09 julio 2011

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Seguridad ¿cuál es la verdad?

portadaLos indicadores del gobierno van por un lado y la percepción ciudadana, por otro muy distinto. ¿Qué hay tras esta aparente contradicción?

Seguridad ¿cuál es la verdad?. El conductor Fernando Gil busca ayuda luego de que las Farc le quemaron su camión, el pasado 24 de mayo, en la carretera que conduce de Cali a Buenaventura. Durante el primer trimestre de este año, los ataques contra automotores subieron 30 por ciento.

El conductor Fernando Gil busca ayuda luego de que las Farc le quemaron su camión, el pasado 24 de mayo, en la carretera que conduce de Cali a Buenaventura. Durante el primer trimestre de este año, los ataques contra automotores subieron 30 por ciento.

¡Qué paradoja la de la seguridad! Mientras el gobierno exhibe cifras para demostrar que todo marcha bien, casi dos tercios de los colombianos creen exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que los medios de comunicación están exagerando hechos aislados, como afirma el presidente?
¿Hay, tras los optimistas indicadores oficiales, problemas de fondo que demandan urgente atención y están afectando lo que la gente siente? ¿O es que sectores duros del uribismo intentan pescar en el río que les ha revuelto la nueva administración? En todo caso, así como los colombianos sienten frente a las cifras de inflación que el DANE nunca ha ido a un supermercado, frente a las cifras de seguridad consideran que al Ministerio de Defensa nunca le han robado el celular.

Esto queda claro en la última encuesta de Gallup, en la cual las cifras pusieron el dedo en una llaga cada día más evidente. Un récord de 74 por ciento de los 1.200 encuestados en las cinco principales ciudades dice que la inseguridad en el país está empeorando. Este es el registro más alto en casi tres años. Poco antes de la posesión de Juan Manuel Santos, apenas el 17 por ciento decía que la seguridad era el principal problema del país; hoy así lo cree casi el doble, el 32 por ciento. Han aumentado los que piensan que empeora la situación con la guerrilla (55 por ciento hoy frente a 33 por ciento en julio de 2010), con el narcotráfico (44 por ciento) y, en general, con la inseguridad (hace un año, casi la mitad de los encuestados era optimista frente a ella; hoy, apenas 18 por ciento lo es).

Este estado de ánimo parecería responder a la cascada de hechos de violencia que se han dado recientemente en el país. Lo sucedido en las últimas semanas de junio muestra una tendencia verdaderamente preocupante. El 13, en Iscuandé, Nariño, un niño murió y diez personas fueron heridas al explotar un artefacto cerca al puesto de Policía. Al día siguiente, en un ataque en Puerto Rico, Caquetá, las Farc asesinaron a dos personas e hirieron a diez más. El 17, un carro bomba, al parecer del ELN, fue interceptado en Popayán, pero alcanzó a estallar e hirió a 17 personas, una de las cuales murió después (las autoridades dijeron que se dirigía hacia el centro, lo que hubiera ocasionado una tragedia). El 19 fue secuestrado Carlos Benjumea, candidato a la Alcaldía de San Juan de Arama, en el Meta. El 20, las Farc volaron una patrulla en Antioquia y hubo varios heridos. Al otro día, francotiradores mataron a dos policías en la carretera de Cali a Buenaventura. El 29, un grupo de las Farc bloqueó por varias horas, cerca a Yarumal, la troncal de Medellín a la Costa -algo que no sucedía hace seis años- y el comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, Félix Antonio Jaimes, murió en una trampa explosiva mientras lidiaba con el problema.

Ante estas cifras, la respuesta del gobierno ha sido la de que el 'huevito' de la seguridad democrática está bien cuidado. Sus números dicen que los delitos de más alto impacto mantienen las tendencias a la baja. Según el Ministerio de Defensa, hubo 763 homicidios menos, un descenso de cerca del 9 por ciento, en el primer semestre de 2011 frente a igual periodo de 2010. Lo mismo sucedería con la extorsión, los diversos tipos de hurto, las lesiones comunes, los actos de terrorismo, la piratería terrestre y las acciones de la guerrilla.

Por otra parte, el presidente y su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, han sido categóricos en que se trata de acciones de pequeños grupos mimetizados en la población civil, con los que la guerrilla intenta distraer las operaciones en profundidad que los militares adelantan contra algunos frentes. Rivera dijo a SEMANA que "esta sociedad debe ser consciente de que, así como pagó el precio para acabar con Escobar, el final de las Farc no es un camino de rosas, ni de 'boy scouts'".

El presidente también ha afirmado que "estos incidentes se han vuelto más vistosos", y asegura que no es su número sino su visibilidad lo que ha crecido. Y, echando mano del viejo recurso de culpar al mensajero, les soltó una perla a sus antiguos colegas periodistas: "Cuando no hay noticias, las noticias de orden público para cualquier editor se vuelven el ideal". El ministro, por su lado, dijo a SEMANA que hay un "tema político" de fondo: "Lo que ha cambiado ahora es que por primera vez hay un sector político importante echando al gobierno las culpas por actos terroristas. Es un estribillo y estamos en año electoral". Rivera no especifica de qué sector se trata, pero no hay que ser un genio para adivinar que es el uribismo.

