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| 2/25/2012 12:00:00 AM

Siete pecados capitales

Cifras en mano y retomando argumentos del uribismo, el documento 'Seguridad Nacional: los siete pecados capitales del gobierno', del Centro de Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel, hace un crítico repaso de lo que llama el "deterioro" en seguridad del gobierno Santos. Polémica.

Cerrar los ojos
 
El gobierno no reconoce el incremento en el número y la osadía de las acciones guerrilleras ni su retorno a zonas de las que había sido expulsada. Hostigamientos, emboscadas y ataques contra instalaciones de la fuerza pública vienen en aumento desde 2009, y en 2011 alcanzaron su nivel más alto en cuatro años. Los atentados contra instalaciones petroleras crecieron 80 por ciento en 2011, el número más alto en un lustro. El secuestro ha aumentado en 45 por ciento en los últimos tres años. Enero de este año ha asistido al mayor número de ataques contra uniformados desde 2004.
 
En seguridad ciudadana también hay deterioro, según el Centro. Aunque el homicidio se ha reducido levemente, el hurto a personas, a entidades financieras y de automotores y las lesiones personales muestran sus niveles más altos en varios años; la percepción de inseguridad es la más alta y la de que el presidente está manejando bien el problema, la más baja, desde el inicio del gobierno. "La opinión lo siente y las cifras lo reflejan: hay un deterioro de la situación de seguridad en el país. Pero el gobierno se empeña en negarlo", concluye el estudio.
 
¿Y las 'bacrim'?
 
Definir a las llamadas "bandas criminales" exclusivamente como grupos de narcotraficantes ha llevado a considerarlos un problema de policía, que desconoce sus nexos con la guerrilla y su control territorial y de población, como lo mostró el paro de los Urabeños. Mientras la Policía sostiene que hacen presencia en 150 municipios, organizaciones como Indepaz insisten en que lo están en 341. Su alianza con la guerrilla constituye, según el estudio, una amenaza inédita contra la seguridad nacional. Con la decisión de que sea la Policía la que las persiga "el gobierno se está amarrando a sí mismo una mano". El estudio de Rangel critica que se proceda "improvisadamente" a desmovilizaciones que, sin herramientas legales adecuadas, terminan en fracasos como la del ERPAC, el ejército del difunto Cuchillo, en el Llano, y hace un polémico llamado a considerarlos actores del conflicto y, en consecuencia, a aplicarles medidas de justicia transicional.

Ambigüedad sobre la paz
 
En uno de sus más claros sesgos uribistas, el estudio critica la "ambigüedad" del gobierno en torno a eventuales diálogos con la guerrilla, lo cual, alega, "desmoraliza a la Fuerza Pública y desorienta a la opinión pública", y achaca a esa falta de claridad la escalada de acciones de las Farc. "Esta ofensiva política y militar no la estaría haciendo la guerrilla –como no la hizo durante la anterior administración– si no se estuviera generando desde el gobierno y desde sectores de opinión cercanos a él, un ambiente de expectativa sobre la proximidad de unos diálogos de paz", afirma.
 
La 'guerra jurídica'
 
El documento se hace eco de la llamada "inseguridad jurídica" que, desde sectores del estamento militar y otros afines en la sociedad y la política, se viene presentando como explicación de la “desmotivación que ha llevado a una preocupante caída de los niveles de operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra las guerrillas”. En 2011, calcula el estudio, estas operaciones fueron apenas una quinta parte de las de 2003, una caída que le ha dado a la guerrilla un margen de maniobra que había perdido. El estudio también critica los cambios al Manual de Operaciones de las Fuerzas Militares, que complican jurídicamente el accionar militar.
 
El burladero venezolano
 
El estudio también retoma los argumentos del uribismo frente a la normalización de las relaciones con Venezuela. "La presión militar del Estado colombiano para obligar a la guerrilla a abandonar la lucha armada tiene un burladero", dice. La presencia al otro lado de la frontera de Timochenko e Iván Márquez, de las Farc, y de Gabino y Antonio García, del ELN y el nombramiento de Henry Rangel como ministro de Defensa, han hecho que el gobierno colombiano haya "quedado preso de su propio juego", sin poder hacer reclamos públicos al ‘nuevo mejor amigo’. Además de que Venezuela se ha convertido en la principal plataforma aérea de salida de cocaína colombiana, "la guerrilla está consolidando en Venezuela un santuario activo que le permite proteger a sus principales líderes (…) y una fuente de recursos económicos y logísticos".
 
El fin de los 'objetivos de alto valor'
 
a estrategia de ir tras los jefes de las Farc se está agotando, según el informe, debido a la capacidad de esta guerrilla de sobreponerse a esos golpes. No se ve una política de ir tras frentes y columnas que operan en varias zonas y están regresando a otras de las que fueron expulsadas, mediante la extorsión y otras actividades. La disminución de la presión militar les ha permitido a estas estructuras "incrementar tanto su presencia soterrada como sus acciones violentas en muchas zonas del país".
 
Informantes y soldados campesinos
 
El abandono del programa de "redes de cooperantes" y el debilitamiento del de "soldados de mi pueblo" de la anterior administración, son criticados por el estudio, que sostiene que el primero, que organizó a más de un millón de informantes de la fuerza pública, contribuyó a la recuperación de las carreteras y el segundo, mediante el cual reclutas originarios de la misma región en la que prestaban servicio, ayudó al retorno de alcaldes y autoridades a más de 170 municipios. El reporte llama a reeditarlos para enfrentar el rebrote en el accionar de la guerrilla.
 
Vea el informe completo aquí.

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