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Alrededor de 15 agentes del CTI custiodaron a Andrés Sepúlveda, el hacker investigado por interceptación ilegal. | Foto: Daniel Reina

JUDICIAL

El hacker Sepúlveda vuelve ante un juez

La Fiscalía lo presentó para legalizar las más de 50 pruebas incautadas en su oficina y apartamento.

20 de mayo de 2014

El caso de las interceptaciones ilegales no para. Mientras surgía el revuelo por las declaraciones del español Rafael Revert, quien grabó el video del hacker con el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía continuaba en la investigación contra Andrés Fernando Sepúlveda.

Por esa razón, el hacker asistió este martes al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. La razón de su asistencia era acudir a la audiencia en la que una juez legalizó a las pruebas recopiladas durante los allanamientos al apartamento y a la oficina del polémico hombre. 

No son pocas las evidencias contra Sepúlveda. En la diligencia a puerta cerrada, denominada de ‘control de legalidad’, se presentaron entre 55 y 57 pruebas, según el abogado Bernardo Alzate, defensor del hacker. 

Dentro de los elementos materiales probatorios encontrados por el CTI, se incluyen teléfonos móviles, sim de celulares, cinco discos duros de 180 gigas de capacidad, ocho computadores de alta gama y cerca de 10 memorias USB. Igualmente fueron encontrados documentos y contratos de la empresa de Sepúlveda, al parecer con personalidades del escenario político nacional.

Pero hay más. Alzate manifestó que todavía quedan unas pruebas por presentar a la juez, pero que el trámite se hará a medida que los forenses las suministren. 

Al ser interrogado sobre un eventual preacuerdo, el defensor de Sepúlveda explica que cierran ninguna puerta pero que esperarán el desarrollo del proceso para conocer cuál será el paso a seguir. 

“Como la defensa no conoce el interrogatorio ni las pruebas, es prematuro asegurar que se buscará un acuerdo”, aclaró Alzate.

Sepúlveda es el hacker señalado por la Fiscalía de estar al frente de una oficina al norte de Bogotá dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y de haber amenazado la seguridad nacional al monitorear irregularmente información relativa al proceso de paz de La Habana. 

A pesar de las acusaciones en su contra, prefirió quedarse en silencio a la salida de la diligencia y salió de Paloquemao protegido por aproximadamente 15 hombres del CTI de la Fiscalía.

A Sepúlveda le fueron imputados cargos de violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y espionaje. Desde entonces fue privado de la libertad con medida de aseguramiento y permanece recluido  en el búnker de la Fiscalía, por motivos de seguridad. 

La defensa del hacker señaló en su momento que Sepúlveda ha trabajado "para diferentes políticos, congresistas y senadores, así como para los anteriores presidentes de Colombia", además de otros importantes personajes en México, Honduras, Venezuela.

Según lo dijo el fiscal general, Eduardo Montealegre, Sepúlveda es un ingeniero que desde una oficina de un edificio de la calle 93B con 17 en el norte de Bogotá manipulaba ilícitamente correos electrónicos cuya finalidad era "interferir" y "afectar" el proceso de diálogo entre la administración Santos y la insurgencia.