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| 11/20/2009 12:00:00 AM

"Se necesita un ministerio de salud autónomo"

El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas habló con Semana.com sobre la crisis del sistema de salud y la declaratoria de emergencia social decretada por el gobierno para tratar de solventarla.

El jueves, el presidente Álvaro Uribe declaró la emergencia social para salvar el sector de la salud, luego de escuchar en boca de los gobernadores el preocupante panorama de los departamentos frente a las deudas generadas por la prestación del servicio.
 
Actualmente el Estado le debe a las EPS cerca de 500 mill millones de pesos por servicios de salud, según el gremio de estas empresas prestadoras de salud. El gobierno no ha trasnferido los recursos, por un vacío legal: el gobierno no ha reglamentado que tratamientos y servicios hacen parte y cuales no del Plan Obligatorio de Salud.
 
“Para salvar el propósito de la universalización del seguro de salud para nuestros compatriotas, se ha tomado la decisión de declarar una emergencia social e incorporar los recursos que se requieren para el salvamento financiero a través de las entidades territoriales”, dijo el Jefe de Estado.
 
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, conversó con Semana.com sobre la decisión del gobierno.
 
¿Cómo recibe el anuncio de declaratoria de emergencia social por la crisis financiera en la salud?
 
Es una buena noticia porque cualquier mecanismo que se busque en este momento para resolver estas cíclicas crisis del sector salud, es bienvenido. Lo ideal es que se pueda utilizar al máximo ese mecanismo adoptado por el gobierno nacional.
 
¿Cuál fue la razón que llevó al gobierno a tomar esta decisión?
 
Este es un tema relacionado fundamentalmente con las finanzas de las entidades territoriales. Entendemos que la decisión del presidente Álvaro Uribe pretende inicialmente resolver una crisis en la financiación pública de la salud en los departamentos y municipios. Este es un problema que desde hace mucho tiempo veníamos señalando y que resaltaron los gobernadores en su reunión en Manizales.
 
Desde hace tres años, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha denunciado que el principal deudor de la red hospitalaria del país, tanto pública como privada, es el Estado. Es un problema que hacía crecer desproporcionadamente la cartera porque, entre otras, el Sistema General de Participaciones, que es de donde se nutre el sector público, estaba desequilibrado, lo que hace inviable para las regiones asumir los costos de la salud.
 
Otra de las situaciones que hace crecer esa cartera es el incremento de los "extra POS" (servicios que, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, deben prestarse a los usuarios así no esté incluido en el Plan Obligatorio de Salud), muchos de ellos ordenados por el mecanismo de la tutela o por comités técnicos científicos.
 
¿Entonces debe revisarse los límites y alcances del POS?
 
Esa es una tarea que ya ordenó la Corte Constitucional para igualar el servicio y lograr la cobertura universal. Es claro que existen diferencias entre el régimen subsidiado y el contributivo y que esa diferencia la están pagando las regiones. Por eso, además de esta revisión, consideramos que debe reestructurarse el sistema general de participaciones.

En este momento propicio de emergencia social se deben definir las fronteras de la prestación del servicio de salud bajo la lógica de que todos los colombianos deben tener un POS con iguales alcances.
 
¿De dónde cree que sacarán los recursos para inyectarle al sector de la salud?
 
La emergencia social es una medida que adopta el gobierno para, bajo un marco normativo, generar nuevas fuentes de recursos. Tengo entendido que una de las propuestas es elevar los impuestos a los licores y cigarrillos, lo que nos parecería acertado porque por una parte conseguiríamos recursos y, por otra, sería un desincentivo al consumo de esas sustancias.

Pero antes de buscar nuevos recursos, creemos que debe analizarse cuidadosamente cómo se están manejando los dineros actualmente. Las superintendencias de Salud y de Industria y Comercio tienen dudas del uso que algunas entidades le están dando a los recursos.
 
¿Cómo asegurar que esos recursos que se le inyecten al sector tras la declaratoria de emergencia, lleguen a toda la cadena de salud?
 
Ese es un tema que nos preocupa, por eso le hemos pedido al gobierno un pacto social que garantice que los recursos lleguen por igual a las EPS, IPS y a los empleados. Ese pacto contemplaría, desde luego, beneficios y participación equitativa que son necesarios para superar la crisis y asegurar la permanencia de los empleos.
 
Hay antecedentes de inyecciones de recursos en años pasados, donde las EPS sólo han transferido un porcentaje a las IPS, generando un desequilibrio. La vía para superar la crisis debería ser la igualdad.
 
¿El gobierno se tardó en tomar esta medida?
 
Creo que se han ido madurando todas estas dificultades y prácticamente la mayoría de actores le han dicho al gobierno que tome medidas porque si no lo hace en este momento, este problema llegaría en un corto plazo a tener dificultades en la prestación del servicio a la población. Ya hay departamentos que dicen que no pueden asumir los costos de la salud.
 
En medio de esta situación tan dramática, al ministro de Protección Social se lo ve más preocupado por la agenda política del gobierno y fiscalizando a los congresistas en su votaciones en el debate de Agro Ingreso Seguro. ¿Cree usted que el ministro Diego Palacio,se ha ocupado adecuadamente de la crisis del sector de la salud?  

El ministerio se ocupa de muchos asuntos al tiempo, creo que necesitamos un ministerio de la Salud autónomo, propuesta que le hemos hecho al gobierno en repetidas ocasiones. Un sistema tan complejo requiere de una gerencia autónoma.


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