El debate dirigido por el representante del Polo Democrático Iván Cepeda junto a los congresistas Gloria Estela Díaz de Mira y Augusto Posada del Partido de la U. Además de la concertación, pidió la renuncia inmediata del director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, y puso de nuevo sobre la mesa las fallas respecto al hacinamiento.
El pésimo estado de la infraestructura y la práctica de torturas y tratos inhumanos al que son sometidos los reclusos, además de la ausencia de investigaciones disciplinarias dentro de los penales que cuentan con altos índices de corrupción, fueron los temas que dominaron el debate al que asistió la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
"Las cárceles y centros penitenciarios colombianos son un gigantesco sistema comercial. Todo se compra, hasta la libertad", señalo el representante Iván Cepeda en una de sus intervenciones.
Cepeda propuso una mesa de discusión del nuevo código penitenciario, que se presentará aproximadamente en dos meses, para discutirlo con internos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
También, se propuso la creación de una comisión permanente con miembros de las comisiones de paz del Congreso para observar y contribuir a la solución de los problemas del sistema carcelario.
Según el representante la falta de atención en salud y la corrupción judicial son otros de los grandes males que aquejan al sistema carcelario colombiano y que lo han llevado a este nivel crítico de hacinamiento.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reseñado durante las intervenciones mostró que la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron solo en 42.009.
Del mismo modo, según cifras del Inpec, que de los 142 establecimientos de reclusión son tres los que tienen el mayor índice de sobrepoblación son: Riohacha, con capacidad para 100 internos y que a la fecha alberga a 427 reos; Bellavista, en Medellín, construida para 2.424, pero con 7.472 internos; y La Modelo de Bogotá, cuya capacidad es de 2.907 internos, pero alberga a 7.839 personas.
El congresista Cepeda también llamó la atención respecto a que hace más de un año se había realizado un debate de control político al Inpec, pero la situación a tenido que llegar a estos niveles para que el tema no pase inadvertido. "Las cárceles se han convertido en depósito de seres humanos, tratados como desechos", añadió.
Frente a la bomba de tiempo que representa el tema carcelario, para el representante, se necesita decretar la emergencia carcelaria lo más pronto posible, para dar paso a soluciones de fondo como la discusión y entrada en vigencia del nuevo código penitenciario y carcelario.
La toma de medidas humanitarias como la liberación de enfermos crónicos, con enfermedades terminales y discapacitados. Y la sustitución de la detención preventiva y de la pena en casos de delitos de bajo impacto fueron otras de las propuestas remitidas a la ministra.