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| 10/20/2003 12:00:00 AM

'Secuestros Inc.'

Hoy es legal en Colombia vender seguros antisecuestro y cobrar por asesorar negociaciones con secuestradores. ¿Cómo funciona el negocio?

Hace unas semanas las autoridades investigaban un caso de secuestro de un comerciante colombiano. De repente la familia de la víctima se desconectó de los investigadores que seguían el rastro a los posibles autores. Supieron entonces que una firma privada de asesoría en negociación y manejo de secuestros había entrado en el juego. Y exigía que la familia cortara todo contacto con el Gaula que conocía el caso. No se podrá ahora rescatar al secuestrado, ni capturar a los secuestradores, ni evitar el pago del rescate.

Como la persona sigue en cautiverio no se pueden revelar los nombres de los protagonistas de la historia, pero ya se sabe el final: se pagará rápido y secuestradores y negociadores quedarán contentos con la utilidad del día.

De la mano de los llamados "consultores para manejo de crisis" están los aseguradores. Generalmente cuando un consultor asesora a una familia-y si es una firma internacional vale un promedio de 2.000 dólares diarios- es porque la víctima de secuestro estaba asegurado. Pero son negocios independientes: el uno vende el seguro estandarizado por la industria internacional como K&R (las iniciales en inglés para secuestro y pago de rescate) y el otro vende servicios de consultoría en seguridad, que van desde cursos para prevenir secuestros hasta asesoría en caso de negociaciones.

Que se conozca trabajan hoy en el país las empresas consultoras para manejo de crisis Control Risks, Corporate Risks International, el Ackermangroup LLC y Kroll. Venden seguros la británica Hiscox y las norteamericanas AIG, Chubb y Professional Indemnity Agency, Inc. (PIA). Además de estas empresas extranjeras hay un número indeterminado de agentes privados, nacionales y extranjeros, menos conocidos que se lucran con la asesoría y seguros de secuestros.

En el último año las autoridades temen que los dos negocios se hayan crecido. ¿Por qué? Porque desde febrero de 2002, cuando comenzó a regir la nueva ley antisecuestro (733) se tumbó una norma del Código Penal que castigaba con cárcel y multa a quien "intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro, o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, por razones diferentes a la humanitarias". Lo curioso es que la norma se cayó silenciosamente en el último debate, con un mico embutido en el último artículo que dispone la vigencia de la ley.

Según varias fuentes consultadas por SEMANA, aseguradores presionaron duro para que se les permitiera actuar abiertamente en Colombia, por entonces, en 2001, un "atractivo mercado" de 10 secuestros diarios en promedio. (Este año ha bajado a un poco más de cuatro secuestros puramente extorsivos al día).

Los seguros de secuestro y rescate existen en el mundo luego de que fue secuestrado el hijo de Charles Lindbergh, en 1927, y la empresa Lloyds de Londres desarrolló el concepto. Desde entonces, y sobre todo después de septiembre 11, este tipo de seguros asociados al terrorismo proliferaron. Y hoy, según un reportaje del Manila Times de Filipinas, se pagan en el mundo más de 100 millones de dólares al año en primas de seguros de K&R. La empresa de seguros estadounidense The St. Paul Cos. calcula que el seguro contra secuestro ha crecido en 200 por ciento desde enero de este año. Y el Instituto de Información de Seguros de Estados Unidos considera que alrededor de 60 por ciento de las 500 empresas más grandes listadas en la revista Fortune tienen seguros antisecuestro.

El fenómeno de los seguros contra secuestro es mundial. Y la prohibición en Colombia no impidió que se protegieran personas aquí, con pólizas y servicios contratados en el exterior. Varias aseguradoras y las firmas de consultoría en manejo de secuestros ya han tenido clientes en Colombia desde hace años.

La empresa británica Control Risks Group, una de las más grandes consultoras mundiales en riesgo y seguridad, ha prestado servicios de asesoría alrededor del tema del secuestro en Colombia desde 1975. Aunque su oficina de Bogotá no maneja casos de secuestro específicos (sino cuestiones como entrenamiento a personal de seguridad para evitar los secuestros o selección de personal) sí ha enviado en múltiples ocasiones a Colombia consultores para asesorar familias en negociaciones de secuestro.

Esta empresa también asesora en otro tipo de situaciones difíciles como en caso de extorsión, o el manejo de inversiones en países con inestabilidad política o que han tenido conflictos como Irak. En el caso del secuestro brindan asesoría sicológica y acompañamiento emocional a la familia.

Su director regional para América Latina, Boris Kruijssen, explicó a SEMANA que dedican un "administrador de caso" para cada secuestrado y envían a Colombia un consultor que se rota con otro cada 20 días para asesorar a la familia. "No vendemos seguros, no negociamos con secuestradores, no pagamos rescates, no rescatamos a la gente, nunca", afirma Kruijssen.

Control Risks tiene un "pacto de caballeros" desde hace tiempo con la empresa de seguros, británica también, Hiscox. Esta vende pólizas de K&R a empresas y familias adineradas y cuando alguno de sus asegurados es secuestrado llaman a Control Risks para que maneje el caso y preste la asesoría en la negociación. Esto le sirve a la empresa para asegurarse de que no haya fraude (autosecuestros, por ejemplo) y de que se pague lo mínimo posible. Esto no quiere decir que sus servicios únicamente estén ligados a las compañías de seguros. pues también ofrecen asesoría particular.

