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| 4/24/1995 12:00:00 AM

SIERVOS SIN TIERRA

Detrás del caso de los deportados de la Serranía del Perijá hay una historia de equivocaciones de las autoridades colombianas y de arbitrariedades de las venezolanas.

GONZALO MARTINEZ, UN joven campesino nacido en Fonseca (La Guajira), sintió sobre su cabeza el aleteo del helicóptero de la Guardia Nacional de Venezuela que con sus aspas levantaba la ropa que se estaba secando en el patio de su casa, ubicada en la vereda 'Si Dios Quiere', región de El Bosque, territorio venezolano, a varios kilómetros del sitio conocido como La Raya, donde está el límite entre los dos países. Eran las cinco de la tarde del martes 14 de marzo. Su mujer y sus tres hijos, todos muy pequeños, angustiados y muertos del susto empezaron a correr hacia la cordillera buscando refugio en la espesura de la selva y ansiando llegar lo más pronto posible a territorio colombiano. De las otras parcelas también salían despavoridos hombres, mujeres y niños. A la postre, fueron muy pocas las familias que pudieron sacar sus pertenencias y sus animales ante el asedio de las fuerzas venezolanas.
A las siete de la noche, dos horas después del hostigamiento militar, llegaron los primeros desalojados a La Raya."La Guardia venía por los lados de La Marimonda, donde destruyeron varias casas, quemaron los cultivos y los fumigaron con veneno. A los hermanos García les destruyeron el rancho y les mataron las gallinas y los cerdos. Uno de ellos, Pedro Antonio, está desaparecido desde ese día. Hay quienes dicen que vieron cuando uno de la Guardia le disparaba a quemarropa. Una parte de la tropa estaba en los helicópteros y la otra venía por tierra. Pero ellos no sólo nos sacaron de Venezuela sino que se metieron en Colombia. En la finca de Benito Martínez, que está de este lado de la frontera, duraron como dos horas y se fueron cuando les dio la gana", relató a SEMANA uno de los campesinos deportados de territorio venezolano.
Para llegar de La Raya al corregimiento de Conejo, primera población que se encuentra en Colombia después de pasar la frontera, los campesinos demoraron unas seis horas. Habían cruzado la Serranía del Perijá, padeciendo una verdadera odisea en la que se conjugaba el cansancio de la travesía con la angustia de la deportación. Cuando los campesinos se embarcaron en vehículos para Fonseca, en el departamento de La Guajira, ya muchos de ellos, especialmente los niños y las mujeres embarazadas, iban enfermos. En Fonseca fueron alojados en la Casa de la Cultura, que quedó pequeña ante la cantidad de personas que empezaron a llegar del país vecino. Dos semanas después del desalojo la situación para estas 193 familias de colombianos deportados sigue sin resolverse.

UNA LARGA HISTORIA
La historia de estas familias deportadas se ha venido escribiendo en varios capítulos. El primero de ellos se inició a mediados de la década del 60, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo puso de moda la Reforma Agraria que, pese a sus amplios propósitos, no alcanzó a cobijar a cientos de familias guajiras que se vieron en la necesidad de atravesar la Serranía del Perijá para cultivar las tierras baldías que se encontraban en ese territorio. En esa época, dicen los descendientes de esas familias, la región de El Bosque, de la cual los acaba de desalojar la Guardia Nacional de Venezuela, pertenecía a Colombia.
SEMANA conoció una serie de documentos (ver facsímil) que demuestran que, en efecto, las versiones de los deportados no son descabelladas. Es el caso de la escritura número 53 del 17 de mayo de 1967, corrida en la Notaría Unica de Fonseca, a favor de Arturo Olaya Antivar, mediante la cual se efectuó el contrato de compraventa de la finca 'Las Delicias', situada en "el paraje El Bosque, jurisdicción del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira". Como este caso hay muchos. Algo similar sucedió con la venta de la finca Bella Esperanza, en octubre de 1966, que, según escritura pública, está ubicada en la región de El Bosque, "corregimiento de Conejo, jurisdicción del distrito de Fonseca". A esas mismas familias, además, tanto el Incora como la Caja Agraria les facilitaron créditos y asistencia técnica, amparados en las escrituras que certificaban que pertenecían a Colombia.
La presencia de los campesinos colombianos en ese territorio se mantuvo sin contratiempos hasta finales de 1972, cuando el entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, ordenó a la Guardia Nacional que desalojaran a los colombianos, con el argumento de que se encontraban en territorio venezolano. Esta cumplió la orden al pie de la letra. Los campesinos fueron deportados y el gobierno de Colombia se comprometió a entregarles tierras en La Guajira y el Cesar. No obstante, nunca expresó públicamente su opinión sobre la situación vivida por los campesinos y su nueva condición de invasores de territorio venezolano. "Ese día nos sacaron los venezolanos de nuestro propio país", dijo a SEMANA Ramón Londoño, un hombre que ha vivido los dos desalojos.
Pero el gobierno colombiano no les cumplió en esa oportunidad. Los campesinos se vieron obligados entonces a invadir varias fincas en judisdicción del municipio de Mingueo (La Guajira), en las cuales empezaron a trabajar. No obstante ante la mala calidad del terreno, la mayoría emigró a otra parte del departamento y algunos volvieron, esta vez de manera clandestina, a cultivar las tierras de El Bosque, que ya empezaban a ser reconocidas como venezolanas. "Nos tocó volver porque no había más dónde trabajar. Allá nacieron muchos de nuestros hijos y allá se quedaron trabajando. Siempre hemos cultivado alimentos buenos. Ni en la época de la bonanza sembramos marihuana, ni ahora sembramos coca o amapola, como dicen los generales de la Guardia", dice otro campesino deportado. Esa información pudo ser comprobada por SEMANA, que ha sido el único medio de comunicación que ha podido llegar hasta las veredas de El Bosque, desalojadas por la Guardia de Venezuela. En ninguna de ellas encontró cultivos ilícitos.

LOS PLATOS ROTOS
La situación que viven en la actualidad los campesinos desalojados no es nada fácil. Por una parte el gobierno de Venezuela los acusa de invasores, los sindica de ser guerrilleros o sembradores de cultivos ilícitos, les quema sus ranchos y cosechas y los expulsa de un territorio que, ellos dicen, les pertenece. Por otro, el gobierno colombiano apenas anuncia una reforma agraria especial para darles tierras que cultivar en Colombia, mientras ellos y sus familias deben convivir hacinados en una escuela de Fonseca.
Como siempre sucede en estos casos, indefensos civiles están pagando las consecuencias de hechos sucedidos en otros sitios y de tensiones orquestadas en Caracas y tolerados en Bogotá. Pocos, por no decir ninguno, saben qué es Cararabo, donde a muchos kilómetros de la Serranía del Perijá el ELN masacró a ocho infantes de marina venezolanos a finales de febrero pasado. Lo único que saben es que lo han perdido todo y que los sacaron de un territorio que hace apenas 30 años su propio país estaba parcelando. Un campesino deportado resume la situación con una frase que lo dice todo: "Los guerrilleros fueron los que rompieron los platos y los venezolanos nos los cobran a nosotros".
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