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| 11/14/2016 9:35:00 PM

Gobierno se la juega por servicio militar de 18 meses

Aunque el presidente Juan Manuel Santos prometió en campaña acabar con la prestación del servicio obligatorio, la Cámara de Representantes está a punto de aprobar una iniciativa que lo ampliaría de 12 a 18 meses para los bachilleres

“Apenas finalice el conflicto se acabará el servicio militar obligatorio”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en 2014 cuando la campaña estaba apuntando a la segunda vuelta presidencial. Pese a ese anuncio, y cuando el proceso de paz con las FARC parece a punto de culminar, en el Congreso avanza un proyecto de ley con el que el servicio militar para los bachilleres pasaría de 12 a 18 meses.

El proyecto, sin embargo, tiene como naturaleza unificar el servicio militar en el país que hoy está en cuatro categorías, soldado bachiller, regular, auxiliar bachiller y campesino. Estos últimos constituyen el grueso del cuerpo de reservistas, aproximadamente unos 120.000 jóvenes, y actualmente prestan el servicio militar por 24 meses. Los soldados bachilleres y auxiliares de Policía prestan este servicio por 12 meses, y según cálculos del Ministerio de Defensa, son aproximadamente 10.000 los jovenes bachilleres que anualmente son elistados. Es por eso que desde la perspectiva del gobierno, el proyecto busca reducir el tiempo del servicio militar.    

Para algunos, incluso desde La Habana, esa iniciativa va en contra de lo propuesto por Santos, ya que no tendría sentido tener más integrantes en la Fuerza Pública cuando el conflicto, por lo menos con las FARC, está a punto de terminar y el país respira tranquilidad por el cese el fuego bilateral y definitivo.

El autor del proyecto de ley es el Ministerio de Defensa, y su trámite no ha sido nada fácil. Hasta ahora se estudiará en segundo debate y en varias ocasiones fue aplazado por una u otra razón. La semana pasada, por ejemplo, cuando todo estaba listo para su votación se levantó la sesión.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo una férrea defensa de la iniciativa ante los representantes a la Cámara. “Tendremos un solo tipo de soldado que prestará 18 meses de servicio militar. Todos nuestros soldados estarán en un mismo nivel”.  El comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, pidió a los legisladores respaldar esa iniciativa para evitar su hundimiento. “Una patria sin Ejército no puede ser soberana y un Ejército sin soldados no puede servir a esa patria”, afirmó.

El ministro y el general coincidieron en que apoyar la ley del servicio militar es un deber patriótico y está ligado a la Constitución Política de Colombia. 

¿Qué busca el proyecto?

Este proyecto busca hacer más atractiva la prestación del servicio militar, ya que según el ministro de Defensa, con las normas actuales no se cumplen las metas de reclutamiento en todas las Fuerzas Armadas. Iguala en 18 meses el tiempo de prestación del servicio militar en todo el país  y otorgaría un  sueldo del 70% del salario mínimo. Actualmente corresponde al 15%. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha manifestado que no hay recursos para esa propuesta.

Para el segundo debate se incluyeron dos propuestas que podrían ser interesantes para quienes les gusta la vida militar:

1) Que quien haya prestado el servicio militar tenga una beca del 30% en la matrícula financiera en los cursos de Oficial y Suboficial de la Policía y las Fuerzas Militares.

2) Que las Escuelas de Oficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares  incorporen mínimo el 30% de personas que hayan prestado el servicio militar.

Así mismo desaparecería el requisito de acreditar el título de bachiller para prestar el servicio militar, con el fin de no limitar al personal que cuenta con conocimientos y experiencia en materia ambiental, y se determinó la reglamentación del tema.  “El servicio militar ambiental es una innovación muy importante para las nuevas responsabilidades de la Fuerza Pública para que al menos el 10% de cada contingente esté bajo esta modalidad”, explicó el ministro.

La oposición al proyecto

“¿Qué sentido tiene que en medio de la guerra los bachilleres prestaran su servicio de 12 meses y ahora en un escenario de posconflicto lo hagan por 18?”. Esta es la pregunta que se hace el representante a la Cámara del Polo Democrático Alirio Uribe, quien presentó ponencia negativa en contra del proyecto de ley del Gobierno, pues considera que no hay una reducción, sino una ampliación del tiempo de prestación del servicio militar, por lo menos para bachilleres.

El legislador señaló que a pesar de que se ha querido “meter” el proyecto a las malas, el quórum no les ha ayudado a quienes tienen interés en que se apruebe la iniciativa rápidamente. “Lo que yo he hecho es hacer un llamado al Gobierno y a los generales para que se cumpla con el compromiso del presidente Santos para su reelección, porque prometió acabar con el servicio militar obligatorio y sorprendentemente se quiere ampliarlo”.

Según Uribe los incentivos económicos que se están ofreciendo no serán aplicados porque no hay recursos y eso sería engañar a quienes presten el servicio militar. “Pido el archivo del proyecto porque aunque hay mejoras el Ministerio de Hacienda ha manifestado públicamente que no hay dinero para esas mejoras. No se puede hacer una ley cuando no hay recursos, si esa cartera no los apoya es engañar a los soldados”.

Aunque la iniciativa busca nivelar el salario de algunos soldados, Uribe insiste en que se debe es profesionalizar la prestación del servicio para que haya un sueldo único.  Es infame que a un soldado se le paguen un poco más de 100 mil pesos, sostiene, y “si ya tenemos 90 mil soldados profesionales que ganan más de 1.500.000 pues hay que hacer un esfuerzo fiscal para que el servicio militar obligatorio sea una carrera y lo hagan en condiciones dignas”.

La semana pasada, Uribe intentó exponer su ponencia para pedirle a la Cámara votar negativamente el proyecto, pero el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, le negó el uso de la palabra.  

Este martes en la plenaria de la Cámara se conocerá si esta iniciativa será aprobada para ser estudiada en dos debates más en el Senado, antes de poder convertirse en ley de la República.

 

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