Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/04/27 15:00

Se perdió una batalla pero no la guerra

La caída del matrimonio gay en el Congreso no es el fin de esta historia. El matrimonio igualitario es un fenómeno inatajable.

Se perdió una batalla pero no la guerra Foto: Pantherstock

En 1936 el presidente Alfonso López Pumarejo presentó un proyecto de ley para implantar el matrimonio civil y el divorcio en Colombia. La iniciativa fue considerada motivo de escándalo nacional y a pesar del prestigio del gobierno, la votación en el Congreso fue apabullante: 33 votos en contra y tres a favor. Se volvió entonces tradición entre quienes les había fracasado su primera unión conyugal, viajar a países como Panamá que sí permitían contraer nupcias por fuera de la Iglesia Católica.

A estos damnificados del amor, los jerarcas católicos los acusaban de ser “pecadores públicos” y les pedían a “las familias cristianas abstenerse de tratar a los culpables de tan graves escándalos”. Casi 40 años después Colombia fue uno de los últimos países en el mundo en establecer el divorcio y hoy suena inverosímil que un derecho tan lógico y en cierta forma tan inevitable haya sido objeto de una controversia nacional de grandes proporciones.

Algo parecido está ocurriendo con el matrimonio de las parejas del mismo sexo. El Senado tumbó la semana pasada un proyecto de ley que lo permitía por 57 contra 11. Pero al igual que con el divorcio, casi todo el mundo intuye que se trató de una batalla, pero no de la guerra. 

El matrimonio gay es una tendencia inatajable. En lo corrido de este año ya lo han aprobado tres países (Francia, Uruguay y Nueva Zelanda) -para completar 14 en poco más de una década–, tres estados de Estados Unidos y cuatro unidades federales de Brasil. En esa lista están Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. 

Los países que dieron el salto no van a reversarlo. Lo que va a ocurrir, por el contrario, es que se van a sumar otros. Colombia va en esa corriente. 

Es parte de un grupo de 17 naciones que les han concedido a la comunidad Lgbti prácticamente todos los derechos, menos el de casarse. Lo único que falta es la fiesta y la palabra ‘matrimonio’, que es la que crea escozor. Y en este caso, la pregunta no es si se va a aprobar o no sino cuándo.

De hecho mientras los congresistas de Colombia echaban a tierra el llamado matrimonio igualitario, en Francia los diputados lo aprobaban por 331 votos contra 225. Hay quienes dirán que algo va de la Asamblea Nacional francesa, que terminó la jornada con un grito de “¡égalité!”, al Capitolio de Colombia. Sin duda, este debate no cogió al Congreso en su mejor momento, pues al desprestigio que esa rama del poder público tiene en prácticamente todos los países del mundo, se le suma el escepticismo generalizado que reina ahora en el país. 

La coyuntura política tampoco es la mejor. Por una parte, este Congreso es uno de los más conservadores que ha tenido el país en las últimas décadas. Y por otra, desde los años del cardenal Alfonso López Trujillo o de Laureano Gómez no se tenía un personaje con tanto poder y tan recalcitrante como el procurador Alejandro Ordóñez. 

Una de sus escuderas, Ilva Miriam Hoyos, hizo lobby en contra en el Congreso. Su presencia fue muy cuestionada porque contraría la misión de la Procuraduría de defender los derechos de las minorías. ¿Cuántos congresistas dejaron de votar por miedo al procurador?


Los 17 senadores que dijeron sí al matrimonio gay, liderados por Armando Benedetti, son los héroes de esta batalla. La tercera parte del Senado no dio ni siquiera la cara: 27 congresistas se ausentaron para no votar. Algunos que la dieron, como el senador Roberto Gerlein, no le agregaron mucha altura al debate con términos como: “No comparto, ni aplaudo, ni deseo el sexo escatológico”. 

Capítulo aparte mereció el presidente Juan Manuel Santos, quien ha agitado banderas liberales como la reparación de víctimas, la restitución de tierras y la salida dialogada al conflicto, pero ha brillado por su silencio en una materia tan progresista como esta. Su posición contrasta con la del presidente Barack Obama, que se la juega a fondo para que este se apruebe en Estados Unidos, donde existe en nueve estados y el distrito de Columbia. 

