Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/31/1983 12:00:00 AM

SERVICIOS PUBLICOS: TARIFAS AL ATAQUE

Las alzas en los servicios públicos, un callejón sin salida para el gobierno y los usuarios.

"Hay que aumentar las tarifas por encima de la inflación", dijo un gerente de una de las empresas de servicios, "es la única forma para que no quiebren". "Que la Junta Nacional de Tarifas les de una explicación a los colombianos", afirmó Alberto González. "No buscamos aplausos" sostuvo el alcalde de Bogotá, Augusto Ramirez Ocampo. "Las alzas deberán ser ondulantemente suaves", anunció finalmente el Presidente Betancur.

Entre tanto, la ciudadanía bogotana, recibos en mano, acudía masivamente a las oficinas de reclamos de las Empresas de Acueducto, Energía y Teléfonos. Las liquidaciones del último mes de consumo señalaban alzas apreciables en las tarifas de los servicios públicos y, en algunos casos, la energía en sectores residenciales sumaba cifras que superaban los 200 mil pesos, como lo pudo verificar la redacción de esta revista. "Ni con sueldo de ejecutivo se pueden cancelar esas cuentas" comentaba un suscriptor.

Las explicaciones del gobierno no correspondían a la dimensión de las alzas y al impacto causado entre los diferentes sectores de la capital. Se decía que algo similar venía ocurriendo en Cali y Medellín desde meses atrás, aunque no con la misma magnitud de lo sucedido en Bogotá. En medios del gobierno se comentaba que las alzas eran indispensables y que estaban represadas desde hacía más de 15 meses . "Hay que hacer lo que toca y no lo que a la gente le gusta", afirmaban algunos funcionarios oficiales. Algunos observadores de prensa sostenían que era la primera vez que el gobierno de Belisario decidía tomar una medida de carácter impopular pero que con esto se demostraba que se trataba de una administración seria y responsable. Algunos políticos calificaron el hecho como "valeroso" por parte del gobierno.

Sin embargo, la ciudadanía no pensaba de igual manera. Aclarados algunos errores de computador que elevaron desmedidamente algunos recibos, las reacciones crecían, especialmente en los sectores de bajos ingresos. En algunos barrios de la capital se formaron comités para reclamar por las alzas y se pensaba que a mediano plazo la situación podría complicarse, y más estando cercanas las elecciones de "mitaca". Desde Washington se anunció que el Banco Mundial consideraba que las alzas eran indispensables para conservar el prestigio del gobierno colombiano ante las autoridades financieras internacionales. A pesar de todo, en corrillos del Concejo de Bogotá se decía que las nuevas tarifas "no debían pagarse".

Los teléfonos: el detonante
En Bogotá, el debate sobre las tarifas de los servicios públicos estalló por el alza en las cuentas de teléfono. La Junta Nacional de Tarifas, adscrita a Planeación Nacional, autorizó la elevación, a partir de julio, tanto del cargo fijo mensual como del precio de cada tres minutos de uso del servicio telefónico. En promedio para los seis estratos socioeconómicos, el aumento en la tarifa básica fue del 224%. A su vez, se fijó un alza del 36% para cada tres minutos de llamada, incremento que fue impuesto escalonadamente desde agosto hasta enero del año entrante, cuando la tarifa quede congelada temporalmente. Los derechos de conexión también fueron variados. Para el estrato socioeconómico más bajo subieron 279% (pasaron de $3 .300 pesos a $12.500), y para el más alto un 96% (de $ 28 a $ 55). Estos cambios fueron el preludio del debate sobre el costo de los servicios públicos y sus efectos en los sectores de bajos ingresos.

Aunque la ciudadanía en Bogotá desde hace seis meses veía con sorpresa llegar recibos de luz con cobros cada vez más elevados, no se supo, hasta hace poco, que la Junta de Tarifas había autorizado el alza desde septiembre de 1982. Según esto, mensualmente el costo del kilovatio debe subir 3.5% hasta diciembre del año entrante. En un año, ese incremento corresponde a un 47%. En mayo y junio pasados se escucharon las primeras protestas ante los recibos de luz con las nuevas cuentas. La explicación de la Empresa de Energía de Bogotá indicaba que si bien las tarifas habían subido, en algunos casos las alzas desmedidas obedecían a que, por pequeños aumentos en el consumo, se pasaba a otro nivel en donde la tarifa cobrada era mucho mayor. Por ejemplo, si una familia consumía 600 kilovatios en un bimestre, la tarifa por kilovatio sería de 0.85 centavos la unidad. Pero si gastaba 601, el precio del kilovatio sería de $1.65. Es decir, la cuenta de luz pasaría de $ 510 pesos a $991. Esto mismo ocurrió en renglones de consumo más elevados y por esto, cuentas de $50.000 pasaron fácilmente a costar $ 100.000.
A partir de agosto, la empresa de energía aumentó la estratificación de los niveles de consumo de doce a veinticuatro escalas, para suavizar los saltos de un nivel a otro. A eso se refería el Presidente Betancur cuando señaló que las alzas deberían ser "ondulantemente suaves ".