Todo, pues, se reduciría a la percepción de que "en una casa limpia la mugre pequeña se ve más", como dijo a El Tiempo el almirante Édgar Cely, comandante general de las Fuerzas Militares, o a una especie de complot del uribismo duro contra la 'traición' que siente que encarnan Santos y su equipo. Aunque hay elementos de esto, la cosa no es tan simple. Las inquietudes ciudadanas en materia de seguridad, aunque no le guste al gobierno, provienen de la realidad, y no de los medios de comunicación ni de una oposición soterrada. La (in)seguridad y sus percepciones son temas muy complejos y son varios los elementos que las alimentan.

La terca realidad

En primer lugar, el gobierno está ante un dilema frente a la guerrilla. La correlación de fuerzas lograda en los años de la seguridad democrática no ha cambiado, pero sí la estrategia del enemigo, y eso plantea problemas nuevos, que demandan ajustes. Consciente de su debilidad, la guerrilla se ha reorganizado y ha encontrado vulnerabilidades en el sistema que le permiten producir acciones de alto impacto que neutralizan el discurso oficial de que "aquí no ha pasado nada". Esto deja al gobierno en una difícil posición para responder: para proseguir la ofensiva debe hacer acciones en profundidad, como perseguir a Alfonso Cano o atacar los fortines de algunos frentes hasta hace poco intocables, que es lo que viene haciendo, pero eso deja flancos descubiertos en las carreteras o en la vigilancia de la infraestructura, que son aprovechados por pequeños grupos de guerrilleros para hacer una voladura allí, un bloqueo allá.

Lograr un equilibrio entre lo que es popular, como poner un soldado cada kilómetro en las vías en los puentes festivos, y perseguir a una guerrilla cada vez más 'enmontada' representa una disyuntiva difícil de resolver. Y no menos difícil es meterse en serio en los 68 municipios que todavía, a pesar del gobierno de la seguridad democrática, registran fuerte presencia guerrillera y en los 25 de alta incidencia de los sucesores de los paramilitares; lograr un verdadero control en zonas críticas como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca, el nudo de Paramillo o el Catatumbo, y proteger la inversión en áreas petroleras y mineras, que crece geométricamente, son objetivos que imponen una larga lista de retos a la recién estrenada Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad.

A esto se añade una sensación de malestar interno que se percibe en las Fuerzas Armadas. Por un lado, frente a una conducción que, en cabeza del ministro Rivera y el almirante Cely, en privado genera resistencias (Rivera lo niega rotundamente, pero no dicen lo mismo a otros niveles). Por otro lado, es innegable que recientes fallos de la justicia en contra de militares causan un profundo impacto entre los uniformados. Las durísimas condenas de que han sido objeto miembros de las Fuerzas Armadas por diferentes razones han constituido un freno no solo en su entusiasmo, sino en su accionar. Cuando en medio de una operación se encuentran frente a un enemigo, a menudo sin uniforme ni insignias, piensan dos veces antes de apretar el gatillo. "Más de un militar se aferra a la nueva realidad de que una baja en combate puede fácilmente acabar enredada en una acusación de violación de los derechos humanos", señala un soldado profesional. SEMANA conoció varios testimonios de militares activos de todos los rangos que hablan de cansancio en las tropas, preocupación por lo que llaman inseguridad jurídica y falta de respaldo del Estado. Todo lo cual introduce en la ecuación de la seguridad la cuestión clave de la moral de las tropas.

Un segundo problema es que no todos los indicadores mejoran. El secuestro extorsivo, con 96 casos en los seis primeros meses, aumentó 8 por ciento. Pocos creen en el dato de que la extorsión ha disminuido; por el contrario, todo indica que aunque la denuncia es muy baja, por miedo o falta de confianza en las autoridades, las vacunas y el boleteo están regresando en no pocas regiones. En los primeros seis meses del año hubo 23 masacres, 21 por ciento más que en igual periodo de 2010. Han aumentado los homicidios de alcaldes (6 a mayo), están disparados los de indígenas (47 frente a 34 en igual periodo del año pasado), 14 candidatos han sido asesinados sin que empiece la campaña electoral y 22 líderes sociales, muchos de ellos por la restitución de tierras, han muerto en lo que va de este gobierno. Aunque la cifra total de homicidios ha disminuido, los asesinatos selectivos y las masacres tienen un alto impacto en la percepción de seguridad. A eso habría que sumar las amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, que, al paso que van, sobrepasarán con creces las que tuvieron lugar en 2010. Hay que decir que varios de estos cambios -contrario a lo que sostienen algunos- se iniciaron en 2008, en la última fase del gobierno de Uribe, cuando la seguridad democrática empezó a mostrar signos de agotamiento.

