Segovia, polvorín minero

Desde hace más de 50 años, la mina San Nicolás, ubicada en Segovia, pertenece a la familia Restrepo Cardeño. Ahí ‘minió’ el patriarca de la familia, al igual que su hija, Doris Patricia, y sus hermanos, y ahora también lo hacen sus hijos y sobrinos. Tres generaciones de mineros que han luchado por sacarle el oro a la tierra. En los últimos años, con el auge del precio del oro, la empresa familiar se robusteció tanto, que el año pasado tuvieron 500 trabajadores vinculados formalmente, con prestaciones y todas las normas de seguridad. Sin embargo, en 2017 han tenido que enfrentar serios problemas. Tuvieron que reducir a 50 el número de trabajadores y se sienten perseguidos por el Estado, al que ven como alguien que les quiere quitar la fuente de trabajo de la familia.

Aunque los Restrepo Cardeño no están de acuerdo con la violencia en el paro minero de Segovia y Remedios, sí apoyan las razones que han llevado a cientos de mineros artesanales o ancestrales a dejar de trabajar para tomarse el casco urbano y bloquear todas las actividades. Hay varias razones para las protestas.

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En los últimos años el gobierno ha expedido duras medidas para controlar la minería ilegal, con el fin de cerrar esta fuente de financiación de los grupos armados ilegales y proteger el medioambiente, al atacar los entables y controlar el comercio de mercurio o la venta de oro. Además, los mineros artesanales y ancestrales tienen ahora que cumplir procesos complejos para formalizarse. En Segovia y Remedios, donde el 95 por ciento de la economía depende del oro desde hace más dos siglos, la llegada de la Gran Colombia Gold ha traído otro gran factor de tensiones.

Tras adquirir los antiguos títulos de la Frontino Gold Mines, Gran Colombia Gold encontró que, en su título minero, había miles de personas extrayendo oro, incluso en minas que pueden tener 50 años o más. La empresa empezó un plan de formalización, en el que les ofrece empleo con todas las garantías a los pequeños mineros. También ha legalizado 34 cooperativas que hoy trabajan para la multinacional, aunque faltan las más grandes.

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Desde julio pasado corrió el rumor de que el gobierno iba a cerrar todas las minas aún no legalizadas, lo que desató el paro. “Soy de una familia minera de toda la vida y siempre hemos trabajado por nuestra cuenta. Cuando aquí estábamos con la Frontino Gold Mines, no tuvimos problemas, nunca intervino ni estuvo en contra, pero desde que llegó la Gran Colombia Gold hay una cantidad de leyes que nos impiden trabajar. Ahora nos quieren cerrar las minas y nosotros no estamos dispuestos”, dice Doris Patricia Restrepo Cardeño, que asegura que lo que paga la empresa a los contratistas no es lo justo. “Nosotros estamos enseñados a sacar el producido, y cuando uno trabaja con ellos, se llevan todo el oro. Nos quieren tratar como empleados y no como una empresa que lleva medio siglo trabajando de forma legal”, afirma.

Pese a la disposición del gobernador Luis Pérez y del gobierno de negociar y buscar una salida al conflicto, el paro deja un saldo de 3 muertos, decenas de heridos, 170 personas desplazadas, 1.500 negocios cerrados entre supermercados, farmacias, restaurantes, gasolineras y pérdidas millonarias.

Nuevamente, esta semana las protestas se salieron de madre y hasta en un video de un grupo de encapuchados, que muestra explosivos artesanales y armas blancas, aseguraban que iban a atacar al alcalde Gustavo Tobón y a los funcionarios de la Gran Colombia Gold. Esto ratificaría lo dicho desde un principio por el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Wilson Pardo, en el sentido de que las bandas criminales tienen infiltrado el paro. Y no es de extrañar, pues según cálculos de inteligencia de la Policía, las extorsiones le pueden representar al Clan de Golfo en Segovia hasta 1.000 millones de pesos al día.

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Pese a las polémicas que generaron unas frases, Pérez logró que la multinacional pasara de pagar por la onza de oro de 400 a 700 dólares, el precio más alto de todo el país en el mercado legal. Esto con el fin de facilitar un acuerdo entre los mineros y la empresa. Hasta el cierre de esta edición, ya se habían legalizado 34 cooperativas mineras y faltaban 8 por hacerlo, entre las que están las más grandes del municipio, que agremian a más de 4.000 mineros. Pese a los ofrecimientos, una parte de estos –muchos legales, pero también algunos ilegales– piden que los dejen seguir trabajando, sin tener que entregarle el mineral a la multinacional o tener que trabajar para ellos. Por eso le han pedido al gobierno seguir en su lucha contra la minería ilegal y flexibilizar las normas para proteger a los mineros ancestrales y tradicionales, y no solo a las grandes empresas.

Ese es el centro de la discusión. Por eso, de la forma como se resuelva este conflicto dependerá la suerte de muchos otros municipios que tienen una situación similar a la de Segovia, y que están sentados en un polvorín a punto de estallar.