K W H: a precio de oro
La metodología para liquidar las cuentas de la energía despierta muchas dudas. Actualmente, a medida que el consumo de energía es mayor, la tarifa con que se liquida el valor del kilovatio también es mayor. A un consumo bimestral de 200 kilovatios, corresponde un precio de 0.583 centavos de la unidad de energía. En cambio, para consumos mayores a 6.000 kilovatios, el precio unitario de éste es superior a los diez pesos.

Esta fórmula, que pretende castigar los derroches de electricidad, según algunos analistas, no funciona para Colombia, debido a las características especiales que tiene la vivienda urbana en el país y, en particular, la de Bogotá. El parlamentario Ernesto Rojas Morales sostiene que es un buen sistema para países donde existen estaciones y se usa en gran escala la calefacción en épocas de invierno, y la refrigeración en verano, pero que de ningún modo es una buena alternativa para un país como Colombia. En efecto, indica que en Bogotá el 35% de la población económicamente activa vive en inquilinatos, donde el consumo de luz se mide en un sólo contador que registra volúmenes altos de uso de electricidad, que van a ser facturados con los precios por kilovatio más caros correspondientes a niveles de ingreso elevado. El sistema utilizado por la Empresa de Energía supone que a mayor ingreso se poseen mayores electrodomésticos y por tanto se gasta más electricidad.

Los pequeños y medianos propietarios de vivienda que arriendan un cuarto o comparten casas o apartamentos con otras familias también se sienten afectados por ese sistema de liquidación. Durante los últimos 15 años, el incremento de la vivienda compartida ha sido considerable. Se sub-arriendan cuartos, se comparten viviendas o habitaciones, dos o tres familias toman casas en conjunto. Esta manera de utilización de la vivienda ha sido una salida de los sectores de más bajos ingresos al déficit habitacional urbano que tiene el país, en especial las cuatro capitales más grandes, a la caída de los ingresos familiares frente a los costos de arrendamiento y de habitación propia. En los últimos años esta modalidad también se ha generalizado en sectores medios: empleados, profesionales, etc. Por este motivo, se considera que este sistema de liquidación no tiene en cuenta realidades que han venido surgiendo recientemente en las zonas urbanas del país. Néstor Forero Alcalá, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Propietarios, considera que en Bogotá hay 120 mil viviendas compartidas, de las 590 mil estimadas y que es necesario que esa forma de medición se modifique porque es "totalmente injusta" con este grupo social. Además, señala que, si la expedición del decreto de arrendamientos que sólo autoriza el cobro del 1.3% del avalúo catastral, "escasamente permite conseguir lo del valor de los servicios", las alzas en las tarifas aprobadas recientemente "son un verdadero atraco".

En acueducto, el consumo mínimo se fijó en 20 metros cúbicos, cuando hay familias que no alcanzan a gastar ni la mitad. Además, el costo de ese cupo también se incrementó. Para el nivel más bajo el alza fue del 159% (de $ 27 a $ 70) y para el estrato socio-económico más alto el aumento ascendió a 362% (de $184 a $ 850).

CUOTA DE SACRIFICIO
El alza combinada de los tres servicios --agua, teléfono y energía-- rebosó el aguante de los usuarios y concluyó en que durante el martes, miércoles y jueves de la semana pasada, los tres gerentes de las empresas de agua, teléfonos y energía, asistieron al Concejo de Bogotá donde afrontaron enérgicos debates de concejales de distintas tendencias.

El efecto sicológico de las alzas no dejó percibir los puntos benéficos de las resoluciones de la Junta de Tarifas. En el caso del cobro del agua y el teléfono, éste se desvinculó del avalúo catastral, que no reflejaba las condiciones económicas de los usuarios. El gerente de la Empresa de Acueducto, Juan Manuel Lleras, reveló que el sistema antiguo era "tan injusto", que él pagaba menos por el servicio de agua que su chofer. Sin embargo, la adopción de la estratificación socio-económica de la ciudad --método que se aplicó también en Cali-- ha dejado dudas, y se espera que se haga algún ajuste para subsanar fallas en la sectorización.

El sentimiento de algunos observadores es que al gobierno le faltó tacto para presentar las alzas, además que algunas fueron excesivamente altas. Tres aumentos en tan poco tiempo produjeron un efecto de "choque" dentro de las amas de casa y sus presupuestos familiares.

