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| 3/21/2004 12:00:00 AM

¿Seguridad para quién?

El gobierno está revocando decenas de licencias de funcionamiento de empresas y departamentos de seguridad que estaban al servicio de narcotraficantes o de sus familias.

En la primera semana de marzo seis de los hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali hoy en prisión, visitaron al superintendente de Vigilancia y Seguridad (SVS), Hernán Sanín. Querían solicitarle autorización para renovar o crear un departamento de seguridad, una figura contemplada en la ley mediante la cual la SVS estudia los casos de particulares o empresas que estén en peligro y les permite formar esquemas de seguridad que incluyen escoltas armados y carros blindados. Después de escuchar los argumentos de los miembros de los familiares de los Rodríguez Orejuela la respuesta fue sencilla y contundente. No recibieron la autorización.

"Aparte de cumplir con la normatividad hay que verificar que a quien se le autoriza un departamento de seguridad también sea una persona que tenga las mejores cualidades sociales, éticas y morales", explicó el superintendente Sanín a SEMANA. Si bien los hijos de los narcotraficantes no tienen antecedentes judiciales -con excepción de William Rodríguez Abadía- es difícil para el Estado justificar permitirles crear sus propios esquemas de seguridad con carros blindados y armas autorizadas legalmente. "Les informé, dijo Sanín, que si se sentían en peligro podían acudir a los organismos de seguridad oficiales para que les brindaran la protección, cosa muy diferente a autorizarles departamentos de seguridad propios".

El rechazo de la solicitud de los familiares de los Rodríguez dejó en evidencia una tendencia que se ha venido dando en los últimos años y que tiene graves consecuencias: la autorización de escoltas para familiares y empleados de los negocios de los narcotraficantes sospechosos o confesos.

A comienzos del año pasado la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía presentaron una denuncia sobre cómo el gobierno anterior había otorgado permisos para tener escoltas armados y carros con alto blindaje a personas cuestionadas por la ley o a familiares de perseguidos por la justicia o a condenados. Como consecuencia, el nuevo superintendente de esa entidad, Hernán Sanín, comenzó una minuciosa revisión de las resoluciones que autorizaban la creación de estos departamentos de seguridad. El resultado de esas investigaciones dejó al descubierto que algunos narcotraficantes habían logrado armar legalmente verdaderos ejércitos privados.

"Algunas autorizaciones se daban sin mucho criterio y se convirtieron en un medio legal para obtener armas autorizadas por el Estado", dijo Sanín. Una vez la SVS aprobaba la creación del departamento, los beneficiados acudían al Comité de Control de Armas del Ministerio de Defensa y con la resolución de la Superintendencia podían comprar legalmente las armas. Cada uno de los guardaespaldas no sólo tenía permiso para estar armado sino que, de acuerdo con la ley, por cada cinco escoltas se permite además el derecho a portar una ametralladora. Estos privilegios crearon escuadrones armados hasta los dientes que incluso llegaron a enfrentarse con las autoridades. Así, por ejemplo, el coronel William René Salamanca, oficial de enlace de la Policía en la SVS recuerda que cuando fueron a capturar a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, se encontró con la sorpresa de que estaba custodiado por 42 escoltas muy bien armados. "Enfrentarse a ese número de guardaespaldas, que contaban con autorizaciones legales, creó una situación complicada que terminó permitiendo que William Rodríguez se fugara", dijo.

Esposas, suegras, hijos, hermanos, amigos y socios de reconocidos narcotraficantes como Jesús Amado Sarria, Víctor Patiño Fómeque, Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta' o Diego León Montoya, alias 'Don Diego', o de personas sospechosas de serlo como Wilber Varela, alias 'Jabón', consiguieron permisos de la Supervigilancia para tener escoltas armados y carros blindados. También se les dieron licencias a empresas que aparecían relacionadas en la lista de narcotraficantes del gobierno de Estados Unidos, popularmente llamada la 'lista Clinton'.

"Los carros blindados terminaban siendo utilizados por testaferros o delincuentes para su protección y para continuar delinquiendo. En otros casos las armas o los escoltas, autorizadas legalmente, acababan involucrados en crímenes y delitos", dijo el coronel Óscar Naranjo, director de la Dijin a SEMANA. Durante el año pasado, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, realizó operativos permanentes que hicieron posible detectar el uso irregular de estos carros blindados por la delincuencia. Incluso en un operativo reciente para capturar a miembros de una banda de delincuentes apodados los 'Yiyos', comprobó que varios de ellos portaban armas legales.

La mayoría de las polémicas autorizaciones fueron otorgadas durante la administración del ex superintendente Julio César Vásquez Higuera, quien ejerció el cargo entre diciembre de 1997 y agosto de 2002. Contra él existe una investigación en la Fiscalía por haberle dado licencia a la empresa Asprecol, de propiedad de William Rodríguez Abadía. Consultado por la revista, Vásquez se defiende tras alegar que todas las resoluciones que firmó eran estudiadas por dos personas más. "Para mí era claro que las personas a las que se les autorizaron los departamentos no tenían antecedentes e incluso en estas listas figuraban mujeres y niños que requerían protección", dijo.

Según el ex superintendente ninguna autoridad le advirtió nunca que algunas de las resoluciones que firmó eran para personas que podían tener relación con el narcotráfico. "Jamás vi un nombre conocido o que me hiciera sospechar y yo como superintendente nunca conocí la lista Clinton, explicó. Además los antecedentes no son heredables y en muchos casos había un entorno familiar qué proteger y si yo me negaba me podían denunciar por prevaricato", dice Vásquez.

De acuerdo con el ex superintendente las licencias que otorgó cumplieron con las normas de la SVS. Sin embargo, lo que hoy se cuestiona es que si bien algunos de los que solicitaron las licencias no tenían antecedentes y así cumplían con los requisitos de la SVS, era evidente que se trataba de personas cercanas a narcotraficantes, como en el caso de los familiares de los Rodríguez. Aunque la SVS es una entidad administrativa y no un organismo de inteligencia que tenga información propia sobre personas o empresas sospechosas, está en la capacidad de solicitar ese tipo de antecedentes a la Policía o a los organismos correspondientes.

Esto es algo que ha comenzado a hacer el nuevo superintendente. Con la base de datos de la SVS se están realizando cruces de información con los organismos de inteligencia para detectar empresas o personas con problemas judiciales o sospechosos que tengan departamentos o empresas de seguridad o carros blindados. "También se está acudiendo a la facultad discrecional que tiene el superintendente de no autorizar o revocar las licencias cuando existe aunque sea la más mínima sospecha sobre una persona o empresa", informó Sanín.

Estas medidas han permito que durante el último año se hayan cancelado las licencias a 36 empresas de seguridad y a 300 de los 1.700 departamentos de seguridad que existen. La misma revisión se está aplicando para los 9.800 permisos para carros blindados. Esto implicará que tampoco sus escoltas podrán portar armas semiautomáticas, como hoy autoriza la ley para departamentos y empresas de seguridad privada. La nueva ley de armas que está siendo discutida en el Congreso mantiene esta posibilidad vigente, pero como se está comprobando hoy, lo importante no es tanto qué permita la ley en teoría sino que ésta se aplique con estricto rigor para evitar que se creen aparatos de seguridad que terminen protegiendo a delincuentes o a sus allegados.
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