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| 10/24/1988 12:00:00 AM

SEMANA DE PASION

Paros, pedreas, bombas, secuestros y ataques guerrilleros, en siete días que estremecieron al país.

Dos regiones fronterizas, Nariño y Guajira, fueron epicentro la semana pasada de movilizaciones y paros que terminaron en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. Como si fuera poco, en Urabá continuó la huelga general de los trabajadores del banano (ver recuadro).
En Tumaco, lo que empezó como una movilización para protestar por la falta de energía eléctrica, terminó con una propuesta de separación de Colombia, ante la tradicional negligencia del Estado para atender las permanentes demandas de ese puerto del Pacífico. Dos días después, los maestros de Pasto organizaron una marcha de protesta en solidaridad con sus paisanos de Tumaco y acabaron en huelga en medio de una inusual declaratoria de toque de queda, impartida por un gobernador que acababa de renunciar.
El miércoles los pacíficos habitantes de Riohacha organizaron un paro cívico por la misma razón por la que siempre se organizan los paros cívicos en Colombia: servicios públicos. El paro culminó en pedreas, bombas caseras, un buen número de detenidos y algunos heridos. Aunque la piedra fue el elemento común en todas las protestas, no faltó quienes pretendieran convertir los escenarios de los paros en verdaderos incendios. La Alcaldía, la Caja Agraria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Seguros Sociales, el Concejo Municipal, los juzgados y las oficinas de Registro en Tumaco fueron el blanco de las bombas "molotov".
Por su parte, los pastusos, a punta de piedra, destruyeron completamente los bancos y juzgados de Pasto. Las bombas no alcanzaron a ser activadas, porque las autoridades detuvieron a varios terroristas. En Riohacha, la Caja Departamental, el ICA, Corpavi, el FER y el Instituto de Seguros Sociales fueron también rescatados oportunamente de manos de los enfurecidos manifestantes.
LA CUOTA DE LA GUERRILLA
Pero el fuego no logró detenerse en otras partes del país. El miércoles 21 de septiembre el ELN se encargó de poner en el territorio nacional su sello explosivo y en Bucaramanga colocó un carro-bomba frente a las instalaciones de la II División del Ejército cuyo comandante es Farouk Yanine Díaz. Dos guerrilleros dejaron rodar un jeep Toyota para que se estrellara contra las rejas de acceso a la II Brigada, pero al ver que el carro se desviaba abrieron fuego contra el jeep para hacer estallar la dinamita que llevaba. Los militares respondieron el fuego y en medio de la balacera se escuchó el estruendo del carro. La rápida y eficaz intervención de los bomberos evitó que se produjera un incendio de grandes proporciones. El ataque dejó totalmente destruídos cinco carros y nueve casas. Cinco civiles y cuatro militares resultaron heridos.
Pero este no fne el único ataque guerrillero. El lunes 18 en el Caquetá, un asalto guerrillero a la población de Morelia dejó un saldo de dos policías muertos y 12 heridos. En una operación conjunta, un centenar de hombres del las FARC y el M-19, a punta de rockets y granadas, dejaron prácticamente destruída la subestación de policía. Luego, colocaron cargas de dinamita en la carretera y volaron algunos vehículos militares que habían salido en su persecución. A los ataques de Bucaramanga y Morelia se sumaron dos emboscadas, una en el Cauca y otra en la intendencia del Putumayo, cuyo resultado fue la muerte de seis policías.
Y como si esto no fuera suficiente, en la madrugada del jueves 22, 15 hombres fuertemente armados ataca ron en Barranquilla la base de la FAC. Aunque las autoridades intentaron disminuirle importancia al hecho, pues no hubo víctimas ni mayores destrozos materiales, el suceso puede considerarse osado. La base de la Fuerza Aérea se encuentra prácticamente en las narices del batallón Vergara y Velasco de la II Brigada del Ejército y del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.
DEL OTRO LADO
Si las acciones guerrilleras y los movimientos populares pusieron su cuota en la ola insurreccional, los grupos de derecha no parecen haberse quedado atrás. A comienzos de la semana, fue asesínado Alfredo Gómez Doria, concejal de la Unión Patriótica en Remedios, Antioquia, quien además había sido candidato popular a la Alcaldía de esa población y había participado en las negociaciones del paro cívico del nordeste antioqueño del año pasado. El caso de Gómez Doria se suma a los de 14 personas más, todas comprometidas en alguna forma con ese paro, y asesinadas posteriormente. El secuestro tampoco faltó: dos miembros de la UP fueron secuestrados en Antioquia y en la población de Tarazá, el segundo vicepresidente del concejo, su suplente y el secretario de Acción Comunal desaparecieron sin que hasta ahora nadie conozca su paradero.
