Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 6/28/2011 12:00:00 AM

"Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta": José F. Isaza

El presidente de ASCUN y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano explica por qué no aprueban la creación de instituciones con ánimo de lucro y habla de la propuesta que busca que la educación superior en Colombia sea un derecho fundamental.

Los rectores de las universidades públicas y privadas ya hicieron oficial su posición ante la reforma a la Ley 30 de Educación Superior que el Ministerio de Educación busca el Congreso de la República apruebe en la próxima legislatura. Aunque los académicos no discuten sobre la necesidad de hacer cambios en el sector, en algunos temas asumen posiciones que no serán fáciles de negociar con el Gobierno.

Rechazan la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y temen que particulares o empresas compren universidades ya existentes. Así mismo, creen que el modelo de financiamiento de las instituciones públicas debe ser más ambicioso y, contrario a lo que piensa el Gobierno, para los rectores, la propuesta que presentó el presidente Juan Manuel Santos no financia el aumento de cobertura y calidad.

Semana.com entrevistó a José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actual presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), sobre los puntos más importantes de la reforma a la educación superior y de la contrapropuesta que ellos hacen.

Semana.com: Durante los tres meses de discusión del proyecto de la reforma a la Ley 30, el Gobierno acogió propuestas que ponen control las instituciones de educación superior con ánimo de lucro. ¿No los convence? ¿Cuáles razones de fondo tienen para negarse a que existan?

José Fernando Isaza: Ese es el punto de mayor separación. Hay varios aspectos para negarnos. El más importante: la experiencia de las universidades con ánimo de lucro en algunos países, particularmente en Estados Unidos, ha sido desastrosa.

La universidad colombiana, la que está constituida como sin ánimo de lucro, tiene una estructura de costo por investigación, por carreras básicas, por bienestar universitario, en la cual mucha parte de los beneficios son públicos.

Si entra una universidad cuyo objetivo fundamental sea el lucro, realmente crea una distorsión sobre un sistema cuyos mayores productos son un bien público, como lo son la investigación y la formación de profesionales altamente capacitados.

El objetivo de la educación como bien público no es el ánimo de lucro. Ese es el punto de mayor desacuerdo.

Semana.com: ¿Cuáles son los riesgos de tener instituciones con ánimo de lucro?

J. F. I.: Las universidades de hoy tienen un portafolio de carrera, algunas tienen subsidios cruzados. Aquí (con las instituciones con ánimo de lucro) muy posiblemente no habría subsidios cruzados, entonces todo lo que es la investigación básica, las carreras de ciencias que son una rentabilidad pública y no privada, no sería del interés de las universidades con ánimo de lucro.

Hay otro tema que es muy complicado. Comprarían universidades ya existentes que tienen un patrimonio que no siempre figura en los libros (de contabilidad). Hay intangibles, por ejemplo los registros calificados y las acreditaciones, que no figuran en los balances pero pueden significar un valor que supera con creces el costo que se cree.

Es un poco injusto que, además, se lleguen a beneficiar de exenciones de impuestos que les han hecho en el pasado a las universidades sin ánimo de lucro y que son acumulativas.

Semana.com: ¿Cuáles son las diferencias que tienen con el Gobierno sobre el financiamiento de las universidades?

J. F. I.: El Gobierno propone mantener en términos constantes su aporte (según el Índice de Precios del Consumidor (IPC)) más un porcentaje del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pero no igual a todo el porcentaje del PIB. Eso implica que la participación financiera del Estado en las universidades públicas disminuye como porcentaje del PIB. Quiere decir que lejos de aumentar, disminuye.

En los próximos años el aumento de la calidad implica aumento de costos unitarios, porque aquí no hay economía de escala. Si le sumamos el aumento de la cobertura, el aporte del Estado a la universidad pública no puede ser simplemente mantenerlo en términos constantes y un porcentaje del PIB.

Si se quiere aumentar cobertura y calidad, eso cuesta, tiene costos y hay que reconocerlos. Si se quiere que todo el aumento de cobertura vaya únicamente con las universidades con ánimo de lucro, se pone en gran riesgo el concepto de calidad.

Semana.com: ¿Cuál es el modelo que proponen?

J. F. I.: Si creciera la participación del Estado a la universidad pública, se debería mantener contante el IPC (como se recibe en la actualidad) y darle todo el crecimiento del PIB: si crece 5 puntos, darle 5 puntos.

