Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1990/03/05 00:00

¿SERA UN FIASCO LA CUMBRE?

No parece fácil conciliar las posiciones con que Barco y Bush llegarán a Cartagena. Un análisis del politólogo Juan Gabriel Tokatlian, especial para SEMANA

¿SERA UN FIASCO LA CUMBRE?

Las informaciones en torno a la próxima cumbre andino-estadounidense de Cartagena se ha concentrado, casi exclusivamente, alrededor de los temas de seguridad y protección para los mandatarios allí convocados. La agenda de discusión de la reunión parece no despertar mucho interés. Esa impresión surge cuando se evalua el cubrimiento de los medios de comunicación colombianos en relación al "gran" encuentro sobre el problema de las drogas.
Tomemos algunos ejemplos: a finales de 1989 llegó al país Bernard Aronson, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, y le entregó al presidente Virgilio Barco el borrador de la posición norteamericana para la cumbre. ¿ Hubo algún medio que se interesara por averiguar y difundir su contenido? Recientemente se llevó a cabo un cónclave preliminar colombo-peruano-boliviano-norteamericano en Santa Cruz, Bolivia, para fijar criterios y unos lineamientos básicos antes de Cartagena. ¿ Alguien analizó esa cita y sus resultados? El gobierno colombiano, en tres tomos de 392 páginas, elaboró lo que considera un " programa especial de cooperación" para la comunidad internacional con fines de lograr apoyo en su lucha contra las drogas. El monto del proyecto es de US$1.774.503.889 solicitandose a las contrapartes externas US$1.184.987.858 de ese total para 1990-95. ¿ Existió motivación para estudiar esta iniciativa y si era razonable o no, acertada o limitada?
Podrían sumarse más hechos relevantes en cuanto a este tema y, posiblemente, llegaríamos a la misma conclusión: la Cumbre de Cartagena pareciera llamar la atención por su valor simbólico y no por sus consecuencias para los intereses nacionales del país. Sin embargo, en realidad, estamos ante un punto de quiebre ante una situación que puede significar un viraje trascendental en la denominada"guerra contra las drogas".
Al hacer un seguimiento de la prensa escrita de Perú, Bolivia y Estados Unidos, y de los debates que allí se han producido, aparecen señales e indicadores interesantes que ameritan una evaluación rigurosa a escasos días de la reunión de Cartagena.En esa dirección, se ubican estos comentarios.

