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| 5/18/2016 5:47:00 PM

Toros sí, pero con recursos y bienes públicos, no

La Comisión Primera del Senado se abstuvo de prohibir las corridas de toros, pero restringió la financiación pública de estos espectáculos y el ingreso a menores de 18 años.

“Ganar es perder un poco”. La frase del escritor William Shakespeare, pero que en el mundial de fútbol de 1994 adaptó a la realidad nacional el técnico Francisco Maturana, la vivió en carne propia este miércoles el senador Armando Benedetti (La U).

Había propuesto un proyecto de ley para prohibir todos los espectáculos con animales, corridas de toros, corridas de rejones, novilladas, corralejas, riñas de gallos y el coleo, pero en su primer debate, la Comisión Primera decidió “trasquilarlo”, como se dice en términos parlamentarios.

Los congresistas no respaldaron la prohibición propuesta por Benedetti, por el contrario, se decidió mantener vigentes los espectáculos taurinos. Sin embargo, se prohibió que este tipo de actividades –consagradas como expresión artística y cultural por la Corte Constitucional– sean financiadas con dineros del erario, se realicen en bienes públicos y asistan menores de 18 años.

La senadora Claudia López (Alianza Verde) fue quien promovió modificar el proyecto para eliminar la prohibición de facto que planteaba Benedetti.

“Yo no estoy de acuerdo con esa posición, me parece extrema. Esa posición invade la órbita privada de los ciudadanos que tienen en estas actividades una tradición cultural respetable; puede que yo no la comparta, pero no creo que el Estado pueda meterse a prohibirles las tradiciones culturales y a imponer visiones culturales a los ciudadanos”, explicó.

El texto quedó reducido a un artículo en el que se establece que ningún alcalde o gobernador podrá invertir recursos públicos para la promoción o difusión de este tipo de espectáculos. También se estableció la prohibición de bienes públicos para el desarrollo de actividades como las corridas de toros, el coleo, las corrralejas y las riñas de gallos.

Esta disposición generó un álgido debate. En Colombia hay 67 plazas de toros fijas, construidas precisamente para este tipo de espectáculos, entonces no podrían volver a ser utilizadas a la luz de esta futura ley.

Por ejemplo, el caso de la plaza de toros de Santamaría, que fue construida en 1927 con recursos privados pero que posteriormente pasó a la jurisdicción del Distrito, no podría ser habilitada para las corridas, aunque una sentencia de la Corte Constitucional del 2013 fijó un plazo a la Alcaldía de Bogotá para permitir los espectáculos taurinos, prohibidos durante la administración de Gustavo Petro.

Claudia López explicó a Semana.com que si la ley fuera aprobada como lo hizo la Comisión Primera, la plaza de toros de Santamaría, o cualquier otra plaza de toros que pertenezca a un municipio, no podría ser habilitada.

Sin embargo, para el debate en la plenaria, se llegó a un acuerdo para hacer claridad en ese sentido. “Llevaremos una posición más flexible. Y es que si el Municipio ya tiene bienes, por ejemplo una plaza de toros, que es para eso, para toros, puede seguir usando la plaza, pero no podrá invertir otro recurso adicional, en promoción o publicidad, simplemente para que no quede inutilizado un bien público, el Municipio que lo tenga podrá seguir usándolo para ese fin”, explicó la senadora de la Alianza Verde.

Eso significa, agregó la senadora, que no se podrán invertir recursos públicos, por ejemplo, en la manutención de las plazas, como pasó en el caso de la Santamaría de Bogotá, que la administración de Petro destinó cerca de 6.000 millones de pesos para reforzamiento estructural del escenario. Esas obras, en adelante -dijo López- deberán ser asumidas por los empresarios privados que administren los escenarios taurinos.

Alfredo Rangel (Centro Democrático) fue uno de los tres senadores (junto a José Obdulio Gaviria y Jaime Amín) que se opusieron a este proyecto, pues asegura que esta prohibición pondría en riesgo las ferias patronales que se desarrollan en el país.

Por ejemplo, el mundial de coleo que se celebra cada año en Villavicencio, las corralejas en los departamentos de la costa caribe y las corridas de toros en la región andina, que son los únicos espectáculos populares en algunos pueblos y municipios, se podrían ver afectados por esta decisión. “Si sólo se financian con dineros privados, se acabarían estos espectáculos”, asegura Rangel.

Pero las temporadas taurinas que se desarrollan en plazas como Cali, Manizales y Medellín no estarían en riesgo, pues son realizadas por empresas y con inversión privadas.

La prohibición del ingreso de menores de edad a este tipo de espectáculos también fue controvertida. Por ejemplo, en el debate se cuestionó qué pasaría con los menores de edad que se dedican al toreo.

Por eso, Armando Benedetti dice que sufrió una derrota, pues su proyecto fue trasquilado, pero también una victoria. Porque aunque no se aprobó la prohibición de las corridas de toros en el país, y los demás espectáculos con animales, sí se prohibió la financiación con recursos públicos y el ingreso a menores de edad.

En criterio del senador de La U, “a pesar de que me peluquearon el proyecto, hemos dado un paso importante”, dice. Entre otras, porque esas prohibiciones han sido adoptadas en otros lugares del mundo para desestimular la afición a este tipo de actividades. Por ejemplo, en Barcelona, la campaña contra las corridas de toros se inició dos décadas atrás con la prohibición de la subvención por parte de los municipios, y por prohibir el ingreso de menores de edad. En el año 2011 la capital de Cataluña decidió, en su parlamento, proscribir las corridas de su territorio.

Por eso Benedetti, aunque no consiguió el objetivo de prohibir las corridas, sí consiguió que el Senado aprobara dos mecanismos para desestimularlas.

En la sentencia c-666 del 2011, que declaró a las corridas de toros, las corralejas, el coleo, y las peleas de gallos manifestaciones culturales y artísticas arraigadas en la idiosincrasia colombiana, advirtió que este tipo de espectáculos deben ser permitidos pero no financiados con dineros públicos. Esa misma sentencia también dijo que ningún municipio o gobernación podría invertir dinero del erario para la construcción de nuevas plazas de toros. Este proyecto de ley pretende traducir esa disposición expresamente en una norma.

Una vez más el Congreso colombiano se abstuvo de prohibir los espectáculos con animales, pero ahora quiere que los recursos públicos, atendiendo las necesidades de la sociedad, no vayan a terminar financiando este tipo de actividades. Por eso Benedetti, y muchos animalistas, hoy diría que “perder es ganar un poco”.

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