Debe haber un aumento real de la participación del Estado en la educación y que tenga en cuenta el aumento de la cobertura y la calidad. La propuesta del Gobierno tiene en cuenta estos objetivos, pero no los financia.

Semana.com: ¿Pero con las regalías no se cubrirían las necesidades del sector educativo? 
 
J. F. I.: Lo que logró el Ministerio de Educación en la Ley de Regalías, de que un porcentaje se dedique a la investigación e innovación, es muy positivo y merecido el reconocimiento.

Ahora nos queda una duda, que no es responsabilidad del Ministerio. Las regalías, tal como están fijadas, hoy no tienen en cuenta el aumento del precio de los productos básicos. Si mira, las regalías del oro son del 4 por ciento, una tercera parte de las de la sal, que se paga al 12 por ciento. Entonces, hay algo que le dice a uno que el porcentaje de esas regalías se fijó cuando el precio era de 200 o 300 dólares y ahora el precio está en 1.500 dólares. Debería haber un ajuste.

Las mismas regalías del carbón se fijaron cuando la expectativa de precios era de 40 dólares, y hoy está en 80 dólares. Ese es otro punto que hay que discutir y no demerita lo que hizo el Gobierno de destinar parte de esos recursos a la investigación.

Semana.com: ¿Harían un llamado al Congreso para que modifique estos porcentajes con una ley?

J. F. I.: Ese es un punto importante. Ya ha habido estudios de algunos economistas. Si el país es minero, por lo menos que las regalías, que ya no genera empleo y que es un hecho, sí generen suficientes recursos tributarios para resolver los problemas básicos.

Semana.com: ¿Los rectores le pedirán prórroga al Ministerio de Educación para darle más debate a la reforma a la Ley 30?

J. F. I.: Esto requiere más discusión. Hay que decirle al Gobierno que espere un poquito, que ajustemos más, que lo miremos más, para ver en qué puntos podemos llegar a acuerdos.

Hay plazos que para esta discusión no pueden ser los de un trámite legislativo.

Semana.com: Ustedes le presentaron al Gobierno una propuesta de ley estatutaria que reglamenta la autonomía universitaria y que esperan el Congreso la estudie. Si se aprueba, ¿qué ganarían las universidades?

J. F. I.: Gana la sociedad en el sentido de que se legisla sobre el derecho a la educación. Hay una discusión sobre si la educación superior es un derecho fundamental o no. Este proyecto dice que es un derecho fundamental para que las personas de muy buenas calidades que no puedan acceder por falta de financiación, accedan y que el Estado busque la forma.

Semana.com: ¿Considerar la educación como un derecho fundamental obligará al Estado a facilitarle el acceso a la persona de cualquier modo?

J. F. I.: Pero para quienes tengan la capacidad y el interés. En ningún país del mundo se piensa en la cobertura es del 100 por ciento, porque hay personas que no les interesa y eso hay que respetarlo. Pero si una persona tiene las calidades para hacer una carrera profesional, la idea es que la limitación económica no sea la que se lo impida.

En el proyecto de reforma estatutaria se reglamenta este derecho. El proyecto del Gobierno reglamenta el servicio.
 
Semana.com: ¿Qué piensa sobre el plazo de ocho años que tendrán las universidades para cumplir los requisitos de calidad que exige el proyecto para seguir siendo universidades?

J.F.I.: En el proyecto inicial estaba de cinco años y ahora se habla de ocho. Sobre esto también hay una discusión con el Gobierno, porque la acreditación (requisitos) debe seguir siendo voluntaria. 

Semana.com:  Desde cuando conocieron el proyecto del Gobierno ustedes criticaron que el sistema de inspección y vigilancia que propone el Ministerio lesiona su autonomía universitaria. ¿Ha habido cambios en este punto?

J.F.I.: El proyecto de ley estatutaria regula la autonomía y pone límites a la inspección y vigilancia. El primer proyecto del Gobierno era bastante complicado, era policivo. En nuestra propuesta planteamos el principio del debido proceso y doble instancia, del juicio justo. No se puede manejar una universidad con criterio de inspector de policía.

Semana.com: ¿No es mejor crear una Superintendencia de Educación?

J.F.I.: Eso se ha hablado. Esa idea, personalmente, me parece buena. Habría más posibilidades de una independencia en una superintendencia que en un organismo del Ejecutivo. Y no ocurre ahora, eso lo ha demostrado la historia. Podría ser un debate en el Congreso.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.