SECRETOS DE GUERRA

EL SABADO PASADO, A LAS 8:30 de la mañana, Julio Fabio Urdinola Grajales, miembro de la organización del narcotráfico del Valle del Cauca, se presentó en la cárcel de Palmira para someterse a la justicia. La entrega se produjo justo en el momento en que las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, se encuentran en su estado más crítico, no sólo por la posición flexible y de mano tendida que a juicio del Gobierno ha tenido De Greiff con el proceso de sometimiento de la cúpula del cartel de Cali, sino por las explosivas revelaciones que se hicieron ocho días antes en un Consejo Extraordinario de Seguridad sobre las actividades delictivas de los miembros del cartel de Medellín detenidos en las cárceles de La Picota y La Modelo de la capital, y a quienes el Fiscal quería trasladar de nuevo a Itaguí.
La situación ha llegado a tal punto que en días pasados el Fiscal llegó a considerar seriamente la posibilidad de denunciar por prevaricato al ministro de Justicia, Andrés González, ante la Corte Suprema de Justicia. Y, a su turno, el propio Gobierno contempló la posibilidad de denunciar penalmente a De Greiff por "colaboración con el narcotráfico", según le dijo a SEMANA una alta fuente de la Casa de Nariño. Con el agravante de que, según los observadores, la polémica jurídica y personal en la que se ha visto envuelto el Fiscal con los más altos funcionarios del Gobierno le están generando a la institución que representa un grave deterioro en su imagen y credibilidad.

EL LIO CON CALI
El tira y afloje entre el Fiscal y el Gobierno comenzó desde el momento mismo en que se iniciaron las conversaciones para la entrega de la organización del cartel de Cali. La primera piedra la lanzó De Greiff en Estados Unidos, cuando afirmó, en un seminario en Baltimore, que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida y que, por tanto, había que legalizar el negocio. Para ese entonces las conversaciones de la Fiscalía con los abogados del cartel de Cali ya habían dado sus primeros pasos.
De Greiff manifestó, además, su intención de permitir el arresto domiciliario para los integrantes del cartel, a lo que respondió de inmediato el Ministro de Justicia diciendo que la detención domiciliaria no hacía parte de la política de sometimiento. Pero la gota que rebosó la copa de ese primer enfrentamiento fue la reunión que sostuvo De Greiff con tres reconocidos narcotraficantes del Valle: Helmer Herrera, más conocido como 'Pacho Herrera', José Olmedo Ocampo y Juan Carlos Ramírez, a quienes les expidió una certificación con base en el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal.
El enfrentamiento se ha vuelto tan evidente que ya nadie pretende ocultarlo. En el pasado, cuando se divulgaron rumores sobre estas diferencias, el Fiscal, los ministros, el Procurador y hasta el propio Presidente de la República corrían a desmentirlo. Hace mes y medio, cuando SEMANA divulgó por primera vez estas diferencias, el Fiscal envió una carta indignado a esta revista y Gaviria le dijo al diario El Tiempo que "no hay diferencias con De Greiff". En esta ocasión, por el contrario, los mismos personajes no sólo no han desmentido el enfrentamiento, sino que no han hecho esfuerzo alguno para ocultarlo.

EL LIO DE ITAGUI
El rompimiento definitivo entre el Fiscal y el Gobierno tuvo su origen en un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado el lunes 7, cuando con base en informes de inteligencia del DAS, la Dijin y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), se echó para atrás una orden de De Greiff para que fueran trasladados de Bogotá a Itaguí Carlos Mario Alzate Urquijo, alias 'Arete'; Luis Carlos Aguilar Gallego, alias 'El Mugre'; Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias 'Maxwell'; José Fernando Posada Fierro, y Jorge Pizano Santamaría. El Consejo consideró que el traslado de los reclusos a Itaguí era altamente inconveniente para la política de sometimiento a la justicia, pues permitirlo significaba abrir las puertas para la reunificación del llamado cartel de Medellín.
Una vez adoptada la decisión del Gobierno de no permitir el retorno de los cinco presos a Medellín, el Fiscal se fue lanza en ristre contra el Consejo de Seguridad. "Los reclusos no tienen ni intenciones ni medios para volver a incurrir en actividades delictivas ", dijo De Greiff. Y luego agregó: "Yo no creo en esos informes de inteligencia". Lo cierto, sin embargo, es que los informes de inteligencia existen y dicen todo lo contrario de lo que piensa el Fiscal.
