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| 8/18/2012 12:00:00 AM

Sigifredo López, otra vez libre

Por la falsedad de los testimonios en su contra fue dejado en libertad el exdiputado de Valle. Su caso sin duda alguna afecta la credibilidad de la Justicia.

La libertad de Sigifredo López ha creado en el país opiniones divididas sobre el funcionamiento de la Justicia. Para la mayoría el descalabro cometido contra el exdiputado secuestrado es de una dimensión que en otro país hubiera podido producir la renuncia del fiscal. Para unos pocos, entre ellos el fiscal general, se trata de un caso en que el aparato judicial ha operado con firmeza y garantías: se registraron los elementos acusatorios, se efectuó una detención preventiva dada la gravedad de los mismos, se cotejaron las pruebas no solo en el país sino en el exterior, se verificó la credibilidad de los testimonios y al desmoronarse lo anterior se dejó en libertad al acusado.

Aunque puede ser verdad lo segundo, lo que es indudable es que el daño hecho a la credibilidad de la Justicia fue grande. Una acusación de semejante envergadura y tan en contravía de la lógica no se podía tratar en forma tan precipitada con base en una nariz y en una voz. Así mismo una vez que el FBI dictaminó que ninguno de esos elementos podía constituir una prueba, se podía continuar el proceso sin mantenerlo detenido. Y como si fuera poco, la aparición de testimonios acusatorios que no existían antes del cotejo del FBI dio la impresión de que la Fiscalía estaba forzando el caso.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, no está de acuerdo con esta interpretación. Como dijo a SEMANA, la puesta en libertad de Sigifredo “implica un fortalecimiento de la Fiscalía en términos de su credibilidad. Con la decisión se mostró la seriedad de la institución”. Al igual que lo sostuvo en las varias entrevistas que concedió a raíz del debate que se armó por la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Sigifredo López, Montealegre fue categórico cuando SEMANA le preguntó sobre el costo político de la caída del que era uno de los procesos más visibles y controvertidos de su incipiente administración. “No podemos hablar de ningún costo político. Ese es el riesgo de toda investigación: la esencia del proceso penal es la controversia de hipótesis”. A su juicio, fue la actividad de la propia Fiscalía la que condujo al desmoronamiento del material probatorio. “Esa es la entereza de la Fiscalía: cuando unos elementos se desmoronan, entrar a reconocer la inocencia”.

Otros, por el contrario, creen que lo sucedido afecta seriamente la imagen de la institución y de la Justicia y alegan que hubo no solo apresuramiento al procesar a Sigifredo, sino demora en determinar dejarlo libre. El senador liberal Luis Fernando Velasco, él mismo víctima de testigos falsos, ha dicho que la Fiscalía no puede pasar de agache con el tema. Muy criticada ha sido la actuación del fiscal 38 de Cali, quien estuvo hasta hace poco al frente del caso. Sigifredo y otros han incluso hablado de mala fe de su parte, señalando que habría inducido al error al fiscal general. Se ha dicho, también, que el proceso por el secuestro de los diputados del Valle, posteriormente asesinados, lleva demasiado tiempo, más de diez años, como para que súbitamente aparezcan semejantes cargos contra el único de ellos que sobrevivió a ese calvario.

Sin embargo, más allá de esta polémica, hay que inferir que el fiscal actuó de buena fe. Acusar a una persona de autosecuestrarse siete años en la selva, no ver crecer a sus hijos y prácticamente matar a su mamá del dolor es tan absurdo que el que lo hace tiene que saber que se le viene el mundo encima. Definitivamente no hay nada en esa medida de aseguramiento que otorgue popularidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que habían aparecido en los computadores de Alfonso Cano correos entre los jefes guerrilleros en los que se referian a él como un secuestrado más y no como un cómplice. En una comunicación de Cano al secretariado este afirma: “Sobrevivió un diputado que estaba sancionado en otro sitio. El diputado sobreviviente no vio nada, solo escuchó”. Y en otro computador había uno de Timochenko en el que decía: “entiendo que quedó uno vivo. Si no hay problemas de seguridad el comunicado –informando de la muerte de los otros 11 diputados– lo podría llevar él”.

Con esos correos y con las conclusiones del FBI de que los registros de nariz y voz no daban para establecer una prueba se requería mucha audacia para seguir adelante con el proceso. La Fiscalía lo hizo con base en testimonios de tres supuestos exguerrilleros y de un tramitador, quienes acusaron a Sigifredo de haber sido pieza clave en toda la planeación y operación del secuestro.

La fórmula para justificar el reversazo de la semana pasada fue señalar que se pudo demostrar que esos cuatro testigos resultaron falsos. De ahí la denuncia del fiscal Montealegre de que se ha confirmado que en Colombia existe un ‘cartel de testigos’.

Los testimonios falsos son los siguientes:
 
1. María Eugenia Mina. Se presentó con el alias de la Negra y dijo que como guerrillera de las Farc había conocido al exdiputado quien era un insurgente que incluso portaba teléfono satelital en el monte. Al investigar por la testigo se estableció que se había desmovilizado no una sino cinco veces, sin que hasta hoy esté claro si algún día realmente fue guerrillera. Lo que sí está claro es que se trata de una mujer con problemas de drogadicción y desequilibrios mentales, y que a pesar de ello figura haciendo afirmaciones no probadas en otros expedientes.
 
2. Edver Fajardo. Exintegrante del Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc. Aseguró que el día del secuestro el exdiputado se comunicó por teléfono satelital con el expresidente Andrés Pastrana y el general Jaime Canal, algo que quedó desmentido no solo por ellos dos, sino porque para la época la guerrilla no contaba con esa tecnología. Fajardo también apareció como testigo años atrás en el caso por la masacre de Jamundí: primero en favor de la Fiscalía, luego en favor de la defensa y después nuevamente apoyando la tesis de la Fiscalía. Por cuenta de esos giros sus afirmaciones fueron desestimadas.
 