Sin duda, los presidentes se mueven al vaivén de las encuestas y del calendario electoral. Hace menos de 20 años, un presidente demócrata y progresista como Bill Clinton hizo aprobar una ley en defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Eso fue en 1996, el año de su reelección. Sin embargo, las encuestas han cambiado, mientras hace diez años más del 70 por ciento estaba en contra del matrimonio igualitario en Estados Unidos, ahora más del 50 por ciento lo apoya. Eso explica en parte la metamorfosis de Obama. Cuando aspiró a la Casa Blanca tomó distancia y dijo que la palabra matrimonio era más del ámbito religioso. Pero en mayo del año pasado, seis meses antes de su reelección, sacó sus ideas del clóset: “He concluido hace poco que creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse”. 

La lección que queda es que hay ciertas reformas en que la pauta no la marcan los políticos, sino el avance de la sociedad. Solo basta ver la epopeya que significó los derechos para los afrodescendientes que pasaron de la esclavitud a la Presidencia de la República en Estados Unidos.

¿Cuál será el momento de Colombia? Los orígenes más remotos de esta guerra por el matrimonio gay se ubican en 1936, cuando la homosexualidad dejó de ser un delito. Pero las batallas más duras se han concentrado en los últimos 12 años con nueve proyectos de ley presentados en el Congreso para que reconocer todo tipo derechos. Sin embargo, solo uno, en 2005, avanzó y naufragó en la etapa de conciliación. La Corte Constitucional ha sido la gran aliada. 

Entre 2007 y 2009 profirió siete fallos y puso al país entre los más avanzados del mundo en la materia. Una sentencia, en 2009, homologó los derechos de las parejas homosexuales a las heterosexuales en 42 artículos de los códigos civil, penal y disciplinario. Y la última, de 2011, dio pie al vibrante debate político del que ha sido testigo el país en los últimos 15 días.

Ese último fallo reconoció que la familia puede estar constituida también por una pareja del mismo sexo. Si bien, la Corte no utilizó la temida palabra matrimonio, sí dijo que tienen derecho a firmar un contrato en el que el Estado las reconoce como pareja y le dio al Congreso dos años para decidir el tema. Ese plazo está a punto de cumplirse. 

El fallo de la Corte dice: “En la eventualidad en que el Congreso no legisle en el término indicado, las personas del mismo sexo podrán acudir posteriormente ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar su unión mediante vínculo contractual”. Otra batalla va a darse a partir del próximo 21 de junio, cuando montones de parejas del mismo sexo se volcarán a las notarías o a los juzgados para ‘casarse’. 

Y llegarán con todo el arsenal jurídico. Como dice Marcela Sánchez, la directora de Colombia Diversa, y activista de los derechos de los Lgbti: “El fallo de la Corte Constitucional permite que hagamos un contrato de matrimonio. No nos pueden obligar a firmar el contrato que ellos quieran”. Y en eso coinciden constitucionalistas como Carlos Gaviria y Rodrigo Uprimny.

No parece tener la misma interpretación el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez. “No se van a celebrar matrimonios, sino que se celebrará un contrato donde el notario va a ser testigo de un acuerdo de voluntades. Serán dos personas que van a firmar una escritura pública, pero no lo que hoy se hace en un matrimonio civil”, explicó.

Ante tal diferencia de criterios lo más probable es que alguien ponga una tutela y el tema vuelva de nuevo a la Corte Constitucional. Como anticipó el senador Benedetti: “Para mí el proyecto de ley siempre fue una especie de entrenamiento, la verdadera pelea por el título mundial va a ser en la Corte Constitucional, estos señores no existen, este Congreso tiene fachada de catedral y por dentro es una pesebrera”.

En la práctica, la importancia que tiene ese contrato es que las parejas gay se evitan una tramitología innecesaria para reclamar una pensión, salud o una herencia. Así mismo, no tendrían que esperar dos años de convivencia, que es lo que exige la unión marital de hecho, para acceder a los derechos como ‘casados’. También implica un cambio de estado civil y de filiación. Hoy, ninguna de las cerca de 300.000 parejas del mismo sexo que se calcula hay en Colombia, pueden considerarse que están casadas.

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