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| 10/30/2014 9:50:00 PM

Sigifredo pide $8.000 millones de indemnización

El exdiputado exige a la Nación que lo compense porque la Fiscalía lo privó de su libertad injustamente.

El país se estremeció con el anuncio del fiscal general, Eduardo Montealegre, que señaló al exdiputado Sigifredo López como presunto partícipe en el secuestro de sus compañeros en la Asamblea Departamental del Valle.

Por orden del fiscal, quien en su momento indicó que tenía pruebas contundentes contra López, fue enviado a la cárcel. Tiempo después, la Fiscalía echó para abajo la decisión y le pidió perdón públicamente al exdiputado, que en su momento anunció que interpondría una demanda por los perjuicios.

Semana.com conoció en exclusiva el texto de la demanda radicada en la Procuraduría Delegada para la Conciliación y Vigilancia Administrativa, en donde solicitó 8.000’393.600 pesos por los daños y perjuicios que sufrió durante la privación de la libertad en el año 2012.

Dentro del documento se argumentan perjuicios materiales y morales sufridos por todo su núcleo familiar, que fue víctima de toda “la divulgación mediática de un error del ente investigador”, por lo que su familia se vio “afectada gravemente en el desarrollo de su vida cotidiana expuesta a los señalamientos de la población” señaló.

“Son 7’132.000 titulares que mereció la noticia de la captura, mientras que la noticia de petición de perdón del fiscal general solamente mereció 420.000 titulares. Muchas personas todavía creen que yo no he salido del problema”, indica el documento.

En diálogo con Semana.com, Sigifredo López manifestó que su caso fue motivado por distintas razones políticas, religiosas y pasionales, por lo cual el exfuncionario considera que la suma económica es la justa por el daño causado. “Eso destruyó mi carrera política porque en este oficio se vive de la imagen y el buen concepto que tenga la gente. Destruir mi imagen es como si a un pianista le destruyeran las manos, eso fue lo que pasó conmigo”, dijo.

La audiencia de conciliación, en la que se buscaba un acuerdo entre las partes, fracasó puesto que los apoderados de la Fiscalía General de la Nación consideraron que la suma era demasiado elevada y sólo propusieron 1.300 millones de pesos para resarcir el daño, el cual está consumado. Ahora el Tribunal Administrativo tiene la última palabra.
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