Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/11/2011 12:00:00 AM

Se salvó 'marco jurídico para la paz', en primer debate

La Comisión Primera de la Cámara acogió la sugerencia del presidente Santos y decidió darle al Gobierno los mecanismos jurídicos que serían la llave para conseguir la paz.

Los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes acogieron el pedido del presidente Juan Manuel Santos y aprobaron en primer debate el llamado Marco jurídico para la paz.

Los partidos políticos decidieron excluir el artículo que abría la posibilidad de que los desmovilizados pudieran participar en política después de un proceso de reconciliación.

El proyecto recibió el apoyo de 27 congresistas y sólo un voto en contra, el del representante Germán Navas Talero (Polo), quien se mantuvo en que el proyecto es inconveniente e inoportuno.

El Partido Liberal, que en principio se oponía a la iniciativa, cambió de postura luego de que se retiró el artículo mencionado sobre la eventual representación política de desmovilizados. El mismo argumento del representante Miguel Gómez (La U), quien también cambió su postura y decidió acompañar el proyecto, que tiene el visto bueno del Gobierno.

La aprobación de este proyecto se destrabó la mañana del martes en la Casa de Nariño, donde el presidente Santos les dijo a los representantes que necesitaba una llave para la paz.

Santos, según uno de los representantes que asistieron al desayuno en la Casa de Nariño, fue enfático en decirles a los congresistas: “Necesito una llave para hacer la paz”. Aclaró que no hay en trámite ningún proceso de negociación con las guerrillas (FARC y ELN), pero admitió que le interesa tener una posibilidad legal, jurídica y elevada al rango constitucional, para que la paz sea un escenario futuro, y por qué no, se pueda adelantar durante su gobierno.

En el encuentro, Santos admitió que la redacción del proyecto es “compleja”, pero reiteró que es una iniciativa útil y que quiere tener sus alcances a la mano. Por eso les propuso a los legisladores que le den trámite al primer debate y que en las siguientes siete discusiones, que se desarrollarán hasta junio del 2012, las controversias serían consensuadas y la redacción mejorada.

Además, aclaró el presidente, cualquier iniciativa en torno a la paz requiere futuras leyes, al señalar que este proyecto de reforma constitucional no es definitivo. Solamente un punto de partida.

El proyecto, de autoría del senador Roy Barreras (La U), busca dos objetivos: resolver la crisis de la Ley de Justicia y Paz y despejar obstáculos jurídicos y constitucionales para futuros y eventuales procesos de paz. Por una parte, el Gobierno sostiene que, con cuatro condenas en seis años y más de 1.800 de los 4.600 desmovilizados sin rendir versión libre, es urgente ofrecer claridad jurídica a las desmovilizaciones pasadas y futuras.

Ante la imposibilidad de investigar y juzgar cientos de miles de crímenes cometidos en el conflicto, el proyecto también propone aplicar criterios de selección (al escoger qué casos se investigan y cuáles no) y de priorización, para privilegiar los procesos de los más responsables o los crímenes más emblemáticos.

Por otra parte, el proyecto eleva a rango constitucional la justicia transicional, el reconocimiento del conflicto armado interno y autoriza un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, con lo cual incluye a los militares como actores del conflicto y sujetos de los beneficios de la justicia transicional.

El ponente del proyecto, el representante Carlos Edward Osorio, fue claro en explicar que con esta iniciativa los militares podrían acceder a los beneficios de justicia y paz en caso que incurran en violaciones a los derechos humanos.

Para ello, tendrían que decir la verdad, reparar a las víctimas y pagar penas alternativas de prisión, que no excederían ocho años, a cambio de no tener que purgar drásticas condenas que según el código penal colombiano no son inferiores a 30 o 40 años.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien anda en una campaña por recuperar la moral de la tropa y proteger a la fuerza pública de acciones judiciales en su contra, también había insistido en la aprobación de la iniciativa.

Pinzón, quien asistió a la reunión del martes en la Casa de Nariño, explicó su argumento al calificar de “injusto” que mientras los paramilitares que perpetraron delitos atroces y sangrientas masacres solo pagan ocho años de cárcel, los militares tengan que purgar 40 años de prisión. A pesar del argumento, la discusión sobre aplicar Justicia y Paz a los militares sigue siendo polémica.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.