Sermón permanente

La Iglesia católica jugó un papel protagónico en 2006. Sus múltiples pronunciamientos en torno a asuntos de familia y de moral, así como sus numerosas declaraciones en materias política y social, permiten apreciar el dinamismo de un clero que se siente con la capacidad, y con el deber, de intervenir en los debates más candentes de la sociedad. En el año que culmina, el país conoció grandes controversias de tipos moral y político. Diferentes instancias jurídicas, con el respaldo de algunos sectores de la sociedad y de ciertos partidos políticos, tomaron decisiones trascendentales en torno al aborto y a los derechos de las parejas homosexuales. La Iglesia se pronunció también, a través de sus más altos jerarcas, sobre todos los asuntos de importancia transcurridos en el año.

Su protagonismo ha suscitado serias polémicas, pues muchos colombianos juzgan que las intervenciones del clero, particularmente en temas morales, no son más que un intento por imponer unilateralmente sus puntos de vista, lo que va en contravía de la Constitución de 1991. La nueva Carta Política, en efecto, sentó las bases de un Estado laico en el que, en nombre del pluralismo y del respeto a las minorías, los valores del catolicismo dejaron de ser una norma de seguimiento obligatorio para los ciudadanos.

En mayo, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos: violación, malformación fetal o grave riesgo para la vida de la madre. De esta manera se reconoció un derecho que diferentes grupos e instituciones venían solicitando en aras de asegurarle una mayor igualdad a la mujer. La medida fue puesta en práctica tres meses más tarde, cuando una niña de 11 años, violada por su padrastro, fue sometida al primer aborto autorizado por el Estado. El cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, aseguró, con su tradicional soberbia e intransigencia, que los médicos eran unos "malhechores y delincuentes", pues habían condenado a muerte a un ser humano. Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá, amenazó con excomulgar a las mujeres, a los médicos y a los jueces que practicaran o propiciaran el aborto, que no es más que "el asesinato deliberado del niño en el vientre de la madre". En ambos casos, las declaraciones de los prelados constituyen un claro desacato a las decisiones de los magistrados.

La llamada 'Ley Gay', aunque no ha sido aún aprobada, ha sorteado con éxito varios debates en el Senado. Se trata de un proyecto que pretende reconocer a las parejas del mismo sexo derechos patrimoniales y de seguridad social, iguales a los que ya existen para las parejas heterosexuales. La Iglesia católica, acompañada por otros movimientos religiosos, ha liderado la oposición, repitiendo sin cesar que se trata de una medida "antinatural", tras la cual se esconde la intención de legalizar el matrimonio entre homosexuales, lo que amenazaría gravemente el modelo de familia tradicional. Los argumentos del episcopado apuntan a defender la moral católica, lo cual sería inobjetable si el clero no quisiera hacer de ella la moral de todos los colombianos. Una vez más, la Iglesia se niega a reconocer los derechos de minorías históricamente discriminadas, lo que obstaculiza el desarrollo de una Constitución que quiso acabar con todo tipo de exclusiones.

Frente a los debates morales de 2006, la Iglesia mantuvo la misma firmeza que ha demostrado en el pasado: no se puede transar con lo que atenta contra la "verdad". De ahí la intransigencia del clero, pero también el desconcierto de sectores cada vez más amplios del catolicismo que se han alejado progresivamente de un discurso que parece insostenible y anacrónico.

En materias política y social, las posturas de la Iglesia muestran, por el contrario, una posición más "progresista". En su asamblea de febrero, la Conferencia Episcopal volvió a insistir en la necesidad de buscar una paz negociada, de luchar contra la pobreza y la corrupción. En términos concretos, el compromiso social y político de la Iglesia se observa en los reiterados llamados de atención para que los más ricos sean menos "indolentes" frente al drama social que vive el país; en su papel de "facilitadores" entre el ELN y el gobierno; en su decidida defensa del Derecho Internacional Humanitario, etc. Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, ha cuestionado al jefe de Estado por negar la existencia del conflicto armado o por sus reticencias con respecto al intercambio humanitario. Sin duda es una de las voces críticas frente a un gobierno que cuenta con un amplio respaldo. No todos los obispos comparten sus cuestionamientos. Pedro Rubiano, por ejemplo, ha sido un patrocinador permanente de la política de seguridad democrática y no dudó en apoyar la reelección de Uribe. Julio César Vidal, obispo de Montería, se ha convertido en uno de los más férreos defensores de las controvertidas negociaciones entre el gobierno y los paramilitares.

En una sociedad atravesada por innumerables problemas, la Iglesia católica, como cualquier otro actor, puede contribuir a consolidar un orden más democrático y más justo. El compromiso social y político asumido por el clero desde hace unos años apunta en esa dirección. Pero ello no basta, pues su obstinación por imponer a todos los colombianos sus propios valores no sólo la ha alejado de muchos católicos, sino del espíritu de tolerancia que caracteriza a la Constitución. Sin duda, uno de los retos que deben enfrentar las autoridades religiosas en el futuro inmediato consiste en aceptar las reglas de una sociedad que reconoce su diversidad y aspira a ser más incluyente.