Semestre letal para la defensa de DD. HH.

En  lugar   de   amainar,   la violencia selectiva contra los activistas y los líderes sociales está creciendo. Pese a la promulgación de la Ley de Víctimas, a la cuantiosa inversión en esquemas de protección y al discurso oficial en su favor, para los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras y los dirigentes comunitarios, los primeros seis meses de 2013 fueron los peores en una década: 37 de ellos fueron asesinados. 

Este es el cuadro que arroja el nuevo informe del programa Somos Defensores, que desde 2002 lleva un registro de las agresiones de las que son objeto los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. El reporte correspondiente al periodo enero–junio constata, con nombres y apellidos, que este semestre ha sido el más letal para los defensores de derechos humanos desde que se empezaron a llevar estas trágicas cuentas. Fueron asesinadas ocho personas más que en igual periodo de 2012 (ver mapa y biografías de los caídos). 

De continuar los asesinatos al ritmo que van, este año superará a 2012, que, con 69 defensores de derechos humanos asesinados, había sido el más crítico desde 2002.

Somos Defensores registra una leve disminución en el número total de agresiones (154 este semestre frente a 163 en igual periodo del año anterior), que incluyen, además de los homicidios, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias y otras. Pero esa ligera caída global queda contrarrestada por la disparada del 27 por ciento en los asesinatos. Y las cifras de amenazas (86) y, en particular, las de atentados (21) son alarmantes. Quienes amenazan están pasando cada vez más ‘del dicho al hecho’.

En muchos de los casos el patrón es similar: primero desaparecen a la víctima, luego la asesinan y, finalmente, su cuerpo es encontrado abandonado en algún sitio. En otros, se trata de sicarios que llegan a la casa o que siguen a su objetivo. El informe destaca con preocupación “los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos”.

Capítulo aparte es la prevención. De los 37 asesinados, el estudio sostiene que 12 habían reportado amenazas y señala la “evidente debilidad institucional para dar seguimiento y control a la implementación de la política pública en derechos humanos”. 

Es alarmante que, pese a todos los cambios que hay en el discurso oficial a favor de la defensa de los derechos de las víctimas, el asesinato de los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras y los líderes indígenas, comunitarios y de víctimas no solo continúe sino que aumente a los niveles que se denuncian en este semestre.

El informe critica los costos del programa de protección oficial y que esta labor se esté entregando a empresas de vigilancia privada. De proteger a 7.500 amenazados se encargan 2.000 escoltas privados, que cuestan 10.000 millones de pesos mensuales. 

El programa funciona: “No han matado a un solo defensor de derechos humanos que nos hubiera pedido protección”, dice el director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar. Sin embargo, el informe recoge una crítica que se viene haciendo a la política oficial. Proteger a los amenazados con esquemas de seguridad, carros blindados y guardias armados es necesario, pero hace falta “apostar por mejores prácticas de prevención y efectividad de investigación para dar con los responsables de los hechos de amenaza y agresión”, dice.

Mientras reine la impunidad, el riesgo para las víctimas seguirá elevándose. Como dice Villamizar, “la mejor protección es que haya justicia” En su ausencia, los autores de la violencia están pasando cada día más de las palabras a los tiros. Para la muestra, el semestre más letal en una década para los defensores de derechos humanos.