"Siete razones para votar No en el plebiscito"

Hugo Palacios Mejía es uno de los juristas más reconocidos del país. Es doctor en derecho y economía de la Universidad Javeriana y ha ocupado a lo largo de su vida importantes cargos públicos: Gerente del Banco de la República, Ministro de Hacienda, representante a la Cámara y director para Perú y Colombia ante el BID. Palacios se ha convertido en una de las voces más respetadas del No en el plebiscito. Es uno de los miembros del Comité “Mejor No” que lidera el ex alcalde Jaime Castro. Semana.com habló con él.

Semana.com: ¿Por qué votar No?

Hugo Palacios(H.P.): Por muchas razones. Pero tengo siete principales. La primera es que considero que los acuerdos de paz son un salto al vacío. Para conseguir que unos 13.000 miembros de las Farc dejaran de delinquir, el Gobierno va a someter a 48 millones de colombianos a un período de 10 años de constante agitación e incertidumbre institucional. El mundo cambiará y, mientras tanto, en Colombia, atados 10 años por el Acuerdo, nos ocuparemos de una creación continua de proyectos de reforma constitucional y legal. ¿Quién fijará las fronteras entre las funciones de todos los nuevos entes? ¿En cuánto tiempo?

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Semana.com: ¿Y la segunda razón?

H.P.: El Acuerdo es antidemocrático. No se trata solo de que las Farc hagan política. Se trata de que hagan política en condiciones de privilegio frente a los partidos que representan a los demás colombianos. El Acuerdo ofrece por muchos años al partido político que organicen las Farc, dinero, curules, circunscripciones electorales especiales y otros privilegios aunque no obtengan votos…

Semana.com: Siga con la tercera…

H.P.: El Acuerdo favorece la perturbación continua de la vida civil. En lugar de orientar la solución de conflictos sociales, el Acuerdo magnifica la “protesta social”, como forma inorgánica de expresar los intereses de una sociedad pluralista. El documento es explícito en poner límites “civilistas” a la conducta de las autoridades ante los disturbios y ante la “protesta social”, y en garantizar el diálogo con las autoridades como respuesta a la “protesta social”. Lo que no se consiga con votos, se conseguirá, pues, por esa vía.

Semana.com: ¿Y la cuarta?

H.P.: El Acuerdo pone en manos del Presidente el otorgamiento de garantías para el ejercicio de la política. Por muchos años se quiso mantener la independencia de la organización electoral frente a la rama ejecutiva del poder público. Sin embargo, mientras que la Constitución en el artículo 265 encomienda hoy al Consejo Nacional Electoral, elegido por representantes del pueblo, el desarrollo de los procesos electorales y las garantías a la oposición y a las minorías. El Acuerdo pone al Presidente de la República como cabeza del Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política… ¡Quienes deseen tener reales alternativas políticas deben asegurar, primero, el favor de tan Alta Instancia!

Semana.com: ¿Y la quinta?

H.P.: El Acuerdo garantiza que el país siga alimentando el narcotráfico. Ya no habrá, según el Acuerdo, “cultivos ilícitos”. Nadie podrá ir a la cárcel solo por sembrar determinados cultivos. Todos serán lícitos. Ahora hablaremos un lenguaje más pulido, y nos referiremos solo a los “cultivos de uso ilícito”. Por lo tanto, la erradicación de los que antes se llamaban “cultivos ilícitos” será, ante todo, voluntaria, y manual. Nada de fumigaciones aéreas. El Gobierno competirá en generosidad con los narcotraficantes; el Gobierno ofrecerá incentivos económicos y subsidios para que los campesinos dejen voluntariamente de sembrar “cultivos de uso ilícito”, y los narcotraficantes ofrecerán lo de siempre –balas o dinero- para obtener su materia prima. ¿Quién ganará la competencia?

Semana.com: Ya vamos terminando. ¿La sexta cuál es?

H.P.: El Acuerdo deslegitima la rama judicial del poder público. Crea una enorme justicia paralela, la Jurisdicción Especial para la Paz, como si la rama judicial, con el presupuesto y los instrumentos que se ofrecen a la Jurisdicción Especial, no pudiera aplicar también las reglas de una justicia transicional. Más aún, en contra de la garantía del “debido proceso”, el Acuerdo crea una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No repetición”, que podrá señalar –sin fuerza de prueba para efectos penales- como responsables del conflicto a personas naturales, sociedades, asociaciones, gremios, partidos y movimientos políticos, a las Iglesias y a  funcionarios y órganos del Estado…pero estas personas  y entidades, después de semejante señalamiento, no podrán acudir ante los jueces a limpiar su nombre y a evitar represalias porque el Acuerdo lo prohibe….

