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| 6/14/2015 12:00:00 AM

El ‘santuario’ violento de las FARC

Medio centenar de ataques terroristas se han registrado en Caquetá, Putumayo y Cauca desde que las FARC pusieron fin a la tregua unilateral.

Desde cuando las FARC pusieron fin a cinco meses de tregua unilateral, su ofensiva arreció, específicamente, contra seis departamentos del país: Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle y Chocó han sido víctimas de tres semanas en los que se han registrado medio centenar de ataques terroristas.

Producto de esa ofensiva, el saldo parcial es de ocho uniformados muertos, decenas de heridos, 400 desplazados, tres pueblos hostigados, una carretera destruida, atentados a la infraestructura petrolera y en tinieblas 900.000 habitantes tras la voladura de tres torres de energía.

La más cruenta racha de acciones criminales se concentró en menos de 72 horas, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, cuando fueron asesinados cinco policías, entre ellos el coronel Alfredo Ruiz Clavijo y su escolta; dejaron sin energía todo el departamento de Caquetá, y causaron una emergencia ambiental por el derramamiento de miles de galones de petróleo en Putumayo y Nariño tras repetidos ataques al oleoducto Transandino.

Además, todo apunta a que las FARC estarían detrás del atentado que se registró en la madrugada de este domingo en Buenaventura, donde la explosión de una granada causó heridas a 16 personas, entre ellas una menor de edad. Catorce días atrás, en esa ciudad, por donde se mueve la mitad de las exportaciones del país, habían derribado una de las torres de energía, lo que ocasionóo un apagón que se extendió por tres días con pérdidas que superaron los $3.000 millones.

Tumaco, en Nariño, también sufrió en carne propia el rigor de esta guerrilla, también atentados a torres de energía, el ataque a una ambulancia que llevaba dos civiles enfermos y la explosión de un artefacto contra una patrulla que se incendió con un agente en su interior, el cual murió calcinado.

Por si fuera poco, y en un aparente 'Plan Pistola' contra la fuerza pública, mataron a dos policías y un soldado en Miranda y Suárez, Cauca; y otro policía en el municipio de Cértegui, Chocó.

Esta escalada indignó a los colombianos y hasta motivó la reacción internacional. El periódico El País de España, el diario de habla hispana más influyente del mundo, le dedicó su editorial dominical al problema y pidió “acelerar el diálogo de paz” porque “los recientes choques armados (…), demuestran el peligro de dilatar en el tiempo la negociación”.

Todos esos hechos reflejan dos cosas: que la tregua unilateral de las FARC sí tuvo un efecto esperanzador entre los colombianos (habían olvidado la crudeza de la guerra) y que el suroeste del país sigue siendo el vórtice de la lucha contrainsurgente.

Quienes analizan la dinámica del conflicto armado coinciden en asegurar que pese a la reciente escalada armada de la guerrilla, esas cifras siguen lejos de igualar las acciones violentas de años anteriores al inicio de los diálogos en la Habana.

Recuerdan que antes del cese unilateral de hostilidades decretado por las FARC el 20 de diciembre del 2014, ese mismo año se declararon otras cinco treguas y eso ayudó a bajar la intensidad del conflicto; “sólo en el 2011 se presentaron 2.148 acciones armadas, eso significa que en promedio se realizaron 179 acciones por mes”, dijo Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación (PARES). Asegura que durante la tregua se registraron 91 acciones armadas y de ellas 12 fueron violatorias de la tregua.

Todo eso en conjunto podría explicar el por qué los colombianos se han vuelto más sensibles a la violencia de las FARC, pese a que las cifras aún están por debajo de los registros históricos.
 
El otro interrogante es ¿por qué esa guerra parece enquistada en el suroeste del país?

Migración guerrillera

El fenómeno tiene varias explicaciones y empezó desde el 2003 con la puesta en marcha del Plan Patriota en el sur del país, que tenía como propósito arrebatarle el dominio territorial que la guerrilla ejercía en departamentos como Meta, Caquetá y Putumayo.

Esa arremetida obligó la migración de los subversivos hacia nuevos ‘santuarios’ que hallaron en Nariño, Cauca, Valle y Chocó, donde ya hacían presencia, pero con menor intensidad. Allí no sólo encontraron las selvas de la Cordillera Occidental para ocultarse y el piedemonte costero, sino un corredor estratégico que les permite mover tropas, armas y coca desde el centro del país, hacia el mar Pacífico, “es una región que ofrece una retaguardia segura para la guerrilla”, comentó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Quizá por ello en esa zona del país se concentró toda la estructura del Bloque Occidental de las FARC, que cuenta con cerca de 1.500 rebeldes (el 20 % de toda la organización) en cuatro bloques, 11 frentes, dos compañías y siete columnas móviles, entre ellas las míticas Jacobo Arenas, Daniel Aldana y Mariscal de Sucre. A lo que se suma la presencia de los tres frentes del ELN y bandas criminales como Rastrojos y Urabeños.

