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Alejandro Ordóñez. | Foto: Archivo SEMANA

CONGRESO

Senadores huyen para evitar debatir sobre Alejandro Ordóñez

De los 80 senadores que asistieron a la plenaria de este miércoles, más de la mitad abandonaron el recinto cuando en el orden del día llegó la carta de renuncia del procurador.

21 de septiembre de 2016

Aunque Alejandro Ordóñez completa dos semanas desde cuando se despidió de la Procuraduría, su nombre parece seguir inquietando al Congreso como si aún fuera el jefe de esa entidad. Este miércoles, la carta de renuncia a su cargo se asomó en el orden del día de la sesión plenaria del Senado y tan pronto se pronunció, de los 80 senadores que habían contestado el llamado a lista, más de la mitad desaparecieron del capitolio.

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A quien más puso en aprietos fue al presidente del Senado, Mauricio Lizcano (La U). La congresista María del Rosario Guerra (Centro Democrático) prendió el micrófono y lo acusó públicamente de “querer dilatar” el caso de la carta de renuncia de Ordóñez y de “no tener pantalones” para discutirlo en la plenaria. “Hoy se demoró una hora en llegar y lleva 15 días dilatando esto”, se quejó.

Lizcano había propuesto aplazar el tema de la renuncia del procurador y darle paso al controvertido proyecto sobre los impuestos de los licores. Sin embargo, la presión del uribismo llevó al presidente del Senado a reversar la decisión, ante el disgusto del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien se llevó las manos a la cabeza, pues también lleva dos semanas pidiendo al Congreso que apruebe su proyecto de ley.

“Hay dudas jurídicas -admitió Lizcano frente a esta situación-. No es una renuncia en la que una decisión voluntaria de separarse del servicio, sino es una renuncia porque le declararon nula su reelección”.

Para resolver el asunto, Lizcano nombró una subcomisión de senadores para que diera un concepto, y este miércoles sugirió a la plenaria no admitir la renuncia por ser improcedente e inoportuna. El problema es que mientras el Senado no admita la renuncia, Ordóñez no puede salir de su cargo.

“No podemos desconocer un fallo del Consejo de Estado que anula la elección del procurador y si aceptamos la renuncia, estaríamos desconociendo esa sentencia”, explicó el senador Juan Manuel Galán. Quienes piensan igual que él sostienen que es el Consejo de Estado quien tiene que dejar en firme su decisión judicial y anular la reelección de Ordóñez.

La subcomisión que estudio el caso examinó la forma como el Consejo de Estado notificó el fallo y las condiciones cómo Alejandro Ordóñez radicó su renuncia.

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Según la información entregada por la Secretaría del Consejo de Estado, Ordóñez fue notificado por buzón y correo electrónico, dentro de los tres días establecidos como término. En ese período un tercero interpuso una solicitud de aclaración, con lo cual el fallo quedó suspendido.

La nulidad de la elección de Ordóñez se conoció por boca del presidente del Consejo de Estado el pasado 7 de septiembre. Ese mismo día el procurador dio declaraciones en una rueda de prensa y admitió la decisión.

“A mi juicio, la renuncia del señor procurador es una renuncia motivada porque menciona el fallo de Consejo de Estado. En ese sentido es discutible que la renuncia sea libre y espontánea y que cumpla los requerimientos necesarios para admitir una renuncia de un funcionario”, agregó Galán.

Sin embargo, ante las contantes insistencias del uribismo, Lizcano tuvo que someter a votación la renuncia del procurador. Prefirió no presidir el debate y dejó la plenaria en manos de la vicepresidenta, Daira Galvis (Cambio Radical).

Cada votación en el Senado tiene un tiempo de 30 minutos desde cuando se abre el registro. Faltaban 20 minutos, aún el tablero electrónico registraba la presencia de sólo 32 senadores, de ellos 28 habían votado por aceptar la renuncia y dos rechazándola. En ese momento, en el recinto sólo se encontraban senadores del Centro Democrático y el Partido Conservador, pero las bancadas del Liberal, La U, Alianza Verde, el Polo, habían dejado sus curules vacías.

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No hubo decisión, pero la carta de renuncia de Ordóñez seguirá siendo un dolor de cabeza para el Senado.

“Lo que quieren es simplemente que el procurador quede como anulado sin que este Senado le acepte o le niegue la renuncia”, dice María del Rosario Guerra. “No es lo mismo que lo saquen del puesto, como le pasó al procurador, que salir por dejar el puesto, como quiere con la renuncia”, dice Claudia López. El tema parece ser cuestión de honor.