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| 7/8/2011 12:00:00 AM

Sector salud no pasó examen de la Corte Constitucional

Tres años después de proferida la tutela más importante para el sector, pocos son los avances. En la rendición de cuentas del Gobierno ante el alto tribunal se concluye que las advertencias del pasado son hoy las enfermedades más graves del sector.

Las enfermedades que tiene el sector salud son complejas y algunas están en cuidados intensivos. Así quedó demostrado en la audiencia de este jueves en la Corte Constitucional, donde el alto tribunal escuchó al Gobierno para conocer qué tantos avances ha tenido el sistema tres años después de proferida la sentencia de la tutela más importante en el sector, la T-760 del 2008.
 
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, admitió los problemas, pero advirtió que no se puede hablar de una crisis. Y aunque la Corte Constitucional y los organismos de control reconocen que se han tomado medidas para enfrentarlos, coinciden en que las decisiones a tomar deben ser de fondo y con un gran impacto en la estructura del sistema.
 
Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificó las medidas tomadas en estos últimos tres años como “pañitos de agua tibia”, la Corte Constitucional dejó clara su “preocupación” ante el incumplimiento de las órdenes de la sentencia por parte de los actores que conforman el sistema de salud.
 
“A pesar de la regulación que se ha expedido a la fecha, continúa siendo paliativa frente a una problemática tan profunda. (…) A nuestro juicio, el Gobierno, el Estado y el Congreso están lejos de satisfacer las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, sentenció el magistrado Jorge Iván Palacio, presidente de la Sala Especial de Seguimiento.
 
El viceministro general encargado de las funciones de Hacienda, Bruce Mac Master, evidenció uno de los puntos críticos del sector, el cual incumple una de las metas trazadas en la sentencia: el autosostenimiento del sistema. “Solo el régimen contributivo genera un déficit de 1,5 billones de pesos. Si se mantuviera, en el 2015 ascendería a 3,3 billones de pesos”.
 
La sentencia T-760 de 2008 es una de las más importantes que ha proferido el alto tribunal y se le conoce como la ‘supertutela’. Resuelve 22 acciones de tutela que fueron interpuestas por ciudadanos y por una EPS, y se dio pie para que la Corte les planteara a todos los actores del sistema de salud 16 órdenes (agrupadas en dos grandes temas) que no se cumplieron a cabalidad y que ahora coinciden con las ‘enfermedades’ más graves que tiene el sector.
 
Plan Obligatorio de Salud (POS), sin actualizar y sin unificar
 
Hace tres años la Corte Constitucional ordenó actualizar periódicamente los POS de los regímenes contributivo y subsidiado, e hizo tres órdenes especiales: acabar con las llamadas ‘zonas grises’ de los planes que les permite a las EPS decidir si un tratamiento, un procedimiento o un medicamento están o no incluidos en los beneficios; unificar los planes para los menores de 18 años y luego para toda la población, y adoptar medidas para evitar que se rechace o demore la prestación del servicio que sí está en el POS.
 
Los avances no son muchos. Los planes de ambos regímenes están desactualizados y esas ‘zonas grises’ son para la Supersalud, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo una de las causas que llevaron al desborde de recobros, muchos irregulares, especialmente en el año 2010, en el que se cancelaron a las EPS 2,4 billones de pesos: el 18 por ciento ordenado vía tutela y el 72 por ciento, por los Comités Técnico Científicos (CTC) de las aseguradoras.
 
La orden de unificar el POS para menores de 18 años “se ha cumplido de manera parcial”, afirmó el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, ante la audiencia en la Corte. Aunque existen dos acuerdos expedidos por la CRES que ordenan la atención sin distinción para los menores de edad, “seguimos recibiendo quejas que dan cuenta que a los menores del régimen subsidiado se les niega el servicio”.
 
El ministro de la Protección Social reconoció que sin la unificación del POS será difícil cumplir los objetivos de calidad y equidad. “El 43 por ciento de la población tiene unificado el plan. La ley 1438 (nueva ley de salud) logró incluir la orden legal de que el POS esté actualizado el 1 de diciembre de este año. Esperamos incluir a los mayores de 60 años, que corresponden al 17 por ciento de la población y al 64 por ciento del costo de la actualización. En el 2013 toda la población debe tener acceso al mismo POS”, explicó Santa María durante la audiencia.
 
Sobre esta meta, para los expertos, hay dudas. Según la Asociación Colombiana de Empresa de Medicina Integral (ACEMI), no hay claridad sobre cómo se financiará la unificación. “En la medida en que el POS del régimen contributivo aumenta, para que el subsidiado no se quede atrás, requerirá recursos para unificarlos. No está despejado el panorama financiero”.
 
El mal de la intermediación y los recobros
 
Otra gran tema que incluye la sentencia T-760 del 2008 es asegurar el flujo de los recursos del sistema. Por eso ordenó agilizar la ejecución de las sentencias de tutela, asegurar los pagos de los recobros atrasados en el FOSYGA y corregir las trabas en el sistema de recobros.
 
El Gobierno reconoció que la intermediación es “uno de los grandes problemas que afecta la liquidez del sistema y el acceso a la salud con equidad”. En el caso de los recursos del régimen subsidiado, el dinero debe pasar primero por el municipio, luego por la EPS, después por la clínica u hospital (IPS) y finalmente a los proveedores.
 
“El flujo de recursos es complicado y finalmente afecta al usuario. Presenta retrasos y una intermediación de muchos actores dentro del sistema que es innecesaria”, admitió el ministro de la Protección Social.
 
Hoy el flujo de recursos no es seguro, por lo tanto, la orden de la Corte tampoco se ha cumplido y basta con mirar la crisis que viven las clínicas y los hospitales públicos y privados del país que no han recibido de las EPS, ni de los entes territoriales ni del FOSYGA el pago por haber atendido a sus afiliados. La deuda, a diciembre de 2010 era de 3,4 billones de pesos.

En la audiencia, el ministro de la Protección Social destacó la decisión del Gobierno de hacer giros directos del dinero a clínicas y hospitales por los pacientes del régimen subsidiado que hayan atendido.

“Se han hecho giros directos por 1,2 billones de pesos desde abril a 131 clínicas y hospitales públicos para saldar las deudas que suman hasta años. Antes de que termine este año todos los prestadores públicos tendrán giros directos. Una de las prioridades que tenemos –explicó el ministro– es acrecentar la vigilancia del flujo de recursos en el régimen contributivo donde hay un cuello de botella importante.”.

Con el escándalo de los recobros en el FOSYGA (pagos por los servicios NO-POS), donde se encontró el reconocimiento irregular de servicios incluidos en el POS, también queda claro que en los últimos tres años no se tomaron las medidas para cumplir con la orden de la Corte.

Este año –destacó el ministro de la Protección Social– se emitió una resolución que fijó un tope a los precios de los medicamentos que son objeto de recobros. Esta decisión, según el Gobierno, tendrá un impacto positivo en las finanzas del sector. “En lo que vamos, tenemos un promedio de recobro de 170.000 millones de pesos mensuales. Estábamos en 220.000 millones de pesos al mes. Si esta tendencia continúa, hablamos de recursos de 750.000 millones de pesos al año (en 2010 se pagaron 2,4 billones de pesos)”.
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