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Las Cementeras del sur - Bogotá. Las canteras de Holcim, Cemex y el Arzobispado en el sur de Bogotá han puesto en problemas a los barrios vecinos., según el estudio. La explotación de grava y arena de 319 hectáreas impacta al rio Tunjuelito. Una inundación en 2002 dejó cientos de damnificados, y como para controlarla el Distrito desvió las aguas hacia las canteras, las empresas demandaron al Estado. Gustavo Petro quería prohibir estas minas en la capital. | Foto: León Darío Peláez

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Pesadilla ambiental

La tragedia de la sequía en el Casanare coincide con la publicación de un estudio en el que Colombia aparece como el segundo país del mundo con más conflictos del medioambiente.

29 de marzo de 2014

Si alguna imagen caracterizó la semana pasada no fue Santos haciendo campaña, ni Petro despidiéndose de la Alcaldía, ni el avión perdido en el mar, sino la tragedia de cientos de chigüiros en el Casanare agonizando de sed en medio de otros centenares de animales muertos en una tierra árida resquebrajada por la sequía.  El espectáculo definitivamente evocaba el titulo de la canción de Carlos Vives “La tierra del olvido”. Pero como no hay mal que por bien no venga, ese drama de la naturaleza ha servido para abrirle los ojos a los colombianos de la dimensión de los problemas ambientales del país y crearles conciencia de la necesidad de hacer algo. 

Y el Casanare no es el único lugar donde la naturaleza sufre. Esta semana se hizo pública una investigación que enumera los conflictos ambientales del planeta con un ranking de los países que más padecen estos flagelos. Colombia ocupa el primer lugar del continente y el segundo del mundo. El Atlas Global de Justicia Ambiental, financiado por la Unión Europea, registra 1.000 conflictos significativos, de los cuales el país tiene 72. Solo la India, con 102, lo supera. A Colombia le siguen Brasil y Nigeria con 58; Ecuador, 48; Turquia, 45; España, 35 y Estados Unidos, 34. 

Ese “decoroso segundo lugar” para uno de los países más biodiversos del planeta es por decir lo menos un fuerte campanazo. Colombia tiene problemas ambientales en casi todas las regiones. El Atlas reseña, entre otros, las fumigaciones con glifosato, los madereros en el Chocó, los hoteles en el Tayrona y la hidroeléctrica el Quimbo (ver recuadros). Y lo que llama la atención es que casi la mitad de todos los casos señalados en el estudio están relacionados con la extracción de dos minerales: el oro y el carbón. 

El río que se perdió por el oro - Zaragoza, Valle del Cauca. La minería ilegal ha arruinado prácticamente el río Dagua, reseña el Atlas. A punta de dragas y barequeo, se cree que más de 8.000 personas y 300 retroexcavadoras le han sacado las entrañas al río que hoy ya perdió su color y la pureza de sus aguas.

La minería es la principal fuente de despojo de la naturaleza en todos los rincones. Tal vez uno de los principales retos que enfrenta el país es cómo manejar el dilema entre el desarrollo económico y la conservación de sus recursos. Hasta el momento va ganando lo primero. “El crecimiento económico del país se ha dado a costa de la destrucción de una parte de las inmensas riquezas que tenemos”, señala Claudia Martínez, directora de la Alianza Clima y Desarrollo. El Atlas da cuenta de la validez de esa afirmación. Según el estudio en Colombia el sector minero energético incrementó su participación en el PIB de 2 por ciento al 11 por ciento entre 1975 y 2012 y la inversión extranjera en el sector extractivo pasó del 14 por ciento en 1994 al 55 por ciento en 2012.

El profesor de la Universidad del Valle Mario Pérez, quien hace la reseña de Colombia en ese estudio, señala que “hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos”. El informe destaca que en el gobierno de Álvaro Uribe se crearon el 63 por ciento de los conflictos ambientales existentes. En ese periodo los títulos mineros aumentaron de 2.000 a 8.000. La explosión fue tan brutal que el exministro de Minas, Carlos Rodado, describió como una “piñata” la forma como fueron adjudicados esos títulos. Esa repartija se dio en los parques naturales, en los páramos y en los humedales. Por eso, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo que el país estaba “ad portas de una catástrofe ambiental”.

