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| 4/24/2000 12:00:00 AM

¿Segundo ‘round’?

Está todavía lejos de resolverse el pleito entre la familia Gilinski y el Sindicato Antioqueño en torno del Banco de Colombia.

Esta semana tendrá lugar la asamblea del Bancolombia y los conocedores del mundo financiero no descartan que ésta sea muy agitada. La razón es lo que parece ser un nuevo capítulo en el pleito entre el Sindicato Antioqueño, accionista mayoritario de la empresa, y la familia Gilinski, accionista minoritaria desde agosto de 1997 cuando le vendió el control del banco al conglomerado paisa.

La batalla no es nueva. Los Gilinski demandaron civilmente al Sindicato en marzo de 1999 por supuestas irregularidades en el manejo de la negociación que, según ellos, desembocó en un detrimento de su patrimonio. La demanda fue presentada en Estados Unidos pero el juez del caso —después de estudiar todas las acusaciones— dictaminó que la jurisdicción debería estar en Colombia y que, como se trataba de una diferencia entre socios, el mecanismo para dirimirla debería ser el tribunal de arbitramento contemplado en el contrato. Esta decisión tuvo lugar en junio del año pasado y fue interpretada como un serio revés para los Gilinski.

Pero Jaime Gilinski es un hombre terco y persistente y no se dio por vencido. Con la misma información que había sido rechazada en su demanda civil recurrió a la justicia penal y denunció los hechos ante el fiscal Robert Morgenthau en la ciudad de Nueva York. El 14 de diciembre pasado éste inició una serie de gestiones preliminares para esclarecer los hechos y convocó un gran jurado, que recibirá información de las partes y resolverá si se justifica un encausamiento penal. Esta instancia del gran jurado originó un artículo en el diario The Miami Herald hace dos semanas, el cual puso otra vez sobre la mesa —a pesar de que no existen hechos nuevos— el tema del pleito entre los Gilinski y el Sindicato Antioqueño.

Como se trata de una investigación preliminar no hay todavía encausamiento penal ni existen acusados. El juez se ha limitado a pedir información a los directivos del Banco de Colombia relacionada con las acusaciones de Gilinski.



La historia del negocio

La familia Gilinski había hecho lo que parecía el negocio del siglo con el Banco de Colombia. Lo había comprado al gobierno prácticamente con la cédula durante el proceso de privatización de la banca y tres años después lo estaba vendiendo al Sindicato Antioqueño por 750 millones de dólares. El negocio era complejo. El Banco Industrial Colombiano (BIC), de propiedad del Sindicato, compraría el 51 por ciento del Banco de Colombia a los Gilinski por 418 millones de dólares. Como no había interés en adquirir el total y la idea del Sindicato era fusionar los dos bancos, las partes decidieron que los Gilinski y los demás minoritarios serían accionistas de la nueva institución con el 49 por ciento de las acciones que no fueran vendidas.

El problema radicaba en cómo valorar el precio de esas acciones. Finalmente se optó por hacer un intercambio de una acción de la nueva entidad fusionada por cerca de nueve acciones del antiguo Banco de Colombia. Para llegar a esa proporción se tomó en cuenta un promedio de varios meses del precio de las acciones del BIC inscritas en la Bolsa de Nueva York (ADR), que era de 18 dólares por acción. Después de recibir 418 millones de dólares en efectivo por el 51 por ciento del Banco los Gilinski recibieron el saldo —equivalente en el momento a 88 millones de dólares— en acciones de la nueva entidad, cuyo nombre sería Bancolombia.

El problema se originó en el hecho de que después de haber realizado el negocio a 18 dólares por acción en poco más de un año el valor del papel se redujo a cuatro dólares y los 88 millones de dólares recibidos en acciones se redujeron a menos de la cuarta parte, lo cual le generó un problema inesperado a la familia Gilinski.

Durante la ejecución del negocio se había acordado que los Gilinski tendrían que depositar una garantía de 60 millones de dólares para cubrir cualquier contingencia que apareciera como consecuencia del ‘due dilligence’, que es el nombre que recibe la auditoría contable, financiera y legal que se realiza para determinar exactamente cuál es la realidad de la empresa que está en venta.

Cuando las relaciones entre las dos partes estaban en su luna de miel se decidió exigir tan sólo la mitad de la garantía hasta que las circunstancias requirieran un mayor aporte. Los Gilinski pusieron como garantía unas acciones del Banco que equivalían a 30 millones de dólares —calculados con base en el precio de la transacción de 18 dólares por acción—. Cuando el precio cayó las acciones ya no servían como garantía y Fiduanglo —la fiduciaria que estaba administrando las garantías— les exigió a los Gilinski poner 18 millones de dólares más, para volver a la cifra original.