En cualquier parte del mundo, hechos como estos no sólo pondrían a toda la población con los pelos de punta, sino que con seguridad producirían medidas especiales de emergencia. Sin embargo, en Colombia, donde la violencia es pan de cada día, estos sucesos se inscriben dentro de una situación grave, pero que no por grave deja de ser normal. Y aunque los llamados a la ínsurrección hasta ahora no han pasado verdaderamente a mayores, lo que si es una verdad de a puño es que si el gobierno no toma cartas en el asunto y sigue dejando de la mano de Dios a regiones como la Guajira y Nariño, llegará un momento en que las chispas pasarán a convertirse en un extendido e inapagable incendio nacional.
EL CASO DE URABA
La carnetización obligatoria impuesta a los trabajadores del banano de Urabá por la jefatura militar de la zona, fue la chispa que volvió a polarizar, la semana pasada su situación política y laboral. 26 mil trabajadores, agrupados en siete sindicatos del sector agroindustrial, paralizaron sus labores desde el día 15 para presionar la derogación de esa medida, paro que ocho días despues, no solo no se había resuelto sino que se convirtió en paro cívico, que afectó casi en un 100% los cuatro principales municipios de la zona. Aparte de la toma de la alcaldía de Apartado por unos 300 campesinos y la quema de un campero de Unibán, no hubo desordenes públicos como los que se registraron en Tumaco, Pasto y Riohacha, pero las pérdidas económicas para los empresarios bananeros, y en divisas para el país, sí fueron gigantescas: $3.800 millones en solo una semana de parálisis, según lo reveló Augura, el gremio que agrupa a todos los bananeros. Esta cifra esta representada en la fruta que se dejo de exportar, en los llamados "fletes falsos" y en la suspensión de los trabajos de mantenimiento, sin contar las pérdidas, no calculadas aun, que va a generar el avance de la sigatoka negra, plaga que solo se controla fumigando día de por medio los plantíos.
La carnetización de los trabajadores es una medida que el jefe militar de la zona, general Jesús Armando Arias Cabrales ha tratado de imponer desde que asumió hace tres meses ese cargo. Es en realidad una medida mas política que laboral, y con ella se busca controlar la presencia de personas ajenas al oficio en las plantaciones. Los empresarios la respaldan, pero los sindicatos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para derogarla, y eso lo demostraron con el paro. Argumentan que el trámite de la carnetización en la Brigada incluye datos personales y familiares, lo mismo que señas particulares, y consideran peligroso suministrarlos. Lo consideran una "reseña colectiva". Estan de acuerdo, sí, en que esa carnetización la hagan los dueños de las fincas y en otros términos, pero no la jefatura militar.
Lo que gravita en el fondo de esta situación, son las secuelas que han dejado las varias matanzas ocurridas este año en Urabá, por las cuales el mismo DAS sindicó a varios militares del Batallón Voltígeros, que habrían colaborado en reseñar -o señalar- a los campesinos que luego fueron asesinados.
El paro estallo justo el día que se cumplió el plazo para la carnetización, a la cual muy pocos se acogieron. Lo que siguió después fue el clásico círculo vicioso: los sindicatos anunciaron no levantar el paro si no caía la carnetización y el gobierno no aceptaba diálogo si no se levantaba el paro. Entre tanto los bananeros, que son los grandes perdedores en el conflicto seguían impotentes el desarrollo del paro. Para acentuar la presión, los sindicatos llamaron a un paro cívico general e indefinido. Se inició el jueves y hasta el momento de redactar esta nota, no se había logrado una fórmula de arreglo.
Con todo, lo que enseña este nuevo conflicto, es que cada vez Urabá se aleja más de las riendas del gobierno. Los sindicatos, cualquiera hayan sido sus métodos, han demostrado un poder real en la zona; la paralizaron otra vez en un abierto desafío a todas las advertencias. Y los empresarios bananeros, por su parte, esta vez también han ido más allá en el analisis de la situación y en la exigencia de fórmulas de solución. Afirman que lo que esta ocurriendo en Uraba tiene visos de insurrección y solicitan la cancelacíon de la personería jurídica a Sintagro y Sintrabanano, los dos sindicatos que agrupan al 90% de los obreros; a lo cual estos respondieron que eso no haría sino agravar todo.
El diálogo en Urabá, pues, es cada vez más sordo y el asunto de la carnetización no es más que otro peldaño de una escalera que no parece conducir más que al caos.
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