Juan Manuel Santos prometió en su gobierno revertir esa tendencia. Cerró la ventanilla para entregar nuevos títulos mientras “reordenaba la casa por dentro”. Pero es poco lo que ha podido ordenar. Ni siquiera en los temas de bulto hay claridad. Por ejemplo, el título minero en el Parque Yaigoje Apaporis, que tiene la canadiense Cosigo en la selva amazónica, lleva casi cinco años sin solución por conflictos con las comunidades indígenas a la espera de un fallo de la Corte Constitucional. Es tan grave lo que pasa allá que Wade Davis, el explorador de National Geographic, sentenció que “una mina en el Apaporis es como construir un pozo de petróleo en la Capilla Sixtina”. También hay pujas por cuenta de proyectos como La Colosa en el Tolima, Marmato en Caldas, la operación de Drummond en el Cesar y Santa Marta y la explotación de Cerromatoso en Córdoba.

Los Líos de Drummond - Cesar y Santa Marta. La empresa carbonera tiene varios de los conflictos del ranking. Los hoteleros la acusan de que el polvillo de ese mineral ha afectado sus playas. También reseñan las consecuencias ambientales y sociales que su operación ha tenido en La Jagua de Ibirico, el municipio donde está la mina. Los habitantes soportan un aire contaminado y la riqueza del carbón no se ha traducido en riqueza para el pueblo. Foto: León Darío Peláez / Semana.

Parte de la explicación de que Colombia tenga tantos de estos conflictos está en la debilidad institucional del sector ambiental. Aunque el presidente Juan Manuel Santos se posesionó con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la verdad es que su cartera verde no ha tenido prioridad ni continuidad. Han pasado cuatro ministros en cuatro años. Santos hizo algo muy positivo al separar el Ministerio de Ambiente del de Vivienda, pues Uribe los había fusionado. La  primera ministra, Beatriz Uribe, se encargó de hacer ese proceso, pero en su gestión primó más la vivienda.

Frank Pearl lideró proyectos importantes, pero el presidente lo encargó simultáneamente de los diálogos con las Farc. Su reemplazo, Juan Gabriel Uribe, periodista y político, no tenía experiencia en ese tema. La ministra actual, Luz Helena Sarmiento, es la primera que tiene conocimiento técnico pues había sido la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por otro lado, aún no ha podido ser presentada al Congreso una de las banderas del presidente, la gran reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), que tramitan el 95 por ciento de los permisos ambientales del país.

Colombia, que en el pasado había sido un ejemplo mundial en conservación, ha perdido en los últimos años esa conciencia. Hasta el final del siglo pasado, el país siempre había estado en el top 10 del índice de manejo ambiental de la Universidad de Yale con Columbia.  En 2010 pasó al puesto 17, en 2012 al 27 y en 2014 al 85. Los resultados de este índice ni siquiera salieron en los medios. Como dijo el exministro Manuel Rodríguez, “hay gran preocupación nacional por mantener el puesto cinco en la Fifa y ninguna por su lamentable puesto 85 en el desempeño ambiental”. Aunque ese bajonazo tiene algo de injusto pues en parte obedece a cambios en la metodología, llama la atención que los resultados no hayan dado para un debate nacional. Colombia también aparece en otros rankings y estudios menos honrosos. Hoy es el primer emisor de mercurio de América, según Naciones Unidas. Un reciente estudio, financiado por Usaid, alertó que en 2030 una quinta parte de la Amazonia colombiana desaparecerá y otro estudio del Ideam sostiene que en 30 años el país perderá todos sus nevados.

