¡Se necesita una reforma!

En las ultimas semanas el país se ha enterado de la existencia de graves irregularidades en la Policía Nacional. Hay preocupantes señales de desgreño administrativo, corrupción y criminalidad internos: se desvían los recursos internacionales destinados a la lucha contra el narcotráfico; oficiales de alto rango dirigen negocios privados desde posiciones de influencia y reaparecen bandas criminales con la participación de policías en servicio activo y retirados. Al mismo tiempo los alcaldes se ven forzados a abandonar sus cargos por falta de protección ante las amenazas de la insurgencia.

Es cierto que hay múltiples acciones exitosas de la Policía contra el delito y un gran sacrificio de sus hombres; pero para potenciar las fortalezas institucionales es necesario resolver la crisis interna. Para conjurar esta situación en la opinión pública se han debatido tres opciones: el desarrollo de una política integrada de defensa, la dirección civil de la Policía y el traslado de la institución al Ministerio del Interior y Justicia.

La primera exige la creación de un frente unificado de resistencia contra los actores violentos mediante el desarrollo de operaciones conjuntas y combinadas, el intercambio de inteligencia y eficiencia logística. Sin embargo a esta estrategia se opone el enfrentamiento entre el Ejército y la Policía por la distribución del presupuesto y la autonomía operacional de las fuerzas. Este conflicto de poder resultó de la posición fortalecida de la Policía a partir de los recursos externos obtenidos para la lucha antinarcóticos.

El resultado ha sido costoso para el país puesto que conlleva la descoordinación de las actividades de la Fuerza Pública y, por ende, debilidad estratégica. Además conduce a la inútil pérdida de vida humanas en la Policía: en los últimos 10 años han muerto más de 2.000 hombres en actos del servicio asociados a las acciones subversivas, mientras que en 20 años de conflicto en Irlanda perecieron unos 280 agentes. El gobierno debe resolver esta disputa controlando los recursos y propiciando esquemas novedosos de asignación para la defensa nacional.

Se rumora sobre una eventual dirección civil de la Policía o el reintegro al servicio de oficiales retirados como alternativa para llenar el vacío de liderazgo en la institución. Lo que sí sorprende es que la cúpula policial anuncie de manera solidaria su oposición ante tal posibilidad, pues ni el gobierno actual ni el próximo se han pronunciado sobre el particular. La defensa corporativa que intenta el generalato de la Policía debería cambiarse por la aplicación rigurosa de los reglamentos internos y una actitud transparente de rendición de cuentas. En promedio, hasta 1999 fueron separados cerca de 1.500 policías por año, mientras que a partir de esa fecha fueron sancionados unos 450 hombres por año. No obstante el drástico recorte disciplinario, no parece que la separación del 2 por ciento del pie de fuerza cada año se le pueda atribuir a una institución saludable.

Finalmente, la propuesta de adscribir la Policía al Ministerio del Interior y Justicia no parece ser consistente con la lucha contra el terrorismo, la cual demanda centralización de la información y dirección al más alto nivel, tal como ocurre en Estados Unidos. Tampoco responde al momento de reforma política que se avecina ni a la capacidad organizativa del Ministerio del Interior. Estos nuevos debates y los últimos incidentes, que en nada favorecen a la Policía, son una voz de alerta para que el gobierno emprenda una reforma institucional de largo aliento.