Para suavizar el hecho, el Presidente Betancur utilizó su buena imagen y pidió comprensión a la ciudadanía y "aceptar su cuota de sacrificio que a veces traen aparejadas los reajustes". A su vez, los debates en el Concejo dejaron como resultado algunas modificaciones. Los gerentes de las empresas de servicios se comprometieron a presentar ante la Junta Nacional de Tarifas peticiones para suavizar las alzas. En energía, el incremento mensual no sería del 3.5% sino del 1.5%. En acueducto, el consumo mínimo descendería a 10 metros cúbicos, y en teléfonos, los cargos fijos mensuales tendrían una pequeña reducción. Aún no se sabe si estas propuestas van a ser acogidas por la Junta y qué duración van a tener. Es indudable que el gobierno se encuentra ante una disyuntiva sin aparente solución. O se sostiene en una alternativa impopular como es la de ratificar las alzas, o disminuye los reajustes y aplaza la solución del déficit de las empresas de servicios, con repercusiones financieras de largo plazo.

Deterioro del ingreso
Desde el punto de vista de las familias de medianos y bajos ingresos, la situación es dramática. Ante la expectativa de aumentos salariales de 14% para 1984, las medidas tomadas respecto de los servicios públicos significarán un fuerte deterioro de los ingresos familiares. El ministro de Trabajo, Guillermo Alberto González, señaló que "el alza excesiva de esas tarifas será un factor desestabilizador de las negociaciones colectivas de trabajo ". Por su lado, el Alcalde de Bogotá, Augusto Ramírez Ocampo, opinó que es consciente de la impopularidad de las medidas, pero que "el objetivo no era cosechar aplausos sino gobernar responsablemente".

El costo del servicio de energía es el que tiene más repercusiones en el ingreso y el modo de vida de los sectores medios hacia abajo. La oficina de Acción Comunal ha calculado que solamente en Bogotá hay cerca de 400.000 hogares (el 52% de la población de la capital) que tienen que cocinar con "cocinol" debido a la imposibilidad de pagar las tarifas de la energía eléctrica o, en menor escala, a la falta de ingresos para comprar una estufa o pagar la conexión de servicio. El uso del "cocinol" afecta a los niños en especial, presentándose en Bogotá un porcentaje alto de accidentes de menores quemados con ese combustible. En las zonas rurales, los altos costos de la energía eléctrica frente a los bajos ingresos, impiden utilizarla en la cocina, obligando a que se continúe usando leña, circunstancia que incide directamente en la tala de bosques y en la erosión de las tierras.

El gobierno ha insistido que el reajuste de tarifas es indispensable y obedece estrictamente al costo de los servicios prestados. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con que las tarifas actuales incluyan los costos de capitalización de las empresas y los de futuros ensanches. El parlamentario por el galanismo, Ernesto Rojas Morales, considera que "no se le debe cobrar a los consumidores de hoy lo que van a consumir los habitantes de Bogotá en el año 2000". Además, agrega, "estamos pagando el agua de nuestros nietos", refiriéndose al embalse de Chingaza, que está calculado parar surtir de agua a Bogotá más allá del año 2025. Rojas Morales considera que en la actualidad las empresas de servicios públicos del país tienen costos exagerados. Advierte que el tamaño de los ensanches en algunos casos es excesivo, lo mismo que el costo de los equipos y la financiación. Por último, considera que existe un exceso de burocracia en esas empresas. En efecto, el concejal Germán Lozano, del Nuevo Liberalismo, señaló en el debate efectuado en el Concejo de Bogotá, que los gastos de funcionamiento de las empresas de Acueducto, Teléfonos y Energía, crecieron 48, 26 y 57% entre 1981 y 1982, y que los gastos generales lo hicieron en 106, 61 y 55% respectivamente.

Caso aparte se consideran los préstamos internacionales y la deuda externa. Concejales, comentaristas de prensa y analistas económicos han mencionado el hecho como uno de los factores que afecta más hondamente la situación financiera de esas instituciones. En repetidas ocasiones se ha hecho referencia a que los gerentes de las empresas tienen que tener el visto bueno de las autoridades del Banco Mundial, y a que los préstamos de corto plazo y los altos intereses presionan el alza de las tarifas de los servicios. Paralelamente a estas consideraciones, algunos sectores han cuestionado la política del auto-financiamiento de las empresas de servicios públicos. Funcionarios gubernamentales han afirmado que hay que aceptar las condiciones y realidades internacionales y que, "con o sin Banco Mundial, las empresas tienen que buscar su equilibrio presupuestal o de lo contrario no se pueden hacer inversiones".

Muchos de los suscriptores que se sienten lesionados por el alza en las tarifas de los servicios públicos afirman que la difícil situación por la que pasa el país no permite aprobar alegremente alzas en bloque.

