Si las universidades les fallan a los alumnos, la Nación responde

La crisis generada hace unos meses por la intervención del Gobierno a la Universidad San Martín puso de relieve la necesidad de apretar los controles a los programas académicos de educación superior.
 
Esa misma preocupación se hace evidente en un fallo del Consejo de Estado, que responsabiliza a la Nación por no actuar oportunamente para evitar perjudicar a algunos estudiantes inscritos en un programa de ciencias de la salud a cargo de la Universidad Antonio Nariño.
 
Para la corporación, el Gobierno debe asumir los costos de los daños causados a los alumnos que ven frustrados sus sueños de convertirse en profesionales. La pobre gestión de los órganos directivos de ciertas universidades, dice, también es responsabilidad de los organismos estatales, por no controlarlas.
 
Y es que, según el Consejo de Estado, las autoridades deben ejercer un control estricto y oportuno a los programas, pues de su ejecución depende la conformación del capital humano con el que cuente el país para enfrentarse al mercado mundial.
 
Por eso ante las gestiones inoportunas, que permitan el funcionamiento de planes de estudio sin calidad e ilegales, las víctimas deben ser reparadas por el Estado. Para la máxima instancia contenciosa, entidades como el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior y el Ministerio no pueden quedar exentas de culpa, ante el desarrollo programas académicos de ese estilo.
 
Así, la Sala condenó a estas entidades a reparar a algunos estudiantes que se inscribieron en el curso ‘Terapias de cuidados paliativos’, ofertado por la Universidad Antonio Nariño desde 1994. La razón, que el programa haya entrado en operaciones y hubiera funcionado por años, sin haber sido registrado en el sistema de información del Icfes.
 
La Sala no explica por qué si las autoridades educativas de la época tuvieron conocimiento de irregularidades en los cursos y planes académicos a cargo de esa universidad antes de 1997, solo hasta 1999 empezaron a tomar decisiones. Su tardía actuación, dice, evidencia la falla en el servicio que cometieron el Icfes y el Ministerio de Educación.
 
“(…) El programa de “Terapias de cuidados paliativos” no era el único de los ofrecidos por la Universidad Antonio Nariño, que presentaba problemas graves en su desarrollo, sino que existían varias carreras más en la misma situación, hecho que constituye un indicio de la deficiente situación estructural de la aludida institución educativa, así como también de la tardía y poco efectiva intervención”, dice la providencia.
 
Para el organismo judicial, la inscripción de los programas educativos no se puede reducir a un trámite burocrático. Al contrario, obliga a las autoridades a verificar exhaustivamente el contenido de las materias y cerciorarse de que cumplan con los estándares requeridos en la profesión u oficio que las instituciones educativas se proponen ofrecer.
 
Esta decisión prende las sirenas en torno a la necesidad de vigilar más estrictamente el desarrollo de los programas de formación académica. Por lo visto, el peligro no solo se reduce a que se repitan fraudes al sistema educativo; una experiencia similar no solo dejará alumnos frustrados y deprimidos por haber sido engañados, sino que podría costarle al Estado miles de millones de pesos de los muchos que todos los años debe pagar por sus debilidades administrativas.