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| 9/17/2011 12:00:00 AM

Sí sabía

Camila Reyes, una estrecha colaboradora del exministro Andrés Felipe Arias, afirma que su jefe tomó todas las decisiones claves sobre Agro Ingreso Seguro.

La investigación sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro, que tiene en la cárcel al exministro Andrés Felipe Arias, sigue su curso. Y entre los testimonios que han dado en la Fiscalía los funcionarios que participaron en el manejo del programa ha sobresalido el de Camila Reyes del Toro, quien se desempeñó dos años como directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio.

Según se conoció esta semana, Reyes dijo que Arias había tomado todas las decisiones importantes sobre AIS. "Siempre que alguien hacía una propuesta, no era tenida en cuenta porque el ministro era quien tenía la última palabra", dijo. Esa afirmación se refiere al destino y manejo del dinero y a la firma de un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para que este definiera los proyectos favorecidos y vigilara su ejecución. Reyes también dijo que el ministro había reunido a sus principales colaboradores con el fin de coordinar sus declaraciones públicas y ante la justicia, y "para ayudarle al viceministro porque podría ir a la cárcel".

La versión de Reyes se enmarca en un acuerdo alcanzado con la Fiscalía para obtener el llamado principio de oportunidad. Después de haber estado detenida un mes, recobró su libertad porque se vencieron los términos del plazo máximo en el que una persona puede ser detenida de manera preventiva. Y ahora, con el acuerdo alcanzado, espera recibir una pena reducida.

De todo lo anterior quedan tres conclusiones claras. La primera es que Arias mintió cuando dijo, como argumento central de su defensa, que ignoraba los detalles sobre la manera como se había manejado el programa Agro Ingreso Seguro. Esta explicación no fue creíble desde un principio, pues como ministro responsable de la administración de ese ambicioso programa de subsidios y como precandidato presidencial, controlar el gasto tenía que ser una de sus prioridades. De hecho, estar encima de la asignación de los recursos no constituye automáticamente un delito. Pero tal vez por sentirse acorralado, cuando estalló el escándalo, decidió lavarse las manos y tratar de pasarles la responsabilidad a mandos inferiores, lo cual, a la postre, le salió contraproducente.

En segundo lugar, quedó claro que el manejo de ese programa era parte de su estrategia política para reelegir a Álvaro Uribe, si se concretaba el referendo que lo habría permitido, o para convertirse en su sucesor, en el caso contrario. En otras palabras, Arias estaba buscando granjearse la gratitud de los agricultores colombianos para que apoyaran un tercer periodo de seguridad democrática. Politiquear desde un ministerio no está bien, pero ha sido la práctica de todos los ministros que aspiran a llegar a la Presidencia. La diferencia con el pasado es que frente a la polarización que se presentaba ante una posible segunda reelección de Uribe, esas mismas prácticas constituían un desafío y una provocación pues alimentaban la percepción de que los competidores de Uribe no tenían igualdad de garantías.

Y en tercer lugar, el testimonio de Camila Reyes del Toro ratifica que sin duda alguna se cometieron irregularidades administrativas en relación con el contrato del IICA, entidad internacional a la que se le confió el manejo de los recursos de Agro Ingreso Seguro. El ministro, que tenía la opción de adjudicar los subsidios por licitación o a dedo, prefirió lo segundo para tener mayor control sobre el destino final de los dineros y para acelerar su ejecución. Esto lo obligó a hacer una serie de maniobras jurídicas que hoy lo tienen en el banquillo.

Estas irregularidades son claramente faltas administrativas y está por definirse si caen en la categoría también de lo penal. Lo que llama la atención es que lo que es definitivamente un delito -el fraccionamiento de los predios para que un mismo proyecto pudiera recibir más dinero que el que le permitía la ley- no está mencionado en ninguna parte de la declaración de Camila Reyes. Siempre se había considerado que los responsables de este fraccionamiento eran los verdaderos culpables de los 'regalos' por miles de millones de pesos que media docena de familias obtuvieron por cuenta de este truco. Y sobre este aspecto, la denunciante no dijo nada en relación con el ministro, al menos en las versiones que se han conocido hasta el momento.
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