Pero la magnitud y la velocidad de las inversiones de las empresas para satisfacer la demanda cada vez mayor de los servicios, lo mismo que las exigencias de las entidades financieras internacionales, colocan en un callejón sin salida al gobierno, que se ha visto obligado a aceptar la inevitable alza de tarifas. Sin embargo, analizadas las condiciones actuales, los usuarios afectados concluyen que son ellos quienes pagan finalmente el pato.


CONSUMO MENSUAL DE ENERGIA DE UNA FAMILIA DE 4 PERSONAS
KWH
Estufa con horno (4puestos)........................... 545
Calentador (4 personas)................................ 432
Alumbrado 2 a 4 habitaciones........................... 60
T.V. a color........................................... 54
Plancha....................................................40 Nevera (12pies)...........................................30
Radio......................................................14 Otros......................................................25
TOTAL.................................................. 1200

QUE VA A PASAR
En 1970 el DANE calculó que los gastos en servicios públicos representaban el 5 % de los ingresos del hogar obrero promedio y el 3.9 % de los ingresos del hogar del empleado promedio. En 1983, esas participaciones ascendieron a 9.0 y 7.0 % respectivamente, y se espera que ese índice siga subiendo. Esto obedece a un aumento de las tarifas de los servicios públicos mayor que el alza en el costo de la vida. Entre 1975 y 1980, los servicios incrementaron sus tarifas en un 30% anual, mientras el costo de vida lo hizo en un 25%. A partir de 1981 la tendencia ha continuado igual, y en el caso de la energía, más acentuada. En Bogotá, en 1981 el costo de este servicio aumentó en promedio 44% y el año siguiente 45%. Para 1983 el alza proyectada de las tarifas es del 47%, aunque es posible que no sea de esa magnitud, si el gobierno de la capital accede a disminuir al 1.5 % el ritmo del incremento mensual que actualmente es del 3.5%.

No obstante que los pagos por servicios públicos de las familias han aumentado su participación en el total de gastos, el DANE continúa considerando para el cálculo de índice de precios nacional, las ponderaciones obtenidas en 1970. Esto según algunos críticos, sólo se refiere al "mundo imaginario" del computador del DANE y está lejos de la realidad.

En el cuadro se observa que en Bogotá, para octubre de 1984, si se da un incremento de los salarios del 14%, según lo anunciado por el ministro de Hacienda, y de los pagos por servicios públicos del 40%, según cálculos estimados, el ingreso disponible para alimentos, bienes industriales y vivienda va a continuar disminuyendo. Aunque se espera que en el corto plazo el incremento de las tarifas de los servicios sean rebajadas a niveles del 20%, en privado, voceros del gobierno afirman que esta situación no es sostenible y que es indispensable incrementarlas a tasas anuales mayores al 30%, porque de lo contrario se corre el peligro de ocasionar el colapso financiero de las empresas.

RECIBOS QUE MATAN
En los últimos meses, miles de colombianos se han quedado helados al ver que sus recibos de luz suben a cifras escandalosas, a veces hasta 10 veces más altas que las registradas en el anterior, y aún no entienden qué pudo ocasionar tal escalada, cómo van a pagarlo. Estas son algunas de las razones que pueden estar detrás:

--El funcionario de la empresa encargado de leer el contador va con varios días de retardo y registra un consumo mayor al de un mes (en el caso de la energía 2 meses). Este hecho coloca al usuario en un renglón de gasto mayor, donde la tarifa cobrada es superior a la del renglón anterior.

-- El funcionario de la empresa encargado de leer el contador va no encuentra a nadie en la residencia o edificio y calcula el consumo al "ojimetro". Por esta razón, casas que han estado desocupadas durante varios meses resultan "consumiendo" agua y luz como si hubieran estado habitadas.

El funcionario de la empresa en lugar de leer en el contador 1.950 KWH registra 9.150 KWH.

-- El computador que nunca se equivoca es "alimentado" con datos erróneos.

-- El computador sufre un "resfrió" por una baja en la temperatura de su ambiente y se niega a realizar correctamente las operaciones.

· Usted no vigila su consumo y despilfarra los servicios:

· Deja el calentador o el aire acondicionado prendidos las 24 horas
· Pone en alto la hornilla de la estufa para calentar un tinto.

· Utiliza la secadora para 2 ó 3 prendas de ropa solamente
· Deja bombillos y aparatos prendidos en lugares de la casa que no están siendo utilizados
· Utiliza electrodomésticos en mal estado
· No chequea las cisternas de los baños, o las llaves para que no se presenten escapes de agua
· Lava el carro y rocea el jardín sin consideración alguna con los volúmenes de agua que utiliza
· Hace visitas por teléfono
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1830

PORTADA

En la cuerda floja

La economía avanza a paso muy lento. Se necesita con urgencia un estartazo, pero el desánimo y el pesimismo limitan las posibilidades de una recuperación.