De hecho, fue en las montañas de Cauca donde las Fuerzas Militares abatieron en el 2011 a Alfonso Cano, máximo jefe de esa guerrilla. Y fue en Cauca donde ocurrió la masacre de los 10 militares que obligó al Gobierno reactivar los bombardeos contra las FARC en abril pasado; y en esa misma región sucedió hace un par de semanas el bombardeo en el que murieron 27 subversivos, entre ellos alias ‘Jairo Martínez’, vocero de las FARC en los diálogos de La Habana.

Y en Nariño esa guerrilla ha cometido crímenes aleves contra la fuerza pública, como el reciente ataque a la patrulla donde iba el coronel Alfredo Ruiz Clavijo, comandante de la Policía de Ipiales que junto al patrullero Juan David Marmolejo fue ajusticiado “con tiros de gracia”, según lo reveló el general Rodolfo Palomino, director general de la Policía.

En ese mismo departamento ocurrió otro de los actos que más se han condenado: el secuestro y el asesinato de los policías Germán Méndez Pabón y el Edílmer Muñoz Ortiz, que se encontraban en labores sociales con las comunidades rurales de Tumaco.

Pese a la amenaza de los bombardeos, el suroeste es de las pocas regiones del país donde la guerrilla aún se agrupa y arma campamentos. Por otro lado, tiene como estrategia evitar la confrontación armada con el Ejército y recurre a la vieja táctica de 'golpes de mano', es decir, atentar y huir, “incluso ya no usan a sus miembros, sino que le pagan cualquier peso a un menor de edad para que nos ataquen”, explicó un oficial que comanda una brigada en esa región del país.

Frente a un rival con ese perfil, a la fuerza pública no le queda otro camino que los bombardeos y la inteligencia para anticipar golpes, capturar a sus cabecillas y desarticular redes de apoyo.

Detrás de esa tarea está todo un contingente militar llamado Comando Conjunto Suroccidente, compuesto por una División, cinco Brigadas, 36 Batallones y varias Fuerzas de Tarea Conjunta, que son comandos élites dedicados a perseguir y combatir a la guerrilla. Y aunque superan a las FARC en tropas, armas y tecnología, la guerrilla sigue causando daño.

Coca y oro


“Ellos seguirán intentando controlar esta zona porque aquí encontraron su fuente de financiación: coca y oro”, explicó el general William Torres, comandante del Comando Conjunto Suroccidente. En efecto, el suroeste esconde esas bondades naturales que atrajeron a los grupos armados ilegales: la coca y la minería. El censo del 2013 que monitorea los cultivos ilícitos en Colombia muestra que de las 48.000 hectáreas sembradas con coca, el 39 % está en el suroeste, y Nariño lidera el ranking, “y el municipio más cocalero es Tumaco”, explicó el senador Antonio Navarro, oriundo de esa región.

Y en Cauca se presenta el mismo fenómeno de ilegalidad, pero con las minas de oro, cuya explotación controla la guerrilla, especialmente en Timbiquí y Guapi. La Inteligencia militar tiene claro que mientras la columna móvil Daniel Aldana en Nariño es la que más dinero le produce a las FARC por cuenta del narcotráfico, en Cauca el Frente 29 hace lo mismo pero con la minería ilegal.

Y a esos factores naturales se suma otro: la pobreza. Líderes sociales, religiosos y políticos coinciden en que ese problema es determinante en el conflicto y parte de la razón por la cual “este territorio se convirtió en refugio de esos grupos”, explicó Gustavo Girón, obispo de Tumaco.

La verdad es que casi todos los indicadores sociales alarmantes se concentran en el Pacífico colombiano. Por ejemplo, cuatro de los diez municipios más pobres del país están en Chocó, según informe del DANE en el 2011. Y las dos regiones que lideraban los índices de pobreza y pobreza extrema en el 2013 eran Chocó y Cauca. De acuerdo con Acnur, los tres departamentos con mayor desplazamiento masivo durante el 2013 fueron Antioquia, Chocó y Nariño, este último también puntea las cifras de víctimas por minas antipersonal, en el 2015.

Tal vez por todas esas injusticias sociales la región, en especial Cauca, fue escenario de diversos brotes revolucionarios como el mismo M-19, el Quintín Lame, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Aún hoy la zona padece la crudeza de manifestaciones sociales alrededor de la propiedad de la tierra, como la que lideran comunidades indígenas y afrocolombianas.

Fuentes de inteligencia militar creen que ese escenario ha sido el caldo de cultivo perfecto para que la guerrilla desarrolle “su trabajo político en comunidades para nutrir sus redes de apoyo”. No obstante, esa visión suena injusta si recordamos que han sido los indígenas quienes han liderado frentes de resistencia civil contras las acciones de las FARC y han pagado con sangre esa postura.

Feliciano Valencia, líder de la guardia indígena de la comunidad Nasa en Cauca, expone una razón más polémica de por qué la guerra se enquistó allí: “La guerrilla manda señales muy concretas de que están interesados en este territorio para el posconflicto”.

Lo cierto por ahora es que mientras todos esos factores se mantengan, el suroeste seguirá siendo el vórtice de la guerra en Colombia y algunos se atreven a vaticinar que el problema persistirá, incluso aún después de firmarse un eventual acuerdo de paz.
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