Senado no se atrevería a quitarle fuero al fiscal

El pasado viernes 3 de octubre, a las 6:05 de la tarde, los senadores ponentes de la reforma al equilibrio de poderes radicaron la ponencia para dejarla a consideración de la plenaria del Senado. En la última de las 59 páginas aparecía la firma de los ponentes, salvo una, la de la senadora de la Alianza Verde Claudia López.

La razón es muy sencilla. Los senadores de la Unidad Nacional Hernán Andrade (conservador), Horacio Serpa (liberal), Carlos Motoa, Germán Varón (Cambio Radical) y Doris Niño (Opción Ciudadana) decidieron retirar del proyecto la fórmula de Claudia López sobre el Tribunal de Aforados.

Hace dos semanas, López se había apuntado un sonoro triunfo cuando convenció a la Comisión Primera del Senado para que aprobara la forma cómo deberían ser juzgados los altos funcionarios del Estado distintos al presidente y el vicepresidente de la República. A pesar de la oposición del Gobierno, López dijo que funcionarios como el fiscal general y los magistrados de las altas cortes debían ser juzgados en derecho, como cualquier ciudadano, y no tener juicios políticos que en su criterio terminan en la más absoluta impunidad.

La senadora, entonces, dijo que el Tribunal de aforados debía estar integrado por nueve magistrados, divididos en tres salas, y que adelantaran la investigación, el juicio, y la segunda instancia. Hoy, al fiscal y los magistrados los investiga la Comisión de Acusaciones y los juzga (políticamente) el Senado.

Ese artículo de Claudia López fue el que motivó la más dura andanada del fiscal Eduardo Montealegre en contra del actual Congreso. Calificó la reforma como una revancha del Legislativo contra las cortes por sus investigaciones de la parapolítica. Incluso llamó a jueces y fiscales de todo el país a movilizarse en contra de la reforma que discute el Congreso.

Aunque el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y algunos partidos políticos descalificaron las palabras de Montealegre, con el paso de los días el Congreso terminó, extrañamente, por darle la razón al fiscal. Quedó en evidencia que Montealegre no estaba de acuerdo con perder el fuero que actualmente le otorga la Constitución, casi idéntico al que tiene el presidente de la República, es decir, que sólo puede ser juzgado por el Congreso.

Pero no sólo el fiscal pelea por mantener su fuero. Los magistrados de las altas cortes también se alinearon con él. Por ejemplo, Leonidas Bustos, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, se opuso al tribunal propuesto por Claudia López, y por el contrario insinuó que se debería mantener la Comisión de Acusaciones.

Y aunque la idea de López fue muy bien recibida por la opinión pública, todo parece indicar que la plenaria del Senado se encargará de archivarla y darle preferencia a la fórmula que más gusta tanto al fiscal Montealegre como a los magistrados. Porque, según el texto de la ponencia, conocida por Semana.com, los ponentes presentaron un pliego de modificaciones al proyecto aprobado en primer debate. Y allí decidieron cambiar el tribunal de aforados.

“Acoger una propuesta como la aprobada en la Comisión Primera merece mayor tiempo de estudio y discusión, pues no podemos permitir desvirtuar la razón principal de ser del Tribunal de Aforados, la cual es impedir que por medio del arbitrio del enjuiciamiento la función judicial someta a los otros poderes”, dice la ponencia.

En consecuencia, el tribunal de aforados que propondrán Benedetti, Andrade, Serpa y los demás ponentes del Gobierno es que el Senado conozca las acusaciones contra presidente y vicepresidente de la República; magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, y fiscal general, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos.

Y el tribunal de aforados, integrado por cinco magistrados, sólo se encargaría de investigarlos. “Sería el único tribunal en el mundo que no juzgaría a nadie”, dice López. “Los magistrados y el fiscal quieren seguir siendo juzgados al estilo Samper”, cuestionó.

Este lunes, al término de un Consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al Congreso mantener su autonomía respecto a este proyecto. El mandatario no pronunció una sílaba sobre el tribunal de aforados, lo único que pidió fue que no le incluyeran más temas al proyecto.

Sin embargo, la propuesta de los ponentes respecto a este tribunal es la misma que presentó el Gobierno y que derrotó Claudia López. Esto significa que, para los intereses del fiscal y los magistrados, probablemente las mayorías parlamentarias jueguen a favor en la plenaria.

Y es que además hay un tema del que no se habla en público pero que incide en el trámite de este proyecto. Y es el temor de una posible “retaliación” que ronda de forma silenciosa en el capitolio cada vez que se trata de modificar a las altas cortes, especialmente a la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que son las que investigan a los congresistas. Eso, probablemente, se vea en el trámite de los impedimentos.

En el primer debate, 12 de 19 senadores presentaron algún impedimento, en su mayoría por tener investigaciones en las Cortes. En la plenaria, el universo de impedidos crecerá. Claudia López, que no firmó la ponencia, tendrá que luchar en solitario y con argumentos para mantener el tribunal de aforados que ella propone, que en la práctica plantea que los altos funcionarios del Estado también tengan juicios en derecho, como cualquier ciudadano del común.