El agua o el oro - Santurbán, Santander. Los bumangueses detuvieron a punta de marchas el megaproyecto de la GreyStar (hoy EcoOro) para extraer ese metal precioso de sus páramos. Esta semana sale la delimitación del páramo que ha tenido en vilo al sector minero y ha generado todo tipo de conflictos entre los habi-tantes de los pueblos, las empresas, los ambientalistas y el gobierno. Foto: Guillermo Torres / Semana.

Muchos colombianos no entienden por qué si el país es tan rico en naturaleza, vive situaciones como la sequía del Casanare. La verdad es que el agua es un factor clave de conflicto. Se calcula que del total de agua dulce de la Tierra solo el 1 por ciento es potable. La otra está en el mar, los glaciares, las aguas subterráneas. Según The Economist, Colombia es uno de los nueve países que tiene el 60 por ciento de este recurso. Pero ese privilegiado lugar también está en peligro. Hasta finales de los años noventa, el país era el cuarto país con mayor cantidad de agua dulce disponible por habitante del mundo. Pero, el crecimiento de la población y la degradación de sus ecosistemas bajaron al país al puesto 24. La distribución del agua es muy desigual, por eso 21 millones de colombianos viven en zonas donde existen dificultades en el suministro, el 53 por ciento de la población no tiene acueducto y el 82 por ciento no tiene alcantarillado. Y los conflictos se generan cuando no es claro quién debe primar en el uso de la que hay, como en el caso del Casanare (ver siguiente artículo) donde hay una clara disputa entre la industria petrolera y los campesinos por la poca agua disponible en este momento.

Para la ministra Sarmiento, los conflictos ambientales son positivos porque enriquecen el debate en un país en donde el desarrollo, por cuenta de un conflicto armado de 60 años, llegó en un momento en el que el mundo ya tenía una conciencia ambiental. “No hay ningún otro país en el continente en que la disputa por los recursos naturales esté tan ligada a la guerra”, sostiene el ambientalista Rodrigo Botero.  Y por ejemplo, la minería ilegal, que destruye cientos de bosques y ríos, no se ha podido frenar precisamente porque financia a varios grupos armados que la defienden a tiros. Por eso, Carlos Lozano, asesor de la organización Aida, agrega que “buena parte de la guerra acontece en zonas inmensamente ricas en recursos naturales”.

Quizá por esta razón la violencia es una de las principales formas de resolver los problemas ambientales. El estudio registra 105 muertes, desapariciones y amenazas relacionadas con este tema. En Colombia defender el agua o los páramos puede costar la vida. El año pasado, por ejemplo, fue asesinado César García, el campesino que se oponía al proyecto minero en La Colosa. También le pegaron un tiro a Reinel Restrepo, el párroco de Marmato, quien lideraba la oposición a una mina de oro. Y eso para no mencionar los 40 guardaparques que han muerto en los últimos años o al líder indígena Kimy Pernía, que se oponía a la represa de Urrá, a quien Carlos Castaño mandó a asesinar.

Todo lo anterior curiosamente había sido objeto de interés y preocupación más para el resto del mundo que para los colombianos. Las recientes tragedias ambientales como la sequía del Casanare y los 12 días de incendio en Unguía, Chocó, han puesto en los titulares de los noticieros de televisión el país de la tierra del olvido. Ojalá ese campanazo sirva para que  los colombianos se den cuenta que lo que se está definiendo hoy es el país que le van a dejar a las futuras generaciones. El gran biólogo de la evolución, Edward Wilson, decía que la biodiversidad es a Colombia lo que el petróleo ha sido para Arabia Saudita. El país todavía no se ha dado cuenta de esa riqueza. 

Los hoteles del Tayrona - Santa Marta, Magdalena. La intención de la cadena hotelera Six Senses de construir una sede en el parque Tayrona generó una ola de rechazo en las redes sociales. La directora de Parques Naturales, Julia Miranda, ha liderado la idea de que el ecoturismo se haga en las comunidades vecinas de las zonas protegidas para conservar mejor esos refugios. Los hoteleros insisten en las cortes poder desarrollar sus proyectos. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana.