se recordará, esta surge del enredo de que el texto que fue aprobado por los cuatro millones de firmantes contenía un error de redacción que hacía posible la reelección solamente en 2014, cuando la intención de los promotores y del Presidente es que esta tuviera lugar en 2010.

En el Senado ya se hizo una modificación en el texto para que fuera posible adelantar esa fecha. En la Cámara, sin embargo, el proyecto fue aprobado con el texto original. Por eso, para que la reelección inmediata sea posible, se requiere que los dos órganos se pongan de acuerdo en un texto que permita que el Presidente pueda ser candidato por tercera vez consecutiva. La mayoría de los 25 conciliadores nombrados por la Cámara se ha negado a aceptar esta responsabilidad con el argumento del temor a las consecuencias jurídicas. No obstante, hay una razón adicional de más peso y que nunca invocan en público: que ya no creen en el referendo. Y que si la coyuntura para doblar esa página es bloquear la conciliación, ha llegado el momento.

Tanto el Congreso como el gobierno reconocen que es inconveniente prolongar hasta el fin de año el limbo político en que se encuentra el país. El sanedrín presidencial, con José Obdulio Gaviria a la cabeza, ha manifestado en privado que si a mediados de agosto no se ha logrado solucionar el problema de la conciliación, la opción del referendo tendría que ser descartada.

Los candidatos presidenciales del uribismo, a quienes les ha tocado hacer la comedia de que sólo se lanzarían en la eventualidad de que el jefe se abstenga, también quieren descongelar esa situación. Todos tienen ya director de campaña, comité financiero, página web y toda la parafernalia para arrancar ya. Y en el Congreso, tanto los senadores como los representantes comparten este sentimiento.

Esa impaciencia puede ser una de las razones por las cuales el uribismo parlamentario se dejó derrotar en la designación de las mesas directivas y posteriormente se rebeló contra el gobierno. Que el director del partido de La U, Luis Carlos Restrepo, esté exigiendo una crisis ministerial y que Armando Benedetti pida la cabeza de Fabio Valencia es el equivalente a que lo estuvieran pidiendo Lina y Tomás: un golpe de Estado en familia. En el uribismo no hay jefe diferente de Uribe y ahora cuando la nave está haciendo agua, todos se echan la culpa mutuamente.

Que el referendo haya recibido los santos óleos no significa automáticamente que el uribismo haya desaparecido o que el Presidente haya desistido de volver al poder. Queda todavía juego por delante. Algunos 'furibistas' recalcitrantes mencionan la posibilidad de un acto legislativo o inclusive una constituyente después del hundimiento del referendo. Nada de eso volará en el Congreso. Como afirmó el ex presidente César Gaviria, "si los parlamentarios uribistas no fueron capaces de elegir sus mesas directivas, qué van a poder tramitar en tan poco tiempo una reforma constitucional". Y a estos se suman inconvenientes de imagen en el nivel internacional. Buscar planes B, cuando ha sido derrotado el plan A, evoca malabarismos impresentables como los que desembocaron el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras. Además está el telón de fondo de la cordial indirecta que le mandó el presidente Obama a Uribe al señalar que en Estados Unidos, después de ocho años, la gente quería un cambio.

Independientemente de estas consideraciones internacionales, cualquier iniciativa reeleccionista diferente del referendo, que al fin y al cabo tenía como sustento el constituyente primario a través de cuatro millones de firmas, tendría que pasar obligatoriamente por el Congreso. Y si este no le jaló a lo que podía ser presentado como la voluntad popular, mucho menos lo va a hacer por cuenta de algunos uribistas serviles que quieren hacer méritos con el jefe presentando iniciativas individuales. Por lo tanto, acto legislativo para 2010 o constituyente, no habrá.

Lo que sí podría haber es una fórmula que le permita a Álvaro Uribe regresar al poder en 2014. Esta sería una transacción a través de la cual se le daría contentillo al Presidente y todo el mundo se lavaría las manos. Lo único que habría que hacer sería aprobar el referendo en el Congreso con el texto original. Es decir, el que permite un tercer período, pero no consecutivo. Para que esto suceda, los conciliadores del Senado tendrían que acogerse al texto aprobado por la Cámara, que en el fondo era simplemente el original.

Como toda la oposición que existía en contra del referendo estaba en realidad enfocada a evitar un tercer período inmediato, ningún sector tendría grandes reservas a llegar a un arreglo de este tipo. Esto salvaría la imagen de los uribistas, que podrían argumentar que el referendo finalmente fue aprobado. Y de la oposición, que sentiría que se evitó que Colombia se convirtiera en una república bananera del nivel de Venezuela y Ecuador en la actualidad. Para el colombiano raso, el retiro de Uribe con la posibilidad de su regreso cuatro años más tarde.

Pero la fórmula de dejar la puerta abierta para 2014 es más conveniente como transacción política que como reforma institucional. En el fondo, representaría una reforma constitucional con nombre propio, que es a lo cual se han opuesto desde el inicio los contradictores de la reelección. Por otra parte, la democracia colombiana sería más fluida si los ex presidentes después de ocho años en el gobierno no pudieran regresar, como sucede en Estados Unidos. Un ex presidente con posibilidad de retorno es una sombra muy pesada para el interino. No es sino pensar el calvario que le tocará al que reemplace a Uribe sabiendo que entre sus seguidores hay una expectativa de restauración monárquica. Y como es inevitable que el nuevo Presidente también aspire a un segundo período, la restauración no será a las buenas. Pero ese es un debate posterior que se tendrá que dar una vez que se protocolice el hundimiento del referendo para 2010.

Por ahora, lo único que ha quedado claro es que el balance político del intento de la segunda reelección de Uribe de reelegirse ha sido negativo. En la opinión pública el Presidente sigue siendo enormemente popular y todavía cuenta con los votos para ser reelegido si existiera esa posibilidad. Lo que sucede es que la popularidad no tiene por qué desembocar automáticamente en reformas constitucionales. El presidente del Brasil Luiz Inacio Lula da Silva tiene 80 por ciento de favorabilidad, casi 20 puntos más que Uribe, y no considera que debe prolongarse en el poder por cuenta de eso. Bill Clinton también habría podido ser reelegido si le permitían presentarse para un tercer período. La gran diferencia entre los países desarrollados políticamente y los que no lo son radica en que los primeros les dan prioridad a las reglas del juego, y los segundos, a los goles de los jugadores. Álvaro Uribe se ha hecho daño por haber tenido lo que él ha denominado "una encrucijada del alma" entre esos dos mundos. El final de su gobierno, que habría podido transcurrir en medio de una gran aclamación colectiva, ha tenido lugar en medio de un desgaste por la controversia nacional generada por el intento del tercer período inmediato. Ovación al final seguramente habrá, pues los logros de su gobierno no pueden ser todos desplazados por cuenta de la batalla que libró en los últimos dos años por mantenerse en el poder. Pero fue una batalla innecesaria, que tuvo un alto costo para el país, en la que le tocó bajarse del pedestal y le dejó el pelo blanco.

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