Secuestro: delincuencia común por encima de la guerrilla

La Fundación País Libre acaba de publicar los resultados de la investigación Brechas y propuestas de las políticas públicas contra el secuestro, cuyo propósito fue evaluar el trabajo del Estado para combatir el secuestro.

El primer vacío que señala el informe sobre la política contra el secuestro es la ausencia de una definición más precisa del concepto de “secuestro simple”. El Código Penal define claramente lo que es el secuestro extorsivo, que es el que se comete con fines políticos o económicos, pero en la definición de la categoría “simple” deja abierta la interpretación a la retención con cualquier propósito.

Este hecho ha llevado a que los fiscales, en muchos casos, busquen agravar las penas de los acusados en casos en los que se retiene a una persona con fines de hurto, o en casos de tráfico de menores, u otro tipo de actos delictivos.

“La ambigüedad o vacío en el concepto de secuestro simple, al dificultar la tipificación de las conductas delictivas, afecta los procesos de investigación y judicialización”, dice el informe. En criterio de la organización, la utilización del secuestro simple con el fin de agravar la pena, le resta la importancia real que tiene el delito de secuestro.

País Libre encontró que tradicionalmente la lucha contra el secuestro está enmarcada en el conflicto armado. La medición del éxito de las políticas contra la guerra está directamente relacionada con la disminución del número de secuestros. Sin embargo, según la organización esa mirada del problema es equivocada.

La organización argumenta que las respuestas del Estado contra el secuestro, en la mayoría de los casos, han consistido en el aumento de las penas y, ante algunas coyunturas, en la utilización de los estados de excepción. Pero han sido respuestas simbólicas al problema y no políticas integrales, dice.

“En este sentido, el aumento de penas establecido en la ley 40 de 1993 (la primera ley antisecuestro en Colombia) respondió al auge del fenómeno de principios de la década de los noventa y al incremento del interés que sobre el particular tenían importantes sectores de la población, principalmente gremios económicos y sectores políticos víctimas de esa conducta”, dice el informe.

El aumento de las penas se implementó como un fin, más no como una respuesta articulada a una política criminal.

Según el informe, esa forma de tratar el fenómeno del secuestro impide entenderlo y desarrollar una política criminal para combatirlo.

“Solamente por medio de la discusión sobre la dimensión conceptual y la comprensión integrada del fenómeno, será factible avanzar en la construcción de un nuevo estatuto contra el secuestro vinculado a la realidad colombiana”, dice la fundación.

Las cifras como instrumento político

“La incertidumbre sobre las cifras es la fisura más importante del pensamiento institucional y del sistema de información contra el secuestro”, dice el informe.

País Libre indicó varias debilidades que tiene el sistema de información sobre el secuestro:

La falta de denuncia; el hecho de que el Estado pretenda unificar las cifras de las instituciones, cuando estas miden aspectos distintos del problema y la invisibilización del secuestro “cotidiano” por la prioridad que el Estado le ha dado al secuestro extorsivo en el marco del conflicto armado, son entre otras las falencias.

Para la elaboración de una política pública, no solo la cifra es importante, sino la comprensión del fenómeno. Los análisis de la academia, asimismo como los oficiales, se dedican a replicar los indicadores de la cifra oficial “justificando la información recibida sin mucha perspectiva crítica”, dice el informe.

Además, indica la organización, la publicitación de los informes oficiales, interesados en mostrar resultados a partir de cambios metodológicos, no es suficiente ni rigurosa.

“Esto explica parte de los procesos de invisibilización de las víctimas. Las 1.502 personas secuestradas en 2009 o las 614 en 2010 han sido ‘camufladas’ en el registro respectivo al ser trasladadas a la categoría de indeterminadas”, dice el informe refiriéndose a las cifras de secuestro registradas por Fondelibertad, organización adscrita al Ministerio de Defensa, que recientemente fue intervenida por las denuncias de corrupción en el manejo de los recursos.

“El caso más evidente se da en el marco de la “depuración de las cifras del secuestro” adelantada por Fondelibertad durante 2009 y 2010. Allí, 614 personas fueron “borradas” del registro de secuestrados a pesar de no saberse nada sobre su situación actual o paradero”, dice la organización.

En esa medida, “las cifras de Fondelibertad enfatizan el número de personas secuestradas, el número de cautivos y el número de rescatados por las fuerzas de seguridad del Estado, en tanto que se desconoce, o sencillamente se ignora, la situación de las personas que fueron secuestradas y cuyo paradero se ignora”, agrega.

Secuestro Express y otros, el nuevo reto

País Libre destaca “la estrategia que mayor impacto ha tenido en la reducción del secuestro” ha sido que el fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado, en los últimos años, “al punto de que se han eliminado los secuestros masivos”.

El informe registra que a partir de 2001, con el fortalecimiento de la Policía y el Ejército “se puede apreciar una reducción en los casos registrados”.
Sin embargo, en su criterio, carece de instrumentos efectivos para combatir el fenómeno en un escenario de pos conflicto, en el cual el actor principal es la delincuencia común.

País Libre recoge las cifras de secuestro de Fondelibertad, en las cuales se puede observar la reducción del secuestro con fines extorsivos. Mientras que en 1999 se registraron 2.587 casos de secuestros, 2009 se presenta como el año de menor incidencia, con 160 casos. Un total de 12.433 secuestros tuvieron una finalidad económica, en tanto que 1661 casos informaron una exigencia de carácter político.

A partir de 2002, por efecto del debilitamiento de los grupos ilegales y de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la delincuencia común empezó a ganar terreno en el “negocio del plagio”. Mientras que en 2.000 (el año con el pico más alto), el 78 por ciento de los casos de secuestros fueron cometidos por grupos ilegales, en 2009, el 61 por ciento de los secuestros fueron cometidos por la delincuencia común.

La cifra llama la atención de las autoridades a diseñar una política criminal, ya no sujeta al conflicto armado sino basada en la lucha contra la delincuencia común.

Al final, la investigación esboza varias propuestas para suplir las debilidades de la política contra el secuestro. Entre ellas se menciona la clarificación del concepto del secuestro “cotidiano”, cometido por la delincuencia común; la redefinición del concepto de secuestro “simple”, lo que implica una reforma a la política criminal; el fortalecimiento de las medidas de atención a las víctimas; el fortalecimiento regional de las instituciones que enfrentan el secuestro; trasladar la estructura administrativa de la política contra el secuestro del Ministerio de Defensa (es decir a Fondelibertad y CONASE) al Ministerio de Justicia; y fomentar la publicidad y consistencia del sistema de información.