“Seremos implacables al defender al consumidor”

La labor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que hasta hace unos años pasaba de agache, hoy está más visible que nunca. El nuevo Estatuto de Protección al Consumidor le dio a la entidad herramientas para sancionar con mayor rigor a las empresas por sus prácticas comerciales indebidas. El superintendente, Pablo Felipe Robledo, quien apenas lleva diez meses en el cargo, está levantando ampolla en varios sectores con sus investigaciones y millonarias multas. Ahora alista un proyecto de ley para frenar las irregularidades en las elecciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio. Robledo habló con SEMANA. 

PABLO FELIPE ROBLEDO: La entidad históricamente ha sido muy activa en defender los derechos de los consumidores y la libre competencia, pero, sin lugar a dudas, en este momento son vitales los nuevos instrumentos legales que le dan dientes. El nuevo Estatuto del Consumidor permite imponer multas de hasta 1.200 millones de pesos frente al tope anterior de 60 millones de pesos. Con la nueva Ley de Protección a la Competencia las sanciones pueden llegar hasta 60.000 millones frente a los 1.200 millones del pasado. Esto lleva a que la gente se tome muy en serio las investigaciones que hace la entidad. 

P. F. R.: Cuando la capacidad sancionatoria de una entidad es irrisoria lo que hace no logra tener ningún tipo de impacto ni mucho menos prevenir las conductas ilegales de quienes vigila. Pero también se necesita mucha voluntad y decisión para investigar a todo aquel que viola la ley. 

P. F. R.: El mensaje es claro: la Superintendencia de Industria y Comercio será implacable en la defensa de los consumidores. Tenemos que ser decididos y contundentes porque el consumidor, así sea el más poderoso, está indefenso. Por eso esta entidad tiene que actuar de una manera muy ejemplarizante.

P. F. R.: Hay de todo, desde publicidad e información engañosa, entrega de menos contenido del que se anuncia, incumplimiento de promociones y de las condiciones de los productos y servicios, hasta la no efectividad de las garantías. 

P. F. R.: Impusimos multas cercanas a los 87.000 millones de pesos de las cuales 60.000 millones son por temas relacionados con la protección del consumidor y en temas de restricciones a la libre competencia las sanciones ascendieron a 26.000 millones de pesos. Esta es una de las entidades públicas que mejor maneja el cobro de sus multas. Si alguien no paga, iniciamos de manera  inmediata un proceso de cobro coactivo. 

P. F. R.: Lo hizo el 28 de diciembre de 2012. El Grupo Claro es muy juicioso pagando las multas que impone la entidad.

P. F. R.: Es una investigación a Comcel (hoy Claro) por la presunta violación de las normas de portabilidad numérica que implicarían una práctica restrictiva de la competencia. Lo que existe es el informe motivado del superintendente delegado al superintendente en donde le recomienda sancionar. En los próximos días se tomará una decisión. En el evento de que se acoja la recomendación del delegado, la sanción, según la ley, podría ser de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales (cerca de 60.000 millones de pesos). 

P. F. R.: No es un dolor de cabeza,  lo que pasa es que es un sector muy importante desde el punto de vista económico y el servicio se ha vuelto indispensable para los colombianos. Sin embargo, tengo que decir que estamos invirtiendo aproximadamente el 15 por ciento de nuestro presupuesto y el 10 por ciento de nuestra gente para atender los reclamos de los usuarios y tramitar las investigaciones en ese sector. También hay muchas investigaciones en el comercio (grandes superficies), muebles, servicios turísticos, cursos de idiomas, productos milagrosos y electrodomésticos, entre otros. 

P. F. R.: Desafortunadamente tenemos muchos casos en donde productores y comercializadores engañan a los consumidores entregándoles menos producto del que anuncian. El caso más complejo que fallamos en los últimos días es el de una empresa camaronera que anunciaba 250 gramos y solo entregaba 145. Cosas como esas no tienen explicación alguna.

 

P. F. R.: Estamos haciendo una fuerte labor en las estaciones de combustible y gas natural vehicular. La intención es que los consumidores al momento de tanquear sus vehículos puedan tener la seguridad sobre la calidad y cantidad del combustible y  que el precio anunciado corresponda al calibrado en el surtidor. Hemos hecho operativos en todo el país. En San Andrés encontramos una situación lamentable en tres de las cuatro estaciones de servicio. Ante las medidas cautelares de la Superintendencia se tomaron los correctivos y se solucionaron los problemas relacionados con la calidad del combustible.

P. F. R.: Tenemos más de 150 investigaciones en los sectores de telecomunicaciones, agro, servicios públicos, financiero y cementero.

P. F. R.: Sí, la iniciamos en enero de este año y se encuentra en indagación preliminar. Con los cementeros también estamos en un proceso preliminar. Próximamente se conocerán las decisiones. 

P. F. R.: La investigación contra los ingenios por un posible cartel o acuerdo para obstruir el mercado y repartirse las cuotas de participación está avanzando. Está próximo a empezar el periodo probatorio y después vendrá el informe del superintendente delegado al superintendente.

P. F. R.: La investigación por el nuevo esquema de recolección de basuras y la posible violación de las normas de competencia también se encuentra en periodo probatorio.  

P. F. R.: Tenemos 31 casos que implican revisar 312 contratos. Tenemos dos expedientes contra el Grupo Nule. Uno de ellos es por un contrato para la entrega de desayunos infantiles con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya tiene informe de recomendación del delegado al superintendente. En los próximos días se conocerá la decisión en torno a si se exonera o se aplica la máxima sanción de 100.000 salarios mínimos legales mensuales. El segundo expediente es por un contrato de Bienestarina del Grupo Nule también con el ICBF. Estamos investigando posibles colusiones en estas contrataciones, es decir, que varias empresas se ponen de acuerdo para manipular los procesos de licitación.

P. F. R.: Hemos tratado de hacer en cuatro oportunidades las nuevas elecciones y un carrusel de tutelas lo ha impedido. De cinco tutelas, cuatro han sido favorables a la Superintendencia. Estamos a la espera de un fallo de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá. Esperamos que respalde lo que hemos venido haciendo en defensa no solo de la legalidad sino de la moralidad. El Ministerio de Comercio, Confecámaras y la Superintendencia presentaremos en esta legislatura un proyecto de ley para mejorar la gobernabilidad y los sistemas de elección de las juntas directivas y presidentes de las cámaras de comercio. Queremos evitar que personas inescrupulosas se apoderen de estas entidades mediante estrategias tan imaginativas como ilegales. Las compañías deben tener una existencia previa de algunos años para que se puedan afiliar y votar, para  evitar que empresas de papel creadas a última hora puedan participar.