Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/02/17 19:09

Una senadora rechaza la prohibición del porte de armas

La senadora Maritza Martínez envió al Mindefensa una carta en la que pide reversar el decreto que prohíbe el porte de armas, al menos en la Orinoquía.

En los últimos 20 años la tasa de homicidios en Colombia pasó de 65 a 25 por cada 100.000 habitantes. Foto: Archivo particular

El pasado 19 de enero, cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió prorrogar la restricción del porte de armas a nivel nacional, que él mismo había decretado para la época decembrina, Colombia se convirtió en el primer país del continente en prohibir, por un año, el uso de armas de fuego en todo el territorio, incluso con salvoconducto.

Santos sustentó esa decisión en los resultados que había recibido de la Policía y el propio Ministerio de Defensa, las cuales indicaban que entre el mes de diciembre y el pasado 20 de enero, la tasa de homicidios se redujo en 13 %, es decir, 146 muertes violentas menos respecto al mismo período un año atrás, según informó el propio ministro Luis Carlos Villegas.

Incluso, el presidente Santos, en su discurso en Washington durante la celebración de los 15 años del Plan Colombia, manifestó que el país pasó de ostentar el “vergonzoso campeonato mundial” en homicidios y secuestros a tener los “índices de estos delitos más bajos de los últimos 40 años”.

Las cifras así lo demuestran. En los últimos 20 años la tasa de homicidios en Colombia pasó de 65 a 25 por cada 100.000 habitantes, aunque, como lo admite el Gobierno, las cifras son altas y se ubican sobre el promedio del continente, que gira en torno a 15 muertes violentas por armas de fuego.

En buena parte, medidas de restricción al porte de armas han sido determinantes para esa disminución. El principal antecedente fue la decisión del alcalde Gustavo Petro, que decretó esta prohibición en Bogotá con resultados plausibles. La tasa de homicidios en la capital se redujo a los niveles más bajos de su historia reciente. En cuatro años pasó de 17,5 a 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, y se ubicó cuarta ciudad capital más segura del país, superada por Tunja (6), Pasto (13,8) y Sincelejo (16,2).

Sin embargo, la decisión del presidente Juan Manuel Santos, aunque bien recibida a nivel internacional, generó críticas en el país. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, fue el primer en advertir riesgos. Aquel 19 de enero, cuando Santos anunció la medida, afirmó: “La gente de trabajo en zonas rojas (de mucha violencia), mientras los bandidos hacen de las suyas”.

Ahora, Maritza Martínez, senadora del departamento de Meta e integrante del partido de gobierno, ‘la U’, se sumó a estas críticas y además le envió una carta al ministro Luis Carlos Villegas, esta semana, con una petición particular: reversar la prohibición del porte de armas con salvoconducto, por lo menos en los cinco departamentos de la región que ella representa, la Orinoquía (Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada).

La senadora, en diálogo con Semana.com, justificó su petición en que la resolución es “sorpresiva, improvisada e inconveniente” y ha generado “rechazo en la gente de bien” de la región.

Según Martínez, comerciantes, agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad comercial y económica en la zona rural de la Orinoquía, extensa y en determinadas zonas desolada, “están expuestos a que se incremente las situaciones de secuestro, hurto, y otros delitos” que, según la dirigente, en la región no se han superado.

“Entiendo los resultados, disminuyeron las cifras en materia de hurto y homicidio, pero no hay una cifra que indique que las armas con salvoconducto eran las generadoras de estos delitos”, considera la congresista.  

En Colombia, según cifras del Ministerio de Defensa, hay 900.000 armas con salvoconducto, 500.000 para uso, y 400.000 sólo con permiso de tenencia. La cifra contrasta con los 2,5 millones de armas ilegales que se estima circulan por el país. Los salvoconductos, en su mayoría, eran entregados por razones de seguridad y para defensa personal.  

“Soy una convencida del momento histórico del país, estamos en el preámbulo hacia un acuerdo que permita la paz y se debe empezar a generar una cultura de convivencia ciudadana –dice Martínez–. Pero no creo que se puedan improvisar medidas que afectan de manera tan directa y tan grave a la ciudadanía”.

La petición de la senadora no deja de ser controvertida. En manos del Gobierno estará la respuesta a esta preocupación.

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