En ese momento Jaime Gilinski —quien se sintió afectado en lo personal y víctima de lo que consideró una mala gestión administrativa— amenazó con instaurar una demanda legal a menos que el Sindicato le comprara sus acciones. Y notificó que el precio tendría que ser cuatro veces la cotización en bolsa en ese momento para que coincidiera con la cifra del pago original. Pero ante tales pretensiones el que se indignó fue el Sindicato, que se sintió chantajeado y tomó la decisión de no comprar. Fue ahí cuando Gilinki demandó.



Los cargos

La demanda de los Gilinski consta fundamentalmente de tres cargos:
a) Manipulación de la acción (ADR) del BIC durante la negociación para inflar el precio a 18 dólares con el fin de lograr una mejor razón de intercambio de acciones. Como prueba de esta manipulación la demanda cita dos transacciones extraordinarias de bolsa de 250.000 acciones cada una en momentos claves de la negociación.
b) Que el Sindicato incumplió con la mitad de un compromiso de capitalizar la entidad en 150 millones de dólares, lo que comprometió la estabilidad financiera del Banco.
c) Que buena parte de los 88 millones de dólares con los que el Sindicato hizo la capitalización se financiaron vía autopréstamos, violando los topes permitidos para los mismos y recurriendo al ahorro público en clara violación de la ley colombiana.

Por todo lo anterior los Gilinski demandaron al Bancolombia por daños y perjuicios en una suma de 76 millones de dólares.

Toda esta información se deriva de la demanda —conocida por SEMANA—, ya que la familia Gilinski se negó categóricamente —a través de sus abogados— a hacer cualquier comentario al respecto, alegando que el fiscal del caso les había solicitado reserva total a las dos partes. Lo mismo hizo el Sindicato al dejar en claro que no haría ninguna declaración hasta que se resuelva el proceso.

Ante tal hermetismo SEMANA recurrió a varios analistas independientes que conocen el caso y que han tenido acceso a la documentación. Y la primera conclusión a la que llegaron es que si los cargos contenidos en la demanda llegan a ser verdad los directivos del Banco tendrían graves problemas en Estados Unidos, donde la manipulación de las bolsas es un delito sancionado drásticamente.

Pocas personas en Colombia se imaginan, sin embargo, a Nicanor Restrepo y a Jorge Londoño ordenando operaciones artificiales con el único propósito de inflar el precio de una acción y estafar a un socio minoritario. Este cargo no va a ser muy difícil de esclarecer pues lo único que se requiere es rastrear a los compradores de los volúmenes excepcionales de acciones que se vendieron en los días de altas transacciones para determinar si tienen alguna conexión con el Sindicato Antioqueño. El presidente de una firma comisionista de bolsa aseguró a SEMANA que el Sindicato nunca ha hecho transacciones con sus propias acciones en la Bolsa de Nueva York.

Los abogados del Sindicato van a argumentar, seguramente, que la drástica caída en el precio de las acciones no sólo tuvo lugar con la acción del Banco de Colombia sino con todas las acciones en el mercado colombiano, y en proporciones similares. La cotización más comparable a la del BIC en Nueva York sería la del ADR del Banco Ganadero —única acción bancaria que se cotiza internacionalmente con la del BIC— que también sufrió las consecuencias de la grave crisis económica que vive el país desde esa época (ver gráfica).

En cuanto al cargo de los autopréstamos la Superintendencia Bancaria —por solicitud del mismo Banco— hizo una visita de cuatro meses a la entidad para determinar si se violaron los topes permitidos. La visita de los sabuesos de Sara Ordóñez no encontró ninguna irregularidad.

En cuanto al último cargo —relacionado con el supuesto compromiso de capitalizar la entidad con 150 millones de dólares—, SEMANA pudo establecer que la discusión en ese tema va a girar en torno de la diferencia que existe entre el cupo total de una solicitud de emisión de acciones y la obligación de suscribirla. Como el Sindicato tenía el 51 por ciento de las acciones se pidió un cupo por casi el doble para que los accionistas minoritarios (49 por ciento) tuvieran el derecho de capitalizar en las mismas condiciones si así lo deseaban. Si

ellos no decidieron hacerlo fue porque lo consideraban un mal negocio en el momento.

La demanda de los Gilinski deja en claro que no comparten dicha interpretación y que, en su entender, el Sindicato tenía la intención original de capitalizar 150 millones de dólares y posteriormente no lo hizo.

En resumen, estos serán algunos de los argumentos que se escucharán en los próximos meses en un episodio jurídico que por el calibre de sus protagonistas —y por la posibilidad de que su jurisdicción sea en Estados Unidos— podría llegar a ser uno de los enfrentamientos más agrios en la historia del sector privado colombiano. En poco tiempo se sabrá si este es el último capítulo o si continúa la telenovela.
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