Durante una inspección nocturna en noviembre pasado, funcionarios del Inpec y la Policía descubrieron un jacuzzi en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, donde 'Arete' y 'El Mugre' fueron sorprendidos a las 11 de la noche por los funcionarios que hacían la inspección y a quienes trataron de sobornar. Una semana después, el Inpec ordenó una nueva requisa y encontró que los reclusos estaban en plena fiesta. Había botellas de licor y papeletas de marihuana en sus celdas. La Dijin y el DAS habían detectado también una serie de llamadas entre los reclusos de La Picota y sus contactos en Medellín a los que les ordenaban continuar sus negocios de tráfico de drogas.
Se supo, además, que cerca de 40 guardianes tuvieron que renunciar al Inpec por amenazas contra sus vidas. Cada vez que abandonaban las instalaciones de los pabellones de máxima seguridad, tanto en Bogotá como en Medellín, encontraban carteles en los que aparecían sus nombres y leyendas que decían: "Ustedes son hombres muertos".
Como si eso fuera poco, los organismas de seguridad interceptaron en la cárcel La Modelo una carta que, al parecer, estaba dirigide a 'los Pepes' o a la gente del cartel de Cali, y en la cual se señala: "Quiero que sepan que un hombrecito está secuestrando gente y camellando desde aquí. Esto lo está haciendo en colaboración con el guerrillero Francisco Galán y con la novia de él. El guerrillero nos había pedido a todos nosotros unas vueltas con alguna gente para secuestrarla. El único que le paró bolas fue Otto, y el 20 de enero pasado autosecuestraron a un tal Tomás Uribe. Jéssica fue la que le informó a Galán en la cárcel".
LOS PERMISOS
En el Consejo de Seguridad del lunes pasado, que se extendió por dos horas, no sólo se analizaron los informes de inteligencia, sino que se estudiaron en detalle las autorizaciones a particulares expedidas por el Fiscal para visitar a los reclusos de los pabellones de seguridad de La Picota y La Modelo en Bogotá.
Llamaron la atención del Consejo de Seguridad los múltiples permisos a la familia de Pablo Escobar. El 27 de enero Gustavo de Greiff autorizó a María Victoria Henao de Escobar para visitar a John Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', en la cárcel La Modelo. La visita de la esposa de Escobar a 'Popeye' se repitió cinco días después. Ese mismo día tenía también una autorización para entrevistarse con 'Arete' en La Picota. Dos días más tarde. el Fiscal afirmó la autorización para que Juan Pablo Escobar ingresar a La Modelo para reunirse con 'Popeye'. Ese mismo día el hijo de Escobar visitó a 'Arete'. El 3 de febrero otra vez el Fiscal expidió una autorización para que María Victoria de Escobar ingresara al pabellón de máxima seguridad de La Picota a entrevistarse nuevamente con 'Arete'.
Otra de las autorizaciones que desconcertaron a los miembros del Consejo de Seguridad fue la que el Fiscal expidió a Dagoberto Arturo Recio Chávez. Este hombre se presentó el 14 de enero pasado en la oficina de la dirección de La Picota con un permiso del Fiscal para visitar a los reclusos José Fernando Posada Fierro y Jorge Pizano Santamaría, en el pabellón de máxima seguridad. Una investigación realizada posteriormente por los organismos de seguridad logró establecer que Recio Chávez es un investigador de la Fiscalía General de la Nación y que había ingresado a La Picota para elaborar un informe sobre las condiciones del pabellón. También se descubrió que el funcionario de la Fiscalía había sido detenido el 14 de febrero de 1985, acusado de suplantación de autoridad. Fue reseñado en la cárcel Modelo con el número 205593.
Entre los innumerables permisos dados por el Fiscal están el otorgado a una ex reina de belleza para que visitara de manera permanente a Roberto Escobar cuando estuvo recluido en el Hospital Militar, después del atentado con la carta-bomba.