3. Julio César Salazar. Es un condenado a 37 años de cárcel por secuestro y homicidio. Se trata de un supuesto guerrillero del ELN, aunque en su prontuario no figura el cargo de rebelión. Salazar dice que Sigifredo concibió el secuestro de sus compañeros y le ofreció primero el plan criminal al ELN. Esa absurda afirmación se cayó al ser consultados insurgentes detenidos de una y otra guerrilla. La credibilidad de Salazar “se encuentra disminuida” asegura la Fiscalía. Las pesquisas hechas en torno a este testigo indican que hace cuatro años se presentó a Justicia y Paz con miras a recibir una rebaja de penas. Dijo que podía indicar dónde había una caleta con armas ocultas desde sus días de guerrillero activo. Una misión del CTI acudió al lugar y efectivamente encontró algunas armas pero era evidente que no habían sido sepultadas hace una década. Todo apunta a que Salazar es un presidiario con conexiones delincuenciales.

4. Diego Antonio López Osorio. Se trata de un humilde tramitador que asegura haber visto a Sigifredo, en el segundo piso de la Asamblea del Valle, orientando a los guerrilleros en plena toma para secuestrar a los diputados. Su relato resultó tan frágil que no fue necesario verificarlo con otros testimonios. Se contradice en sí mismo y fue incapaz de describir la sede de la Asamblea.

La pregunta frente a los testigos falsos es ¿los cuatro espontánea e independiente quisieron ir a mentir a la Fiscalía o alguien los coordinó? Montealegre debe resolver ese interrogante cuanto antes. Lo segundo sería más grave que lo primero. Una cosa es que unos individuos mientan por iniciativa propia por beneficios o por una plata y otra que exista en Colombia una ‘mano negra’ que tenga una estrategia de utilizar la Justicia con fines ideológicos y para eliminar contradictores políticos.

Lo grave de todo lo anterior es que si se presentó una conspiración de testigos falsos para inculpar a Sigifredo, probablemente se ha presentado algo parecido en muchos casos anteriores. El senador del Cauca, Luis Fernando Velasco, quien fue investigado por supuestos nexos con los paramilitares y la guerrilla, fue señalado por cinco testigos a quienes la Corte Suprema de Justicia al absolverlo, ordenó investigar. Hasta ahora no hay noticia de algún resultado. Y en el caso de Dilian Francisca Toro la Fiscalía está verificando si se está presentando una situación similar. Esos descalabros judiciales no solo afectan la confianza en la Justicia sino al patrimonio nacional. En los últimos años se han presentado 12.448 demandas contra la Fiscalía, la mayoría por casos similares, que si se perdieran todas podrían llegar a costar 9 billones de pesos. Este año nada más se han pagado 104.000 millones de pesos por ese concepto.

Un primer eslabón para indagar qué hay detrás del ‘cartel de falsos testigos’ podría tener que ver con Gustavo Muñoz Roa, director de una fundación llamada La Nueva Esperanza de Secuestrados. El nombre de Muñoz empezó a ser relacionado con falsos testigos desde el año 2007, cuando un desmovilizado llamado Reinaldo Valencia, alias el Cabezón, apareció en el programa La Noche y lanzó la primera sombra de duda sobre Sigifredo, planteando que era muy extraño que hubiese sobrevivido a la masacre en la que murieron los otros diputados secuestrados. Tiempo después el Cabezón aseguró que fue Muñoz quien lo contactó y lo llevó al programa, indicándole qué decir, a cambio de una promesa de ayudarle a obtener asilo político. Por su parte, el senador Velasco, una vez fue absuelto, en noviembre de 2011, denunció a Muñoz por injuria y calumnia.
 
Muñoz, pocos días después de que Sigifredo fue capturado, aseguró en entrevista con La FM que la Fiscalía tenía “varias usb decomisadas donde hay correos que sindican fuertemente a Sigifredo López e interceptaciones de llamadas donde queda en evidencia que tuvo que ver con el secuestro”. Como se sabe, ninguna de esas pruebas existe. Elmer Montaña, abogado de Sigifredo, también denunció a Muñoz por soborno de testigos, alegando que varios de los que declararon contra su cliente habrían llegado de su mano al despacho del fiscal 38.

El propio fiscal general ha reconocido que existen en Colombia ‘carteles de testigos’. Montealegre dice que lo que su institución venía investigando como casos aislados se va a indagar ahora de modo sistemático, pues se han detectado “gran cantidad de grupos de casos en que hay personas que están usando testimonios como factores de extorsión”. Alcaldes, ganaderos, políticos y otros sectores son blanco de esta modalidad, que se presenta en numerosas regiones del país. Parte de este tipo de extorsión se hace desde las cárceles. No se descarta que grupos de crimen organizado o extremistas estén detrás de estos ‘carteles de sapos’ o falsos testigos, los cuales, si bien cobraron gran notoriedad con lo sucedido a Sigifredo López, ya han tenido manifestaciones escandalosas en otros procesos en el pasado reciente. Eso, sin contar la multitud de casos que pasan de agache y, eventualmente, terminan en la condena de inocentes o en demandas multimillonarias contra las actuaciones de la Fiscalía.
En todo caso lo que no se discute es que la revelación de que en el país existe un ‘cartel de testigos’ es tan grave que el propio procurador Alejandro Ordóñez afirmó la semana pasada que casos como el de Sigifredo López “constituyen un gran peligro para la credibilidad de la Justicia”.
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