La polémica sentencia a los ‘cerebros’ de Interbolsa

Con total sorpresa recibieron las víctimas de Interbolsa y el Fondo Premium la decisión de un juez que aplicó la mínima condena a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, principales cabezas del descalabro financiero que más ha impactado al país en los últimos años.

Por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones (caso específico de la acción de Fabricato), el juez decidió que paguen cinco años y nueve meses. Por ser inferior a ocho años, podrán cumplir la condena fuera de establecimiento penitenciario, es decir, en detención domiciliaria.

Los abogados de las víctimas se declararon decepcionados, pues esperaban que ante el concurso de los delitos, el juez fuera más riguroso e impusiera la máxima condena aplicable. Al término de la audiencia señalaron que el juez, en lugar de aplicar un incremento de 104 meses –como podía en este caso– sólo la aumentó en 18 meses. Lo más desconcertante, sostienen, es que la Fiscalía, que lleva tantos años investigando el caso, compartió la decisión del juez y se declaró conforme con la condena.

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Pero Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz no se irán de inmediato para sus casas, pues el abogado de las víctimas, el exvicefiscal Francisco José Sintura, apeló la decisión. Es decir, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra, lo que tomará alrededor de un mes y medio. Entretanto, los dos responsables del descalabro del Fondo Premium seguirán en la cárcel.

Sintura considera muy benigna la condena, pues Jaramillo y Ortiz cometieron delitos que tuvieron un gran impacto en el país, alfectar a más de 1.000 víctimas y comprometieron la suma exorbitante de 350.000 millones de pesos. Pero, además, los responsables no mostraron voluntad de resarcir a las víctimas. Si no fuera por la acción de la Superintendencia de Sociedades y del liquidador del Fondo Premium, que embargó los bienes de varios involucrados, no habría dinero para devolverles a los defraudados inversionistas.

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El abogado Sintura señaló que esta condena ha enviado un mensaje muy negativo a la sociedad, que contrasta con la mayor severidad que ha proyectado el fiscal Néstor Humberto Martínez ante los delitos de cuello blanco como este. No hay que olvidar que la debacle de Interbolsa que arrastró al Fondo Premium generó efectos muy graves en el mercado de valores, a tal punto que durante muchos meses este disminuyó notablemente.

Ahora bien, Ortiz y Jaramillo tienen pendientes con la Justicia otros dos delitos relacionados con la captación masiva e ilegal de dinero del público y el no reintegro, cargos que no reconocieron. Por estos se encuentran con medida de aseguramiento preventivo. Sin embargo, por ley no pueden estar detenidos más de un año sin que se les inicie un juicio. Por lo tanto, si el Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia del juez del pasado viernes, saldrán inmediatamente a sus casas.

Todo indica que la condena de cinco años y nueve meses se acortará mucho más, pues hay que restarle los casi dos años que llevan en prisión preventiva. Adicionalmente, tendrán derecho a otras rebajas legales. Por ejemplo, cuando cumplan una tercera parte de la pena tendrán derecho a 72 horas de salida al mes y cuando lleven tres quintas partes podrán obtener la libertad condicional. Todo eso sin contar los beneficios por trabajo y estudio.

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Por otro lado, Ricardo Martínez, exgerente de Valores Incorporados, filial del Fondo Premium, también fue condenado el viernes a una pena inferior a cinco años, por lo que podrá gozar de libertad condicional. Martínez había logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía, por lo cual obtuvo este beneficio.

Lo más triste es que por el caso de Interbolsa, que sacudió el país a finales del 2012, hay pocas condenas. Rodrigo Jaramillo, presidente y fundador de la firma, cumple en su domicilio en Medellín una pena de siete años de cárcel. Clemencia Soto, exasesora comercial de la comisionista, paga cuatro años, también en su residencia. Johan Alexánder Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, recibió la condena más severa tras aceptar todos los delitos imputados por la Fiscalía. Paga 13 años de cárcel en centro penitenciario. Irónicamente, un mando medio se llevó el mayor castigo.

Tras conocer la condena de Jaramillo y Ortiz, abogados de las víctimas del caso de las libranzas se mostraron preocupados, ahora que comienzan los procesos en este otro gran escándalo. Como dijo uno de ellos, esas penas blandas no ayudan a luchar contra los delitos de cuello blanco, un mal que crece en Colombia.