Finalmente, en el Consejo de Seguridad se tocó el tema de la entrevista de la fiscal Cruz Helena Aguilar con Carlos Mario Alzate Urquijo, Luis Carlos Aguilar, Gustavo Adolfo Gutiérrez y José Fernando Posada. Quedó demostrado que no se trató de una diligencia judicial, sino de una reunión entre un representante del cartel de Cali, llamado Luis Guillermo Angel Restrepo, y la gente de Medellín para aclarar la muerte del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur.

LO QUE VIENE
Con la presentación de Julio Fabio Urdinola, el sábado pasado, algunos creyeron que en la guerra Gobierno-Fiscalía se abriría un período de tregua. Sin embargo, las primeras declaraciones del Fiscal y el Presidente dejaron en claro que esto no va a ser así. De Greiff se apresuró a decir que ojalá lo sucedido acabe con "la histeria del Gobierno" y Gaviria dijo, por su parte, que la entrega de Urdinola es muy buena para consolidar la política de sometimiento, pero que esto no lima las asperezas con el Fiscal.
En todo caso, de lo ocurrido el país puede aprender ya varias lecciones. La primera de ellas es que estas cosas suceden cuando se dictan legislaciones que dan pie a la ambiguedad, como pasó el año anterior con la reforma al Código de Procedimiento Penal, algo en lo que estuvieron de acuerdo tanto la Fiscalía como el Gobierno. Si la legislación es ambigua, se pueden hacer interpretaciones tan opuestas como las que hoy hacen tanto el Ejecutivo como el Fiscal sobre las normas por aplicar en el caso del sometimiento del cartel de Cali.
La segunda gran lección es que en un país que por tantos años ha sufrido con el tema del narcotráfico, la colaboración entre autoridades gubernamentales y judiciales es no sólo deseable, sino absolutamente necesaria por más que el Fiscal alegue que la entidad a su cargo es autónoma y que en Colombia hay separación de poderes. La Constitución de 1991 define en su artículo 113 que "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines". Si en algún campo esto debe ser cierto, es en el de la lucha contra el narcotráfico, en el que las victorias sólo se han obtenido cuando los diferentes órganos del poder público han trabajado hombro a hombro. Por esto la colaboración entre Gobierno y Fiscalía, además de indispensable, es vital. Dos entidades así desprendidas del Gobierno -la Policía y el DAS- deben llevar a cabo las labores de seguimiento e inteligencia, y la Fiscalía debe utilizar esa información y volverla judicialmente útil.
El Gobierno, a través del Inpec, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene que garantizar que los detenidos y condenados penalmente vayan a prisión. Pero también hay otras entidades gubernamentales que intervienen en este proceso: las Fuerzas Armadas en su conjunto, en la incautación de cargamentos; la FAC y la Aerocivil en el terreno de los narcoaviones; la Superintendencia Bancaria y de Cambios en lo que atañe al lavado de narcodineros.
Por todo ello, un atrincheramiento como el de Gustavo de Greiff en la autonomía de la Fiscalía puede ser válido desde el punto de vista jurídico, pero equivocado en la práctica. Algo similar se puede decir de la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Por más que a muchos colombianos nacionalistas no les guste, Washington es el principal socio de Colombia en la lucha antidrogas y romper con ese país en este campo puede ser tan costoso como hacerlo en el terreno comercial o político.
No obstante, como lo confirman las declaraciones tras la entrega de Urdinola, parece que este enfrentamiento ya pasó el punto de no retorno. Por ahora es difícil decir cuál de los dos bandos está ganando en materia de opinión. La Fiscalía ha perdido en buena parte el prestigio de que gozaba hace varios meses, se como lo demuestran las recientes encuestas. Pero aun así, De Greiff sigue conservando un nivel importante de credibilidad. Para no perderlo tendrá que demostrar que el negocio que plantea con la gente de Cali no sólo es bueno para ésta, sino justo para la sociedad. La Fiscalía tendrá que recopilar pruebas y reconstruir casos sólidos en contra de los nuevos sometidos. Si no lo logra, no sólo el Fiscal y la Fiscalía habrán perdido respetabilidad, sino que la mayor reforma judicial de la Colombia contemporánea,el establecimiento del sistema acusatorio, se habrá colocado al borde del fracaso. -