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| 8/3/2003 12:00:00 AM

Sexo, mentiras y casete

Un simple caso de infidelidad puede convertirse en la punta del ovillo que desenrede un increíble caso de corrupción en el CTI de la Fiscalía de Bucaramanga.

En noviembre del año pasado Héctor Muñoz, calificado como investigador judicial II del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), tuvo problemas con Clemencia Tarazona, una conductora de taxi con la que había hecho vida de pareja durante 18 años y con quien tiene tres hijos. Para entonces Muñoz trabajaba en la sede del CTI en Barrancabermeja y cada cierto tiempo visitaba a su familia en Bucaramanga. Por las desavenencias con Clemencia dejó de visitar la capital santandereana y comenzó una relación paralela con una joven en el puerto petrolero. En diciembre Muñoz recibió la notificación de su traslado a Bucaramanga, donde había trabajado desde 1999, que se hacía efectivo a partir de febrero de 2003.

Este año, llegado el momento, el investigador regresó a esa ciudad, pero no lo hizo solo. Volvió acompañado de su nueva amiga. Una colega del CTI le contó esta situación a Clemencia y ahí, en palabras del propio afectado, empezó su calvario. Dice que su jefe en el CTI, Gladys Rojas Villamizar, quiso aprovecharse de esta delicada situación para manipular a su ex compañera y convencerla de que se vengara de él acusándolo de tener vínculos con los paramilitares, con lo cual ella podría destituirlo. Pese a su dolor, Clemencia se abstuvo de calumniar a su pareja. Pero Rojas Villamizar lo despidió en todo caso.

El asunto habría quedado allí si no fuera porque el pasado 4 de abril Clemencia puso una denuncia penal contra la jefe de su ex compañero Muñoz y contra José de la Cruz Basto, investigador judicial de la misma entidad, en la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca por el delito de constreñimiento ilegal.

En la ampliación de denuncia que hizo un mes después Clemencia Tarazona reiteró que Rojas y De la Cruz se aprovecharon de su dolor de mujer engañada, la impulsaron a vengarse y "me dieron las instrucciones precisas sobre las preguntas que debía hacerle, para hacerlo caer en la trampa que ellos le tendieron con el fin de hacerlo declarar insubsistente al igual que a otros funcionarios del CTI que laboraron en Barrancabermeja y en donde siempre me inculcaban que dijera que ellos estaban al servicio de los paramilitares y en el hurto de gasolina".

Esta denuncia cobró particular relevancia el martes de la semana pasada cuando el fiscal general, Luis Camilo Osorio, notificó la declaración de insubsistencia a los dos funcionarios demandados y el Gaula de la Policía capturó a otros tres del CTI de la misma ciudad, entre ellos al asesor de la directora, por su presunta participación en una extorsión. Es probable que el fin de semana algunos de los detenidos hayan resuelto ya su situación jurídica. Todo esto lo único que prueba es que algo no anda bien en esta entidad regional, clave para la recolección de pruebas y la judicialización de los acusados.



Algo huele mal.

¿Por qué la directora del CTI en Bucaramanga querría atravesarle un palo en la rueda a uno de sus subalternos? Muñoz dice que le pasaron una cuenta de cobro por una sumatoria de varios hechos pasados. El primero fue una investigación que hizo por orden de Bogotá, sin que su jefe lo supiera, sobre un funcionario del CTI del que se sospechaban nexos con el narcotráfico. Cuando terminó su trabajo le presentó a ella el informe y, según el investigador, Gladys Rojas "se enfadó y me tildó de pertenecer a la contrainteligencia, por cuanto ella no estaba enterada de esta misión, y me manifestó que en adelante se iba a cuidar de mí y me tenía que tener a metros de distancia".

No obstante, Muñoz continuó con sus actividades y en marzo de 2000 recibió un nuevo encargo de Bogotá. Querían que investigara unas denuncias anónimas que habían recibido en contra de Rojas, un asesor suyo y José de la Cruz Basto. Muñoz hizo lo que le mandaron y envió su informe a la capital del país. El investigador dice que su jefe se enteró de lo ocurrido y comenzó "una gran persecución contra mí". Igual, de nuevo Muñoz siguió con su labor y en febrero del año pasado, cuando lo trasladaron a Barrancabermeja, sostiene que Rojas le solicitó verbalmente que investigara a Alberto Peralta, director del CTI en el puerto. Muñoz dice que cumplió acuciosamente con esta nueva misión pero que nunca observó ninguna conducta delictiva por parte de este funcionario.

Por su parte, Gladys Rojas, abogada especializada en criminología, dice que este año la esposa de Muñoz comenzó a llamarla para denunciar supuestas irregularidades que habían cometido éste y otros funcionarios de Barrancabermeja. Ella no quiso atenderla porque pensó que era una reacción airada de una mujer a la que le habían sido infiel. Pero que fue tal la insistencia de Clemencia y lo delicado de las denuncias que accedió a verla. La denuncia de la esposa de Muñoz dice otra cosa. Según ella, la ex directora del CTI y De la Cruz Basto la citaron en un sitio público, le dijeron que la traición que había sufrido no tenía nombre y que por eso debía vengarse de su compañero, involucrándolo con los paramilitares y en el robo de gasolina. A cambio, dice en su denuncia, le ofrecieron dinero y nombrar a su hija en un puesto en la Fiscalía. En uno de los encuentros le entregaron una grabadora, que supuestamente pertenece al CTI, para que grabara cosas comprometedoras de su ex compañero. No lo hizo y cuando, según ella, comenzaron a hacerle otro tipo de propuestas, como tenderle una trampa en un barrio, se asustó, grabó algunas de sus conversaciones con De la Cruz Basto y puso la denuncia.

Desde ese momento su vida, que ya era una pesadilla por la infidelidad conyugal, se convirtió en una tragedia por todo lo que comenzó a suceder alrededor del caso. Once días después de haber puesto la denuncia su esposo fue declarado insubsistente. También al poco tiempo de haberla ampliado comenzó a recibir amenazas. La primera fue un sufragio en el que le escribieron: "Descansa en paz Clemencia Tarazona por Sapa te vas a morir, tus hijos te seguirán después, por hps.". En julio le llegaron cartas firmadas por el Movimiento a Sapos Resentidos o por Muerte a Sapos Desempleados en el que le escribieron: "Usted no saca provecho atacando a funcionarios del Estado y ensuciándoles el buen nombre".

Todos estos detalles ya están en manos de las autoridades respectivas. Por lo pronto la ex funcionaria Rojas entregó una versión libre ante el fiscal que lleva el caso y está pendiente de que la llamen a indagatoria. José de la Cruz Basto, por su parte, no ha sido vinculado todavía al proceso. El fiscal, Luis Camilo Osorio, comisionó al director regional de este organismo en Santander para que investigue a fondo lo que está pasando porque es claro que en esta historia, que comenzó como una simple cachoneada, todavía hay mucha tela que cortar.
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