LOS PROBLEMAS
Las dificultades que parecen rodear a esta cumbre, en términos de lograr un probable consenso, son varias. Observadores y analistas han señalado que el documento estadounidense es genérico, ambiguo e intrincado. Los problemas mayores se identifican en tres terrenos. Primero, la cuestión de la demanda es menciónada pero sólo a manera de reiterar que el "flagelo" de los narcóticos es un asunto global que involucra a países productores, procesadores, distribuidores y consumidores. No hay nada serio en cuanto a que hacer para controlar el apetito norteamericano por las drogas. Ello parece ser del resorte individual del gobierno norteamericano. Los gobiernos andinos deben apreciar las "sugerencias" de política de parte de Estados Unidos para sus naciónes, pero no hay espacio para una doble vía. Como Washington no acepta la legalización controlada ni la descriminalización paulatina, entonces allí se acaba lo que los países andinos pueden llegar a insinuar y propiciar a nivel de acción doméstica en Estados Unidos.
De hecho, hay mucho que se le debe pedir a la Casa Blanca para que haga efectivo su compromiso interno contra los narcóticos. Las medidas adoptadas para verificar el lavado de dólares son pobres y fácilmente burlables. Según la ley antinarcóticos de 1988, los bancos deben informar acerca de depósitos de US$10.000 y más. Tal como lo admitiera el Attorney General, Dick Thornbourgh, lo que ha sucedido es que se han multiplicado los depósitos por valor de US$9.990. Si el gobierno norteamericano no hace realmente más en relación con el circuito financiero estadounidense que lava de US$100.000 millones a US$120.000 millones al año la lucha contra los narcóticos será superflua. Además, es el momento para que Estados Unidos tome acciones más notorias y eficaces en cuanto a los precursores químicos. La solicitud de informes temporales a las compañías comercializadoras de éter o acetona (entre otros precursores) es insuficiente. Dichos productos deberían considerarse como esenciales, vitales y de significación estratégica, tal lo ocurrido con otros bienes sensibles -por ejemplo de la industria de la informática- para que no lleguen a "manos enemigas", es decir, a países del bloque socialista. De lo contrario, el negocio de los químicos seguirá creciendo sin controles adecuados. Adicionalmente, es intolerable para América Latina aceptar que alguna agencia estatal norteamericana tenga el poder de capturar en territorio latinoamericano ciudadanos colombianos, peruanos o del país que fuera. Washington no puede creer que ello es admisible en la región.
Segundo, la retórica de la colaboración económica parece no traducirse en cifras concretas o en medios prácticos de cooperación. Aparte de lo solicitado en septiembre pasado en el plan del "zar" de las drogas, William Bennett, (US$2.000 millones para Bolivia, Perú y Colombia para los próximos cinco años) no han surgido propuestas de envergadura. Como lo que el Ejecutivo norteamericano pueda brindar directamente en asistencia está ligado a las apropiaciones futuras del Legislativo, entonces no se asumen compromisos recursivos masivos y definitivos. Y como seguramente -tal lo ocurrido en la década de los ochenta- la continuidad de la provisión de ayuda se supedita a algún criterio de eficacia unilateralmente establecido por el Congreso norteamericano, entonces resulta gaseoso el verdadero nivel de determinación del Ejecutivo para ofrecer recursos cuantiosos. Paralelamente, y en cuanto a otros donantes -por ejemplo, Europa- u otros compromisos -por ejemplo, de la banca privada- la Casa Blanca sólo puede ofrecer "buenos oficios" de persuasión pero nada más. Informaciones emanadas de la reunión de Santa Cruz indican que podrían existir concesiones en el área de la deuda, pero no es clara la mecánica, ni el monto, ni a partir de cuando, ni sujeto a qué. El esquema de "deuda por drogas" puede ser poco efectivo, si detrás de esa propuesta se insiste en imponer en contraprestación férreos planes de ajuste y austeridad: lo que se gana por un lado se puede perder por el otro con más población desempleada, mayores presiones sobre el aparato productivo andino y menos capacidad para salir de la crisis mediante recetas neoliberales.
En realidad, el argumento ya clásico de los límites presupuestarios en Estados Unidos es relativo. El dilema en torno a recursos es parcialmente un problema pero no un presupuesto sólido en el cual basar una política. En medio del fin de la "guerra fría", la administración Bush insiste en proponer un presupuesto militar anual cercano a los US$300.000 millones como si nada hubiera variado en la última década. El gobierno republicano, contrario a la regulación y favorable al libre juego del mercado, ha decidido usar US$ 160.00 millones de los contribuyentes norteamericanos para salvar a los Savings and Loans privados; entidades cuasi-bancarias en situación de colapso total. Hacia el futuro, se cree que el rescate de estas instituciónes costará más de US$300.000 millones. Pero para la lucha contra los narcóticos, fenómeno que Washington ha definido como de seguridad naciónal, se destinan aproximadamente sólo US$10.00 millones. Es por tanto una coyuntura propicia para ponerle seriedad y decisión a la estrategia de enfrentar las drogas. Los recursos existen. Lo que no parece nítido y evidente es la definición de prioridad para Washington en cuanto a la lucha antinarcóticos.
Tercero los datos disponibles indican que la mayor insistencia norteamericana se coloca en el área de la militarización creciente en el combate contra las drogas. Represión y mano dura en los polos de producción y procesamiento con mayor involucramiento de las fuerzas armadas parecen ser el corolario de iniciativas que se perfilaban al finalizar la administración del presidente Ronald Reagan y que han ganado un gran impulso en lo que va del gobierno del presidente George Bush .En breve ello conducirá a la "andinización" de la "guerra contra las drogas" y al marginamiento de otras alternativas basadas en el fortalecimiento instituciónal de los países de la subregión.
Mientras los gobiernos andinos hacen énfasis en lo asuntos comerciales,financieros,judiciales, para frenar la inestabilidad generada por el enfrentamiento contra el problema de los narcóticos, Washington parece más, interesado en comprometer a las turzas castrenses en la resolución del asunto de las drogas; lo cual no tiene antecedentes de ser la vía más eficaz para solucionar dicho problema.

