Sábado, 22 de noviembre de 2014

| 2013/02/23 02:00

Semáforo en rojo en el tránsito nacional

Una empresa que tiene ‘amarrado’ a todo el tránsito del país con el ‘software’ que vende está en la mira de varias contralorías, que han detectado que su sistema es vulnerable y el registro poco fiable. ¿Quién está detrás?

Quipux ganó el primer contrato en Rionegro, con el aval del entonces ministro de Transporte Juan Gómez y cuando el grupo Coraje, cuyo jefe entonces era Fabio Valencia, tenía el poder en la Secretaría.

Una inspección de la Contraloría de Medellín prendió las alarmas sobre algo extraño que estaba ocurriendo con las cuentas del tránsito en esa ciudad: encontró que entre abril de 2011 y septiembre de 2012 ingresaron 118.000 millones de pesos por multas, licencias y otro tipo de trámites, pero la Secretaría de Tránsito solamente reportaba 93.000 millones. Es decir, no aparecían registrados 25.000 millones. ¿Para dónde se va esa suma? ¿Queda en los bancos a nombre de quién? ¿Quién la retira?

Los investigadores encontraron que las oficinas de Tránsito de Medellín funcionan como rueda suelta. Operan con un software que se llama Qx-Tránsito que maneja una empresa privada (Quipux) y que, contrario a lo que exige el contrato, no comparte información con la Secretaría de Hacienda.

En principio esto podría considerarse como una mera equivocación. Pero el problema es que, según pudo establecer SEMANA tras un rastreo en esa zona del país, hay otras contralorías que han puesto los ojos sobre la manera como funciona el software de esta empresa. En Armenia, por ejemplo, los investigadores encontraron que ese sistema guarda los registros en archivos de Excel, los cuales se pueden modificar fácilmente. Con el agravante de que –como en Medellín– en Armenia los ingenieros de la empresa tienen el control absoluto de la información. La Contraloría de Armenia fue tajante al decir que el sistema del tránsito “es totalmente vulnerable a mediaciones tanto en reportes como al ingreso a la base de datos”. Y la de Medellín llamó la atención porque dicha información “puede ser transformada para favorecer intereses de terceros”.

En igual sentido se pronunció la Contraloría de Antioquia al estudiar los ingresos de la Secretaría de Tránsito de Copacabana. En su informe dice: “Se evidenció inexactitud en los reportes del sistema QX, con respecto a la información que sobre el mismo concepto relaciona la Tesorería Municipal”. La plata que entró a las cuentas entre abril y agosto de 2009 fue inferior en un 35 por ciento a la registrada en el sistema.

En Manizales, al igual que en los casos anteriores, la Secretaría de Tránsito lleva sus cuentas en el sistema de Quipux. En 2008, la Contraloría de esa ciudad encontró que no era efectivo. Es tal la dependencia de esta empresa, que en Yarumal (Antioquia) los registros de licencias de conducción estuvieron suspendidos durante tres años por incumplimiento de pagos a Quipux.

El gerente de Quipux, Darío Amar, dijo a esta revista que desconocía esas observaciones y que las responsables directas de lo que pasaba eran las secretarías de Tránsito. “Nuestro negocio consiste en proveer un ‘software’ y cada municipio puede contratar actualizaciones anuales, pero cada secretaría maneja el sistema libremente”, explicó. Sin embargo, uno de los informes de la Contraloría precisamente señala que el sistema “tampoco es confiable porque los ingenieros de la concesión tienen acceso total a las tablas de la base de datos”.

En Colombia la mayoría de las oficinas de tránsito operan con este sistema. Lo usan 236 organismos , el Ministerio de Transporte, el Simit, 19 direcciones territoriales deTránsito, 250 centros de diagnóstico automotor, 465 centros de enseñanza y 286 centros de reconocimiento de conductores, según reportaba hasta hace poco su página web.

¿Cómo se convirtió en el mayor proveedor del sistema del tránsito en el país? El investigador de una Contraloría dijo a SEMANA que no habían indagado al respecto porque su origen era político y este aspecto se salía de su competencia. 

Quipux fue creada en 1995 en la Notaría Primera de Rionegro (Antioquia) por Hugo Alberto Zuluaga, con un capital de 1’500.000 pesos. En aquel entonces, las secretarías de Tránsito habían ganado una batalla y lograron que se descentralizaran tareas como la de expedir placas, licencias de conducción y certificados, labores que antes hacía directamente el Ministerio de Transporte. Esto les permitía tener ingresos por los vehículos de su jurisdicción. El Ministerio les exigió empezar a proporcionar la información de su trabajo en medios magnéticos. Esto abrió la puerta para que Quipux entrara al negocio. Su primer cliente fue la Secretaría de Tránsito de Rionegro. 

La historia de la empresa coincide con la de un grupo de políticos conservadores que estaba en apogeo en aquel entonces. La Secretaría de Tránsito de Rionegro era la cuota de este partido y el hombre fuerte en aquel municipio era el entonces representante a la Cámara Humberto Tejada. Hacía parte del grupo Coraje, liderado por Fabio Valencia Cossio. Otro conservador, Juan Gómez Martínez, era ministro de Transporte, y fue quien finalmente dio el visto bueno al sistema que ofreció Quipux en Rionegro. Eso avaló su entrada al negocio y sus contratos se regaron por todo el país. Respecto a estas coincidencias, el gerente Amar dice que “a esas personas que me está mencionando las conocemos porque salen en los periódicos”. 