H.P.: ¿Y por último, cuál es la séptima razón?

Hugo Palacios: El Acuerdo resta autonomía a la Fiscalía, que ahora tendrá que “articular” sus actuaciones con una Alta Instancia dependiente del Presidente de la República. Y, además, el Acuerdo crea una Fiscalía paralela, la Unidad Especial de Investigación  encargada de investigar las “organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Con ello queda en nada el artículo 252 de la Constitución. Aunque, en teoría, esta Unidad será parte de la Fiscalía, en la práctica tendrá autonomía administrativa frente a la Fiscalía, y más autonomía y facilidades de manejo presupuestal que la Fiscalía.  La competencia de la Fiscalía quedará pues, limitada a investigar crímenes pasionales, y otras “pequeñas causas”, detrás de los cuales no exista una organización criminal ni una red de apoyo criminal. Todo lo anterior complicará la política de investigación criminal, y de juzgamiento de los delitos, pues, creará problemas de determinación de competencias y de reglas de procedimiento.

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Semana.com:   ¿Qué cree que pase si gana el No?

H.P.: Si el No ganara sería necesario respetar la situación personal de los guerrilleros que se hubiesen desmovilizado, y darles plenas garantías, y cumplirles lo que el Acuerdo les promete en cuanto a su destino personal en relación con la justicia. Lo demás, debería decidirlo el Congreso, dentro de los procedimientos legislativos normales. Si el SÍ ganara, el país obtendría el beneficio de una desmovilización rápida de las Farc y, quizás, de otros grupos antisociales, pero entraría en un proceso de incertidumbre institucional, recriminaciones e inestabilidad económica como no se ha vivido nunca en la historia reciente.

Semana.com: ¿Usted está de acuerdo con que se realice el plebiscito?

H.P.: El llamado “plebiscito” es un sistema de consulta profundamente antidemocrático. Suponer que los electores colombianos podemos analizar en un mes un documento complejo de 297 páginas, como es el Acuerdo, y votarlo en bloque con un sí o un no, es una burla a la idea misma de la democracia. Por eso, lo que debió ser un período de análisis y debate se convirtió en una simple oportunidad para gasto desmesurado en publicidad y en espectáculos.

Semana.com: A raíz de su pasado como Ministro de Hacienda ¿Cuáles creería que serían las consecuencias económicas en caso de aprobarse el plebiscito?

H.P.: Es probable una desaceleración de la economía. En el Acuerdo hay muchas cosas para interpretar y muchas actividades para coordinar, y muchos agentes para consultar y con capacidad de tomar decisiones contradictorias. Todo ello traerá mayor incertidumbre, trabas y demoras al adoptar políticas públicas y decisiones. En un ambiente así, de mayores “costos de transacción”, es difícil que la economía funcione. La inversión privada, nacional y extranjera, se desacelerará también. Si hoy ya es difícil poner en marcha cualquier proyecto de inversión, por la necesidad de consultar y conseguir acuerdos con “comunidades”, legítimas o ficticias, el Acuerdo lo hará aún más difícil. El Acuerdo magnifica las oportunidades de “protesta social”, con lo cual no será suficiente conseguir las licencias y permisos previstos en las leyes, sino hacer frente a quienes deseen iniciar “protesta social”. El Acuerdo multiplica el deber de consulta y aprobación de muchas nuevas “comunidades” que brotarán como maleza en todo el país,  porque el que tiene la facultad de estorbar adquiere el derecho de cobrar…

Semana.com: ¿Qué piensa del alto costo que tendrá el pos-conflicto? ¿De dónde puede salir ese dinero?  

H.P.: El Estado colombiano no tiene hoy dinero suficiente para garantizar a los colombianos ni siquiera el derecho a la salud, al trabajo y al acceso efectivo a la justicia. Quizás la anunciada reforma tributaria sirva para alcanzar un equilibrio razonable entre los ingresos tributarios y las necesidades de los colombianos. Pero nada más. Pero el Acuerdo es, ante todo, un enorme programa de creación de burocracia y de gasto público. Y la estructura económica del país no permite financiar lo que hoy está desfinanciado y, además, todo ese gasto adicional. Por mucho que el Gobierno se esfuerce, buena parte de las promesas del Acuerdo serán incumplidas por falta de financiamiento.  Ojalá que esos incumplimientos no generen más caos social y más violencia.

Semana.com: Usted está muy convencido del No. ¿Qué piensa de esos millones de colombianos que les entusiasma el Sí? 

H.P.: Si el SÍ gana el domingo, deseo que cuando se haga una evaluación objetiva, dentro de 20 años, de lo que el SÍ trajo al país, se encuentre que yo estaba equivocado…