DIFICULTADES ANDINAS
Lamentablemente, no parece existir una posición unívoca, sólida y consistente entre Bolivia, Perú y Colombia. Ello por diversas razones.Primero, tradicionalmente ha primado la fragmentación en dos direcciones: debido al tratamiento norteamericano país por país y caso por caso, para maximizar su propia posición e intereses y debido a que cada gobierno busca un mejor posicionamiento individual para conquistar mejores concesiones del gobierno estadounidense. En la actualidad, los tres países andinos comparten puntos de vista en ciertas áreas, pero no han integrado sus políticas particulares a una política común. En algunos casos, los problemas que confrontan son distintos por su lugar diferencial en la red del negocio mundíal de las drogas. De alguna manera, las demandas y necesidades son diversas de acuerdo a lo que cada administración ha definido como la principal manifestación nacional del fenómeno de los narcóticos. De allí que, lo que potencialmenle podría unir agendas diferentes, pero con prioridades generales similares, no ha conducido aún a una postura mancomunada y concertada.
Segundo, las disparidades actuales entre los tres gobiernos andinos se han tornado notorias. La administración de Jaime Paz en Bolivia, en esencia, sigue alineadamente las iniciativas de la Casa Llanca en esta materia. Su nivel de cuestionamiento es bajo. La administración de Alan García en Perú asume en el discurso posiciones de controntación frente a Washington, pero no tiene la capacidad recursiva para sostenerlas. No parece estar muy conforme con ciertas propuestas de acción de Estados Unidos, pero la situación interna generada por las drogas es de tal magnitud que le será difícil evitar las presiones norteamericanas. La administración de Virgilio Barco es la que tiene mayor margen relativo de maniobra para cuestionar las posibles iniciativas unilaterales del Ejecutivo norteamericano y es el único país con un proyecto alterno claro, por lo menos en lo que hace a los asuntos económicos. Pero si Bogotá no busca una estrategia más unificada con sus pares andinos -que lo puede hacer en la coyuntura actual por lo menciónado- a mediano plazo, compartirá con ellos los costos que se puedan derivar de la aceptación sin crítica de la estrategia estadounidense .
Tercero, las informaciónes que han trascendido del borrador norteamericano parecen sugerir que, de hecho, se han buscado más "soluciones" bilaterales con los tres países andinos en el marco de una retórica multilateral, que un acuerdo-marco general entre los cuatro países; que a su vez pudiera traducirse en el referente para un accionar conjunto interamericano. Ello, indudablemente, debilita las posibilidades de concertación intraandina y potencia las probabilidades de un complejo ajedrez de juegos de suma cero entre cada país y el gobierno de Estados Unidos. De la reunión de Santa Cruz parecen haber emanado criterios más afines entre Bolivia, Perú y Colombia, aunque no lo suficientemente unánimes. Ojalá se llegue a Cartagena con posiciones más firmes y consensuales entre los tres gobiernos .