Tercero, la situación varía mucho de una región a otra. Hay zonas del país donde el problema parece endémico. Córdoba -que dio hasta para un debate entre su gobernadora y el presidente en torno a la cifra de homicidios- es un ejemplo: después de meses de la operación Troya, el Ministerio de Defensa reporta 252 asesinatos allí en el primer semestre, unos cincuenta menos que en igual periodo de 2010, pero aun así es una cifra preocupante para un departamento asolado por la violencia de los grupos sucesores de los paramilitares y las Farc. Por otra parte, al desagregar algunas cifras, el cuadro regional es más matizado que el promedio nacional. Pese a la reducción en todo el país en el número de homicidios, hoy diez capitales tienen una tasa superior a la de 2008. Ciudades intermedias como Soacha (que genera el 44 por ciento de los homicidios en Cundinamarca), Soledad, Ibagué, Villavicencio y Valledupar han visto subir sus tasas entre el año pasado y este. Hablar de mejoría sostenida en los indicadores, como hace el discurso oficial, cae en oídos sordos en no pocas zonas del país donde la inseguridad, lejos de ser una mera percepción, es la cruda realidad cotidiana.

Por último, hay un tema clave que poco se ha mencionado en esta discusión: la metodología para medir la opinión pública. La mayoría de las encuestas se concentran en las principales ciudades, donde los problemas son sustancialmente diferentes de los que se viven en zonas de violencia guerrillera o paramilitar. En las ciudades generalmente encuestadas los delitos son otros, y aunque tienden a ser de delincuencia común, tienen un impacto profundo y silencioso en la opinión. Con excepción de Bogotá y Bucaramanga, el hurto común aumentó casi 9 por ciento entre el primer semestre de 2010 y 2011 en las áreas metropolitanas, en especial el robo de celulares, que representa entre el 25 y el 52 por ciento de los hurtos a personas según la ciudad. El robo de vehículos y el hurto al comercio han aumentado en 15 de las 32 ciudades capitales. Todo ello acrecienta la sensación de inseguridad. Con la peculiaridad, como señala Francisco Lloreda, alto consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, de que "la criminalidad reportada está muy concentrada". Tan solo cuatro ciudades -Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla- concentran el 30 por ciento de los homicidios que se cometen en Colombia, y hay seis capitales que aportan el 52 por ciento de la tasa de hurto. La Consejería ha definido veinte municipios prioritarios en materia de seguridad ciudadana, donde buscará que todas las instancias del Estado involucradas, y no solo las de seguridad, coordinen su intervención para lograr reducciones sostenidas en los índices de los delitos de mayor impacto. Cali es el primero de ellos.

Entre percepción y realidad

Este panorama muestra que la cuestión de la seguridad y su percepción son más complejas de lo que a primera vista parecen. En rigor, no es de seguridad sino de seguridades de lo que debería hablarse, dadas las diferencias en los delitos, sus autores y las tendencias de una región a otra y de ciudad en ciudad. Aunque los responsables en el gobierno afirman tener las estrategias adecuadas, son obvias las dificultades para implementarlas: guerrilla, bandas posparamilitares, narcotráfico, delincuencia común, violencia intrafamiliar y a veces varios de los anteriores juntos, en escenarios geográfica y socialmente muy diversos, son un reto colosal.

Por eso, el discurso del gobierno ante los reclamos en seguridad no luce como el más atinado. En el alto gobierno algunos reconocen que no se deben desestimar los sentimientos de inseguridad de los ciudadanos, aunque debe procurarse que no generen un fenómeno de contagio que aprovechen los criminales. Sin embargo, atribuir a los medios la responsabilidad de la visibilidad de los ataques de las Farc, como hizo el presidente, es simplista. Igualmente lo es insistir una y otra vez en que se trata del coletazo final de las Farc, como hace el ministro Rivera. Aun el argumento -cierto, sin duda- de que hay sectores interesados en 'pedalear' el tema del crecimiento de la inseguridad como una forma de oposición soterrada deja la impresión de que se desestiman las preocupaciones ciudadanas sobre este problema.

Pero sin duda alguna, la mayor paradoja es que todo este sentimiento ciudadano de inseguridad tiene lugar durante un gobierno que ha llegado al poder con más experiencia que ninguno de sus antecesores en este campo. El presidente de la República fue el ministro de Defensa que les ha propinado los golpes más duros a las Farc en toda la historia. Con él llegaron a la Casa de Nariño sus más allegados colaboradores en ese proceso, como el secretario general de la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, y el alto consejero para la Seguridad, Sergio Jaramilllo. Y el ministro Rodrigo Rivera, quien ha sido el pararrayos de todas las críticas, es muchos menos responsable de lo que está sucediendo y bastante más competente de lo que muchos creen.

El primero que debería preguntarse sobre estas contradicciones es el presidente. Aunque su popularidad y su imagen siguen intactas, la principal paradoja de la encuesta es él mismo. A pesar de que le va bien en la mayoría de los rubros y la mayoría aprueba su manejo de la guerrilla y el narcotráfico e incluso el de la economía, con el que la gente raramente se declara satisfecha, en lo que le va mal a Juan Manuel Santos es en el manejo de la inseguridad. Así las cosas no sean catastróficas, que el 62 por ciento lo desapruebe es un campanazo muy fuerte.
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