Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1992/08/17 00:00

¿SE PRIVATIZO LA TV?

Un canal privado de Barranquilla notifica al Ministerio de Comunicaciones que ha comenzado a emitir y argumenta que la Constitución lo autoriza.

¿SE PRIVATIZO LA TV?


ES POSIBLE QUE LA SEMANA PASADA LOS BArranquilleros hayan sido testigos de la primera emisión de un canal privado de televisión en la historia de Colombia El domingo 12, hacia las 4 de la tarde, en los receptores de la capital del Atlántico se pudo sintonizar por el canal 5 de la banda de VHF a misma por la que emiten las tres cadenas de Inravisión un concierto del cantante mexicano Juan Gabriel, presentado como señal de prueba de Telecinco, canal que aspira a obtener el primer permiso gubernamental otorgado a particulares para emitir señal de televisión libre y abierta.
No se trata de la aventura de un grupo de atrevidos empresarios lanzando un canal pirata. Por el contrario, los promotores de Telecinco han querido jugar con las cartas destapadas y por ello mismo, el miércoles 15, notificaron de manera oficial al Mininistro de Comunicaciones William Jaramillo, sobre sus emisiones y sus intenciones de obtener una autorización del Gobierno.
En la comunicación de apenas cuatro páginas, Luis Carlos Rojas Mantilla, representante legal del canal, aparte de notificar al Ministerio que Telecinco ha iniciado señales de prueba, argumenta que tiene derecho a hacerlo en virtud, básicamente, de tres artículos constitucionales. El primero es el 20 que garantiza "a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación". El segundo es el 38, en el que la Constitución garantiza "el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad". Y el tercero, el 85, que define que, entre otros, los derechos consagrados en el artículo 20 son "de aplicación inmediata".
La carta no hace caso omiso de los artículos 75, 76 y 77, que enmarcan la intervención del Estado en el espectro radioeléctrico utilizado para la televisión, en las actividades de un nuevo organismo que aún no ha sido creado por la ley, circunstancia que hasta ahora se había entendido como un impedimento para que se dieran iniciativas como la de Telecinco. Pero advierte que desde "la sanción y promulgación de la Constitucion Nacional, durante un año hemos esperado pacientemente que el H. Congreso de la República" lleve a cabo estos desarrollos legislativos, y que el hecho de que dicha ley no haya sido expedida los obligó a salir al aire.
Según le contó Rojas a SEMANA, la empresa surgió como idea a mediados del año pasado, una vez fue promulgada la nueva Constitución, y en abril de este año se constituyó ante notario en sociedad limitada, con la participación de cuatro socios: el propio Rojas, quien trabajó en el pasado en el TV Cable de Barranquilla; Angel Carrillo, un conocido empresario que manejó la distribución de licores en el Atlántico por muchos años; Jorge Mercado, y el publicista Gustavo Cogollo, muy vinculado al desarrolIo del canal regional Telecaribe.
"Adquirimos un transmisor de 100 vatios en Filadelfia y una antena en Chicago. Todo lo importamos legalmente y ahora, después de invertir unos 80 millones de pesos en esta empresa, hemos iniciado las señales de prueba", explicó Rojas a esta revista. "Luego agregó nuestros ingenieros evaluaron la disponibilidad de frecuencias y concluyeron que el canal estaba libre y permitía emitir una buena señal para toda la ciudad".
El caso es algo más que una curiosidad, y recuerda la forma como se privatizó la radio en Francia en la década pasada, cuando amparadas en un principio constitucional sobre libertad de expresión, decenas de emisoras comenzaron a emitir desde las azoteas de las casas, rompiendo el monopolio de la más estatal de las radios europeas.
Es posible que la audacia de los promotores de Telecinco entusiasme a empresarios de otras ciudades del país.
Un estudio dado a conocer en un recien foro sobre televisión reveló que en él están operando más de 200 emisoras piratas de televisión, que se dedican básicamente a retransmitir vía espectro señales recibidas por antena parabólica.
Las autoridades han demostrado una gran incapacidad para controlar el fenómeno y esto se debe en buena parte a que la oleada parece inatajable, tanto que en ciudades como Ibagué, es el propio municipio el promotor del canal.
Seguramente el Ministerio de Comunicaciones tratará de impedir la operación de Telecinco, incluso con la intervención de la Policía para efectos de decomiso de antena y transmisor. Y cuando esto suceda, es previsible que los dueños de Telecinco acudan a una acción de tutela por supuesta violación de los derechos fundamentales del artículo 20.
De este modo, a falta de definición legal, la decisión sobre la privatización de la televisión en Colombia puede quedar en manos de los jueces y, en última instancia, de la Corte Constitucional, y no del Gobierno y el Congreso que han considerado que no existe ambiente para debatir el asunto.
Pero el problema para el Gobierno no es sólo la posibilidad de que la definición quede en manos del poder judicial como sucedió hace ya varios años en Estados Unidos con el desmonte del monopolio telefónico de la ATT y que se trate no de una definición de orden técnico y político, sino de una interpretación constitucional. Lo más grave es que todo esto puede desencadenar una proliferación de canales que genere un inmenso desorden de señales e interferencias, debido a que el espectro para televisión es escaso y requiere, por ello mismo, de reglas claras para su asignación. Todo ello para no hablar del fantasma de los monopolios que, a falta de una ley que los límites podrían apoderarse de la televisión al estilo de lo sucedido en países como México.
Sea como fuere, con lo sucedido la semana pasada en Barranquilla parece haberse abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la privatización de la televisión en el país. La diferencia es que en esta ocasión, la discusión descendió del plano teórico al práctico y es posible que los hechos se le estén anticipando al derecho.

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