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| 2/3/2014 12:00:00 AM

¿El procurador dejará que auditen a la contralora?

Hoy habrá un encuentro de urgencia entre el procurador y la auditora general, Laura Marulanda, para definir el asunto.

Para muchos el nombre de Laura Marulanda no es muy conocido. Sin embargo, esta abogada antioqueña tiene una experiencia de más de 20 años en diferentes órganos de control en su departamento y, actualmente, es la auditora general de la Nación. Es decir, entre sus funciones está vigilar la gestión fiscal del Ejecutivo, así como revisar las actuaciones de la Contraloría General de la República.

El pasado 16 de julio, Marulanda fue elegida por el Consejo de Estado con una amplia mayoría en reemplazo del anterior auditor, Jaime Ardila. Y desde su cargo también ha tomado decisiones que han levantado ampolla, como las cuatro investigaciones por presuntas irregularidades que le abrió a la contralora general, Sandra Morelli.

De hecho, la contralora no se ha quedado quieta y, bajo el argumento de una enemistad grave, recusó a Marulanda. La razón: la actual auditora se desempeñó también como asesora del despacho del anterior contralor, Julio César Turbay, quien no mantuvo muy buenas relaciones con su sucesora, Morelli.

El recurso pasó a manos del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien en un término legal de 10 días debería haber definido si la auditora era competente –bajo los términos expuestos- o si se debía designar un funcionario ad hoc. Ya han pasado 120 días desde la recusación y esta es la consecuencia más clara: la Contraloría no puede ser auditada mientras no se conozca la decisión del Ministerio Público.

Semana.com pudo establecer que este lunes, hacía las 4 de la tarde, en el despacho del procurador habrá reunión entre Ordóñez y Marulanda, quien urgentemente necesita saber si puede auditar a la contralora general o si, por el contrario, deberá apartarse de este y varios otros procesos que están detenidos a la espera de la decisión de la Procuraduría.

Es de público conocimiento la cercana relación entre el procurador Ordóñez y la contralora Morelli, por lo que, según expertos juristas, Ordóñez debería declararse impedido para resolver de fondo el asunto. De ser así, la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, tendría la última palabra en este espinoso asunto.
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