EL PLAN COLOMBIANO
El esfuerzo realizado desde la Presidencia para elaborar un plan concreto de asistencia es realmente alentador. No obstante, no parece ser un proyecto lo suficientemente audaz, teniendo en cuenta los enormes costos que ha sufrido el país con su participación solitaria en la "guerra contra las drogas". El realismo político indicaría la existencia de una enorme oportunidad -quizás la última- para maximizar los potenciales y reales beneficios que el país amerita por todo lo realizado hasta el momento. La estrategia adoptada para hacer frente a este problema internacional de las drogas puede cuestionarse desde diversos ángulos, pero ello sería relativamente inútil: se aceptó la racionalidad de la "guerra" y con ello sus consecuencias. Sería bueno y provechoso hacer un balance de dicha estrategia, pero este no parece ser el lugar y el momento para hacerlo. En todo caso, Colombia ya ha hecho mucho en el combate contra las drogas y no puede asumir que debe dar pruebas permanentemente de su esfuerzo y desangre. Lo que si sería lógico es evaluar el sentido de la propuesta del Ejecutivo colombiano.
Parece correcta la solicitud de mayores recursos externos en las dimensiones del desarrollo industrial y agroindustrial (US$423 millones sobre el total de (US$1.184 millones) y para el Plan Naciónal de Rehabilitación (US$324 millones). Sin embargo, es magro lo requerido para el fortalecimiento de la justicia; US$81 millones en un quinquenio. No sera posible estimular un mejoramiento sustantivo del aparato judicial del país (fundamental para la estabilidad institucional) con ese monto para cinco años. Pero la idea del proyecto carece de dos aspectos que podrían estimularse en las actuales circunstancias.
Primero, el gobierno parece timorato en su solicitud de asistencia internacional. Colombia puede pedir, seriamente, mucho más, sea porque en realidad el país la necesita con urgencia, sea como carta de transacción por todos los efectos sufridos en está década en la lucha contra las drogas. Colombia podria pedir para el país, sin rubor, entre US$8.000 millones a US$10.000 millones para los siguientes cinco años. Y un quinto de esa suma debería destinarse a la modernización y al reforzamiento de la justicia.
Segundo, tendría que haber un balance recursivo para el crecimiento del sector privado y para el fortalecimiento del Estado. Sin duda, el tema cafetero y el de otros productos de exportación, como las flores, están en la mira del Ejecutivo para que el país continúe desarrollando su estructura industrial y agraria legal. En esa dirección, el fomento de la capacidad productiva y exportadora nacional es fundamental. Pero tan prioritario o más es darle fuerza y recursos al Estado porque, en gran medida, por su debilidad fue posible la expansión del fenómeno del narcotráfico. Y no exactamente fuerza es sinónimo de más armas, y recursos es igual a más elementos para militarizar el enfrentamiento al problema de los narcóticos .

A LA ESPERA DE CARTAGENA
Parece necesario tener expectativas mesuradas respecto a la cumbre de Cartagena. Será muy difícil lograr un consenso real en este encuentro. más esperable es un conjunto de declaraciones formales con un mínimo común denominador que no muestre fisuras o grandes contradicciones. No está de más recordar que Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos comparten preocupaciones similares en torno a la cuestión de las drogas. Sin embargo, ello no significa una identidad simétrica y total de intereses nacionales en juego, entre las cuatro partes. Las fricciones entre la subregión y Washington no desaparecerán con este cónclave. Podrán reducirse, pero no eliminarse. El tema de las drogas encierra conflictos, tanto en su diagnóstico como en la busqueda de soluciones.Reconocer esa realidad puede ayudar a evitar salidas unilaterales .Comprender esa realidad alienta la aceptación del disenso. Porque si el asunto de los narcóticos se define como un fenómeno internacional, entonces es hora de pasar del dicho al hecho y no soñar, torpemente, con soluciones de fuerza. La concertación real sólo será posible si no se pretende dar cabida a políticas imperiales que se interpreten en Latinoamérica, lo cual en nada favorecerá la resolución sensata y realista del drama mundíal de las drogas.

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