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| 5/19/2014 12:00:00 AM

Hasta 40 años de cárcel pagarían responsables por tragedia en Fundación

Fiscalía imputará a Jaime Gutiérrez y Manuel Salvador el delito de homicidio culposo agravado por la muerte de 32 niños.

Este lunes el director nacional de Fiscalías, Luis González, anunció que al conductor del bus Jaime Gutiérrez Ospina y al pastor de la iglesia Pentecostal Manuel Salvador Ibarra les serán imputados por un fiscal delegado ante un juez de garantías en Santa Marta, 31 cargos de homicidio culposo agravados, luego de la tragedia que dejó varios menores incinerados en Fundación, Magdalena.

El funcionario manifestó que pedirán medida de aseguramiento contra ambas personas por considerarlos un peligro para la sociedad. Según fuentes del ente acusador, los dos señalados realizaron el trayecto durante cinco horas, pese a que el automotor presentaba una fuga de combustible en el carburador, lo que terminaría por desatar un incendio y la absurda tragedia.

Además, pondrán de presente ante un juez las protuberantes anomalías en las que operaba el bus: no tenía SOAT, revisión tecnomecánica vigente, transportaba ilegalmente pimpinas con gasolina, presentaba sobrecupo y, finalmente, fue irresponsablemente alimentado con carburante a motor abierto, con sus pequeños pasajeros a bordo.

Por si fuera poco, el conductor no tenía licencia de conducción y su nombre presentaba al menos siete comparendos interpuestos por las autoridades de tránsito. 

¿Quiénes son los dos señalados?

Manuel Salvador Ibarra es un abogado penalista costeño de más de 50 años de edad que era un integrante permanente de la Iglesia Pentecostal. Nunca prestó este servicio para la iglesia a la cual pertenecía. Quienes lo conocieron de cerca señalaban que es una persona muy comprometida con su iglesia y con la labor de predicación que realizaba en varios municipios de la costa caribe. 

Según las primeras informaciones, una hija suya fue una víctima mortal del incendio en el vehículo. Sin embargo, por labores de identificación no se ha tenido la plena certeza de que sea ella. Según la Fiscalía, Ibarra siempre contrataba los servicios de transporte para los menores, era el encargado de garantizar a los padres que sus hijos después de la celebración religiosa estuvieran en sus casas sanos y salvos. En varias ocasiones realizó la petición al conductor Ospina para que realizara el trayecto con los menores.

La Fiscalía evidencia en Ibarra una presunta complicidad y falta de prevención a la hora de contratar el servicio de transporte, en donde nunca por su parte fue verificada la procedencia del bus donde eran transportados los niños y mucho menos si el conductor tenía los documentos en regla para realizar este tipo de servicios de transporte.

Del conductor Jaime Gutíerrez Ospina, la Fiscalía ha podido establecer que es un conductor de 56 años cuya profesión plenamente identificada es la de mecánico automotriz. Al parecer, el conductor antes de recoger a los menores, el domingo, realizó varios viajes en inmediaciones del municipio de Fundación.

La investigación de la Fiscalía estableció que la buseta era modelo 1993, su última revisión técnico-mecánica había vencido hace dos años. En horas de la mañana del domingo, la buseta fue operaba mediante una ‘pimpina’ de gasolina con capacidad para cinco galones los cuales eran inyectados al mecanismo de carburación bajo gravedad. 

Según fuentes del ente acusador, estas dos personas, que serán imputadas en las próximas horas, no tienen derecho a ninguna rebaja de pena puesto que los delitos a menores de edad no contemplan ningún tipo de beneficio jurídico. Ahora el ente investigador apunta en la investigación a determinar cuáles eran las actividades de las directivas de la iglesia, quién hizo control al contrato de transporte y quién permitió el sobrecupo de la buseta. 

Por su parte, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, manifestó que en 10 días se tendrá plena identificación de los cuerpos de los menores, quienes fallecieron en su totalidad por “incineración con asfixia por sofocación e inhalación de gases”. 

“Los cuerpos de los menores necesitan una prueba de ADN para su plena identificación, la cual puede tardar hasta 10 días, por lo cual Medicina Legal y la Fiscalía dispusieron la entrega de los cuerpos en bóvedas con los números de los protocolos, para que se haga una ceremonia colectiva el día miércoles y las familias puedan pasar su dolor”. El mismo luto que siente todo el país por esta horrenda tragedia.
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