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Sede de la Fiscalía General de la Nación en Medellín.

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Seis capturas de funcionarios judiciales en Medellín

Se trata de un fiscal especializado, un auxiliar judicial, tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y otro del Departamento Administrativo de Seguridad de la capital antioqueña. Se les acusa de favorecimientos ilegales a cambio de dinero.

2 de septiembre de 2011

La Fiscalía General de la Nación informó que el viernes logró desmantelar una red delictiva que involucra a miembros de esa institución y del DAS en la venta de información reservada a abogados e irregularidades en el manejo de procesos, todo a cambio de retribuciones económicas.
 
El director Nacional de Fiscalías, Néstor Novoa, declaró a la prensa que las pesquisas se iniciaron hace más de un año a partir de un anónimo que hablaba en principio de presunto tráfico de armas hacia la guerrilla, pero que derivó en otras acusaciones.
 
Los agentes del CTI de la Fiscalía fueron los encagados de la detención de un fiscal, un asistente judicial, tres investigadores del CTI y uno del DAS,  investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y, eventualmente, prevaricato. 

Novoa, que no descartó que por estos hechos se produzcan más capturas ni probables vínculos con guerrilleros, manifestó que la organización actuaba supuestamente en conjunto con bandas criminales y de narcotraficantes, ya fuera dándoles información o cambiando decisiones a su favor.
 
Como pruebas se entregarán grabaciones de llamadas que involucran a los acusados realizadas a los largo del año que duraron las investigaciones, junto con otras evidencias. En la noche del viernes, los acusados comparecieron ante un juez de garantías.

El Director Nacional de Fiscalías dijo que la Fiscalia trabaja en la identificación de los abogados y personas que, aparentemente, habrían pagado por obtener esa información privilegiada.

En las próximas horas, el fiscal a cargo del proceso presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías de Medellín para legalizar las capturas, hacer la imputación de cargos y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.