¿Servirá el Pacto Agrario?

Una de las grandes conclusiones que arrojó el paro campesino, que aún no termina de apagarse, es la necesidad de diseñar una verdadera política agraria de Estado que ayude a superar los problemas estructurales que hay en el campo colombiano.

Consciente de ello, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 30 de agosto la convocatoria a un Pacto Nacional que le dé –dijo– un “gran vuelco a la política agraria de país” y que ayude, principalmente, a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.

Si bien lo urgente es apagar el fuego, que aún está encendido en varias regiones del país, con medidas de corto plazo, lo realmente importante es comenzar a pensar en el modelo agrario que necesita Colombia en el que quepan todos, grandes, medianos y pequeños productores.

Y de esto se trata precisamente el Pacto Agrario. De lograr un consenso entre un conjunto de actores, públicos y privados, que se unan para diseñar la política de Estado que dinamice las actividades agrícolas y pecuarias y demás actividades de la vida rural en Colombia y que asegure las mejores condiciones de vida de la población que vive en el campo.

Pero para que esto, que suena tan bonito, funcione y no se quede en el papel hay varios puntos que se deben tener en cuenta.

Lo primero es involucrar a todos los actores productivos del país, tanto del campo como de la ciudad. Esto significa, dice el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Rafael Mejía, meter en el Pacto al comercio, a la industria y a la banca porque hay que pensar en la cadena completa y no solo en un eslabón.

Este es un punto crítico que, sin arrancar el acuerdo, ya comienza a preocupar. Aunque el presidente Santos, cuando convocó al Pacto por el Agro, invitó a la Casa de Nariño al Consejo Gremial –en el que toman asiento todos los gremios de la producción– ahora en la lista de los cerca de 130 invitados al Foro donde se definirán las bases del mismo, no hay voceros de esos sectores que puedan aportar a buscar las soluciones a los problemas estructurales del campo.

Como dijo el designado ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, en entrevista a BLU Radio, “el desarrollo agropecuario no está solamente en el campo sino en el proceso industrial y luego en la conquista de mercados”. De lo contrario, dijo, “vamos a tener lo que hemos tenido hasta hoy: un desarrollo muy limitado”.

El segundo punto para que este acuerdo funcione, tiene que ver con plata. Si bien el Pacto se ocupará de las políticas de mediano y largo plazo y como se articulan en el escenario del proceso de paz, lo concreto son las inversiones que se deben hacer. Y en ese sentido hay que saber cuántos recursos hay, de dónde saldrán y qué uso se les dará.

El presidente Santos tomó la decisión de aumentar para el próximo año el presupuesto del Ministerio de Agricultura, encargado de ejecutar la nueva política agraria, pero aún no está claro de dónde saldrán estos dineros.

El Ministerio de Hacienda tiene muy poco margen de maniobra para mover el Presupuesto General de la Nación que presentó al Congreso por 199,9 billones de pesos. Este monto se debe aprobar esta semana en las comisiones económicas.

Como el propósito es inyectarle al agro entre 2 y 3 billones de pesos para 2014, el Ministerio de Hacienda está contemplando la idea de presentar al Legislativo un presupuesto complementario en esa misma suma. Es decir, todas las inversiones previstas con estos recursos quedan sujetas a que el Congreso apruebe la fuente de ingreso. 

Dentro de todas las opciones para conseguir los recursos, la más viable para el gobierno es la de diferir, por un año más, la reducción de la tarifa del 4 por mil, al 2 por mil que entraría en aplicación a partir del primero de enero de 2014.  Esto quiere decir, atrasarlo hasta 2015. Los 2 puntos le darían al gobierno 2,7 billones de pesos.

Aunque sobre la mesa hay otras propuestas para obtener los recursos, se podrían enredar en su trámite. Entre ellas, gravar los dividendos, quitarle 1 punto a las cajas de compensación familiar o ponerle un impuesto específico a la banca. 

Ahora bien, no menos importante es la destinación que se le dará a la plata. Es clave que los recursos no se queden en el vacío, es decir, que sirvan para implementar las políticas diseñadas para dinamizar el campo. 

El problema es que la plata es limitada y ya de entrada hay una buena tajada comprometida. Todo indica que el Plan de Apoyo al Ingreso Cafetero (PIC) se extenderá por un año más y estos son 900.000 millones de pesos. Como quien dice, una tercera parte de los recursos adicionales para el agro ya estarían comprometidos en un solo sector. 

Aunque el gobierno no ha hecho oficial que extenderá el PIC se sabe que hay una presión muy grande de los cafeteros que han comenzado a amenazar con un nuevo paro. A pesar de que la producción de café se está recuperando y este año llegará a los 10 millones de sacos, y el dólar ha venido subiendo, los cafeteros se siguen quejando por el bajo ingreso, debido en parte a la caída del precio internacional.

Se entiende que los recursos adicionales para el agro deberán servir para aumentar los programas de inversión del ministerio, como riego y drenaje que se habían visto reducidos en un 38 por ciento para el próximo año.

No es un secreto que el tema de los subsidios ha sido el motivador de muchas de la protestas agropecuarias durante este año. La semana pasada el movimiento de dignidad agropecuario que participa en las mesas de negociación en Tunja, señaló que si no se destinan los recursos suficientes para atender las necesidades del sector las cosas se agravarán. 

Un tercer punto importante para que el pacto funcione y no se quede en buenas intenciones es empezar a concretar las políticas. Los estudiosos del campo han hecho muchos diagnósticos y estos deberían ser la base para comenzar a implementar las cosas que se deben hacer en el corto plazo y cuáles en el mediano y largo plazo.

Para el Foro programado para el 12 de septiembre se ha planteado una temática que contempla puntos importantes, pero que es necesario que aterricen y se concreten en programas y políticas. Los puntos de dicha agenda incluyen el desarrollo rural entendido como la manera de mejorar la calidad de vida; política de productividad para mejorar el ingreso de los productores; política de tenencia, distribución y restitución de tierras, y política de inclusión de la mujer campesina.

La SAC, por el contrario, dice que hay que hablar de temas específicos. Entre ellos, la tasa de cambio; la adopción de políticas comerciales que le den estabilidad a la producción nacional; la organización de los productores y la producción, tierras, adecuación e infraestructura predial, el financiamiento, temas laborales que incentiven la formalización y la capacitación del recurso humano. Los temas de ciencia, tecnología, transferencia y asistencia técnica, provisión de insumos, maquinaria y equipos, deben estar en la agenda del Pacto.

Pues bien, estos son los retos que deberá asumir el nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien viene precedido de una gran gestión al frente de la empresa Indupalma.

Precisamente, el exitoso modelo montado por esta empresa en el Magdalena Medio y en el Vichada es parte de la motivación que tuvo el presidente Santos para designarlo en esta cartera. Se trata de un esquema que ha permitido a los pequeños agricultores hacer empresa y ser dueños de la tierra. Es precisamente el modelo que el gobierno quiere que el país tenga, es decir, aquel en el que quepan todos.

Lizarralde dice que tratará de replicar este modelo en otras regiones del país, al igual que otros esquemas como los que funcionan exitosamente en Brasil. “El desafío es la paz a través del desarrollo y la eliminación de la extrema pobreza en el campo”, señaló a BLU Radio.

Pero además de liderar la que será la política agraria de Estado que tendrá el país en el futuro, el  nuevo ministro tendrá primero que acabar de apagar el fuego que todavía arde en varias regiones.