Los concejales de Rionegro hicieron álgidos debates en los que cuestionaron la participación de esta empresa en los negocios del tránsito. No se trataba solo de la compra de un software, sino que Quipux entró a hacer parte de una unión temporal que se llevaba una gran porción de los ingresos. “Teníamos una secretaría autosostenible que incluso reportaba ingresos al municipio. Pero se alió con un privado y ahora nos tocaba asumir el gasto administrativo y operativo de la secretaría y compartir los ingresos con un privado”, dijo a esta revista un concejal que hizo un debate sobre el tema en aquel entonces.

Más tarde Quipux tuvo nuevas oportunidades de negocio. Primero con el Sistema de Información de Multas de Tránsito (Simit), que creó la Federación Colombiana de Municipios gracias a que el Código Nacional de Tránsito de 2002 lo autorizó. La Federación, a cambio, recibe el 10 por ciento del pago de las multas que se imponen en todo el país. En Bogotá esto desembocó en un largo lío jurídico porque dicha federación le pasó una cuenta al Distrito de 80.000 millones de pesos por concepto de multas pagadas entre 2002 y 2009. El pleito finalmente se resolvió y el resultado final fue la salida de Bogotá de la federación. 

¿Y Quipux que tiene que ver con esto? El informe a la contratación en Bogotá –liderado por Carlos Vicente de Roux– dice que “en 2009, el Simit fue entregado en concesión a un consorcio conformado por Taborda Vélez y Quipux, entre otros”. Y, en seguida, vuelve a aparecer el nombre de Valencia Cossio: “Detrás de la operación estuvo la Federación de Municipios, que es dirigida por Gilberto Toro, cercano al exministro Fabio Valencia Cossio”. Amar advierte que conoce a Toro, por ser quien los contrató, pero no por una relación política.

Quipux no solo es socio sino que también fue el proveedor del software en el que se registra la información del Simit. Por este contrato también Quipux se ha visto en el ojo del huracán. La Contraloría de Itagüí, por ejemplo, encontró inconsistencias entre los datos de la Secretaría de Tránsito y el Simit, a pesar de que ambos sistemas operan con software suministrado por Quipux. La diferencia fue de unas 11.000 multas más en el Simit, que no aparecían en la Secretaría porque ya habían prescrito, por las cuales la Federación cobró su respectivo 10 por ciento. “Lo que veo aquí es un error de operación. Poner a los sistemas de uno y otro lado a compartir la información es una aplicación adicional”, explica el gerente de Quipux.

El exministro Fabio Valencia Cossio  dijo que no tiene ninguna vinculación con transporte y que no conoce a Quipux. Y sobre la Federación de Municipios dice que desde que Toro se vinculó a la Federación no ha tenido ninguna relación con él. No obstante, dos de los hermanos de Fabio, sobre todo Rubiel, ya fallecido, y Ramiro, que fue asesor del Grupo Taborda, han tenido relación con el sector. 

El otro gran negocio en el que participa Quipux es en el Runt. Primero, en consorcio, participó en la licitación en 2006 y perdió. Pero después se asoció con otras dos firmas para comprar 49,9 del negocio ya otorgado. Una de ellas es Taborda Vélez, que ha sido polémica en el mundo de los contratos de Tránsito, y el otro socio es Juan David Ángel Botero, quien será acusado por la Fiscalía por las irregularidades en la recolección de firmas del referendo para la relección del expresidente Álvaro Uribe.

Este nuevo sistema de registro se vendió como una solución para unificar los datos de todos los vehículos del país, sus propietarios y sus infracciones. Esta vez, la Contraloría General en un informe de 2010 hizo serias observaciones:  “El Ministerio perdió el control sobre los trámites realizados y consecuentemente sobre los ingresos que debe percibir de los Centros de Enseñanza Automovilística y de los Organismos de Tránsito”. Uno de los pecados del concesionario, según el informe, es que no cumplió su obligación de permitir que los funcionarios del Ministerio consultaran a diario la información registrada en el Runt, a pesar de reiteradas solicitudes.

Y lo más absurdo es que en el primer año de operación del Runt, en 2009, los ingresos del Ministerio disminuyeron en casi 20.000 millones de pesos. Esto, porque cada municipio debe entregarle al Ministerio el 35 por ciento del dinero que cobra por expedir licencias y placas. Pero, extrañamente, las tarifas que aparecían registradas en el Runt, en las que se basan para cobrar aquel porcentaje, eran inferiores y eso ocasionó la disminución de los ingresos.

Por último cabe anotar que Quipux está detrás del negocio de las fotomultas en Medellín y de otras ciudades. Los alcaldes están felices porque les venden la idea de recoger miles de millones de pesos de los pecadores de las vías. De hecho, en Medellín, habían presupuestado que en menos de un año impondrían un millón de multas con cámaras por toda la ciudad. Pero no alcanzaron la meta. Y lo más paradójico es que este esquema de Gran Hermano ha servido más para que un privado gane plata que para reducir la accidentalidad.

Así pues, Quipux –una empresa que nació hace menos de 20 años en un pueblo de Antioquia– se ha convertido en protagonista de un sistema de organización y cobros del tránsito en el país, que según los reportes de distintas contralorías no está dando los mejores resultados. Que una empresa logre semejante posición en el agreste terreno de la contratación pública y sin padrinazgos políticos, como dice su gerente, es una sorpresa. ¿Quién está detrás? 

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