Hiscox prefirió no responder las preguntas de SEMANA, pero otra aseguradora que vende este tipo de seguros en América Latina desde 1980, Seitlin Property & Casualty, de Miami, informó que sus pólizas cubren pago del rescate (que no se paga directamente al secuestrador pues ningún país lo permite, sino se le reembolsa al familiar del secuestrado); pago de viajes, equipos y otros gastos que se requieran durante el rescate, como los médicos o siquiátricos; pago de los honorarios de la firma consultora que asesora la negociación (hasta 250.000 dólares por caso), y pago de pérdida o robo del dinero para el rescate. Con relación a esta última eventualidad Richard Johnson, vicepresidente de Seitlin, cuenta que hubo en Colombia un caso este año (no era de un asegurado suyo) en el que se robaron cinco millones de dólares para pagar un rescate y la persona sigue secuestrada.

Johnson no especificó si su empresa trabaja con una firma consultora en particular, pero dijo que aunque el precio de un seguro antisecuestro varía mucho según las condiciones del país o el oficio de la persona, las primas varían entre 8.000 y 35.000 dólares al año. Y cubre gastos que van desde 500.000 dólares hasta 35 millones de dólares.

Estas cifras, y otras que se conocen, como los 13 millones de dólares que pagaron los seguros para el rescate de los funcionarios de empresas petroleras que fueron secuestrados en Ecuador por una banda colombiana en 2000, ponen sobre el tapete la pregunta de fondo: ¿Esta industria de consultores y aseguradores detrás del secuestro no empeora la enfermedad?

Para los oficiales del Gaula, fiscales y funcionarios del gobierno no hay ninguna duda de que la respuesta es afirmativa. Su experiencia les dice que si alguien sabe que está asegurado va a tomar mayores riesgos (aumenta el riesgo moral) y si es raptado va a decir cuanto antes que tiene seguro para salir del infierno que suele ser aquello.

"Hay una comunidad de intereses entre quienes asesoran la negociación, la familia y el secuestrador: todos quieren terminar rápido la tragedia y la plata está ahí disponible", dice un fiscal. Para el gobierno, que los guerrilleros puedan acceder a esos pagos multimillonarios en dólares 10 ó 20 veces al año garantiza su existencia.

"Es un incentivo al pago fácil", dijo la organización holandesa Pax Christie en un informe del negocio del secuestro en Colombia, que además cuenta que el gobierno de Irlanda intentó hacer lobby ante la Unión Europea para que se prohibiera el seguro K&R precisamente porque incentivaba este delito. Pero además, dicen Pax Christie y los oficiales del Gaula, que se presta para negocios turbios y arreglos de autosecuestro, aunque no siempre son fáciles y menos cuando una compañía de seguridad está involucrada.

Otro lío es que seguros y asesorías tienden a bloquear a las autoridades. Algunas de las empresas incluso lo dicen explícitamente en sus páginas de Internet. "En algunos países extranjeros, sobre todo aquellos menos desarrollados con fuerzas de policía reconocidamente corruptas e ineficientes, se debe considerar sólo notificar a la embajada o consulado del país de la víctima y no a la policía", dice Corporate Risks International. Esta empresa está manejando ahora en Colombia el secuestro de un empresario extranjero y, según las autoridades, en efecto, las ha dejado totalmente por fuera de la negociación, entorpeciendo la investigación del caso.

Control Risks aclara que ellos siempre informan a las autoridades locales sobre su trabajo. Un ex funcionario oficial confirma esta versión, pero aclara que no sucede lo mismo con todas las firmas.

No se puede tapar el sol con las manos: los seguros y asesores de negociación facilitan el negocio de este flagelo, pero son un realidad económica en el mundo entero. Y sólo por prohibirlos en Colombia no se van a detener.

Las empresas extranjeras sostienen que no es verdad que lo incentiven; que ellos educan a la gente para que se proteja mejor, jamás revelan que están involucrados asesorando a una familia y que por algo sólo 2 por ciento de los secuestrados en el mundo están asegurados y que esa cifra no ha cambiado.

Más difícil es negar que indirectamente están contribuyendo a financiar grupos ilegales armados que le están haciendo un daño enorme a la sociedad. El caso de la compañía alemana Mannesmann Anlagenbau A.G., que construyó el oleoducto Caño Limón-Coveñas y que con sus pagos de extorsión y rescates al ELN lo revivió cuando estaba prácticamente en extinción, habla por sí solo. Por eso es inadmisible que un cambio en la ley haya pasado sin debate, y con el visto bueno del presidente Andrés Pastrana, su ministro Rómulo González y el ponente de la ley Germán Vargas Lleras. La Fundación País Libre ha demandado el mico y en estos días la Corte Constitucional decidirá si permite que sigan negociando secuestros y se vendan seguros en Colombia.

Y si como ha dicho el senador Vargas, no es posible prohibir esto en Colombia sin espantar a la inversión extranjera, por lo menos es necesario que las acciones de estas empresas se reglamenten y vigilen. Permitir que abiertamente "manejen negociaciones, provean, protejan e incluso entreguen rescates", como anuncia el Ackermangroup LLC en su página de Internet, raya con el cinismo. Estas empresas están en su negocio, por deplorable que sea, pero es peor que el gobierno las deje hacer lo que quieran. Nadie debería poder proveer estos servicios de asesoría o seguros antisecuestro sin que como contrapartida tengan que ayudar a los organismos del Estado en su lucha contra los delincuentes, sea dando la información que tengan -como ya lo hacen algunos- o compartiendo sus conocimientos para prevenir secuestros, su modus operandi, etc.

Además Colombia debe hacer lobby fuerte y respaldar iniciativas privadas como la de Pax Christi en Europa el año pasado, llamando a las empresas a no pagar. Sin esa solidaridad mundial le quedará difícil evitar que siendo el "campeón del secuestro" no prosperen aquí todos los negocios que viven del atroz crimen, incluido, por supuesto, el de los secuestradores.
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