Sigue la desventaja

Al conocer el fallo de la Corte Constitucional que declaró constitucional la ley de garantías que reglamenta la reelección inmediata, el presidente Álvaro Uribe dijo: "Al buen pagador no le pesan las prendas". En plata blanca, eso significa que a un buen competidor no le importan las reglas. La afirmación también tiene un tufillo a queja porque la Corte les puso énfasis a los controles bajo los cuales el Presidente podrá hacer proselitismo, y les estableció ventajas a sus contradictores. Lo cual le conviene a Uribe, en la medida en que les quita fuerza a las críticas que se le han hecho a la reelección. Y le conviene también a la Corte, para recuperar una imagen de independencia frente al Ejecutivo después de avalar sin matices la reelección presidencial. La pregunta es hasta dónde las disposiciones de la Corte equilibran la competencia. En principio, la popularidad del presidente Uribe y las ventajas que emanan de su poder y su investidura hacen que la campaña que se avecina parezca tener un final anunciado: la prolongación, por cuatro años, del mandato. Ni la ley de garantías aprobada a las carreras por el Congreso, ni la versión mejorada de la Corte Constitucional, alteran el panorama político. Entre otras cosas, porque el favoritismo de Uribe no tiene nada que ver con las reglas de juego bajo las cuales se llevará a cabo el debate electoral, sino con las percepciones positivas que tiene la opinión pública sobre su figura y su gestión de gobierno. (Ver artículo siguiente). Una eventual derrota del Presidente en las elecciones presidenciales no dependería de que la ley neutralice el abuso del poder por su parte, sino de que las campañas de los competidores logren cambiar los actuales sentimientos de la opinión pública. El fallo de la Corte, en consecuencia, con su imagen de haberle cargado la mano al presidente Uribe, le conviene a la legitimidad del proceso. Y eso puede ser más importante para el actual mandatario, que lo que pierde por los controles y las limitaciones que le impusieron. Los cuales, de paso, tienen figura de tigres de papel: parecen muy fuertes, pero en realidad son inocuos. Hay varios elementos que fueron bien recibidos por los candidatos de la oposición cuando conocieron el fallo, el viernes a las 6:50 de la noche. Para empezar, los funcionarios públicos no podrán participar en la campaña. Aunque la Corte ya había aprobado esta reforma a la Carta, estableció que el Congreso aún no ha fijado las reglas y que, por consiguiente, el nuevo precepto constitucional que permite la participación en política de los funcionarios no alcanzará a regir en esta campaña. Además, Uribe deberá anunciar su disposición a ser candidato el 28 de noviembre -aunque sólo puede empezar a hacer campaña el 28 de enero- y desde ese día comenzará a regir la prohibición de usar los bienes del Estado con fines políticos. Los polémicos consejos comunitarios no podrán volver a ser televisados a partir de ese momento. El Presidente, además, tendrá que abrir una sede política para diferenciar con claridad los actos de gobierno de los de la campaña. Y tendrá menos derechos a reunir fondos: 10.000 millones, mientras que el tope para sus competidores será de 14.000. La limitación a todas las campañas a recibir recursos de empresas privadas, además, va en contra de un mandatario particularmente adulado en el sector empresarial. El paquete anterior tiene buena presentación. La oposición también recibió con beneplácito la noticia de que la Corte tumbó la obligación de los candidatos a inscribirse cuatro meses antes de las elecciones, que en la práctica significaba que las consultas populares del Partido Liberal y de la izquierda -para escoger sus respectivos candidatos presidenciales por voto popular- se pueden hacer en la fecha que está prevista: el 12 de marzo. Sin embargo, la verdad es que ni este conjunto de normas, ni otras alternativas que se habrían podido considerar, alteran la realidad de fondo. La de una campaña con desigualdades a favor del Presidente-candidato. Algunos de los controles son poco realistas, y la mayoría nada tiene que ver con la fuente de las ventajas que tendrá el presidente Uribe. La reglamentación sobre la financiación de las campañas, por ejemplo, va a tener un efecto mínimo. El Presidente no necesita dinero para hacer proselitismo. Sus actos de gobierno tienen acogida en los medios de comunicación y son más efectivos para promover su figura, que cualquier campaña publicitaria. En el círculo de estrategas más cercanos al Presidente existe la idea de limitar al mínimo la campaña propiamente dicha. Consideran que gobernar es la mejor acción proselitista que puede hacer un Presidente cuyo estilo se caracteriza por su presencia en todos los lugares donde hay noticias, por el contacto con la gente y por un enorme sentido de lo que es atractivo para los medios. Uribe no necesita dinero y seguramente no va a utilizar el cupo de 10.000 millones de pesos que acaban de aprobarle. Algo parecido ocurre con el hecho de que los funcionarios no podrán hacer proselitismo abierto. Esto significa que la campaña se hará bajo los mismos hábitos de todas las anteriores. Y para nadie es un secreto que la burocracia es un recurso electoral en Colombia. Para empezar, porque los funcionarios tienden a votar por los candidatos gobiernistas. Y porque movilizan a sus familias en las campañas. No es realista que en esta oportunidad los integrantes de la nómina oficial se comporten de manera diferente. Por el contrario, las expectativas sobre la posible reelección del jefe se convertirán en incentivos para apoyarlo. La más inocua de las medidas es el veto para la transmisión por televisión de los consejos comunitarios. Del cual tiene culpa la oposición, porque lo incluyó en la ley de garantías durante el proceso parlamentario. Pero la transmisión de esos 'ladrillos', durante 12horas, por el canal institucional con un rating cercano al 1 por ciento, no habría sido el gran determinante de la previsible victoria del presidente Uribe en las elecciones del año entrante. Estas reuniones tienen impacto en el nivel local, y lo seguirán teniendo. En cambio, en lo que se refiere a la televisión, lo que verdaderamente tiene impacto es abrir noticieros que superan los 20 puntos. Un arte para el cual Uribe ha demostrado ser un auténtico experto. La Corte Consti-tucional, en síntesis, no tenía mucho que hacer. De hecho, su fallo le introdujo más equilibrio y control a la versión del Congreso. La decisión reprodujo la mayoría amplia que ya le había dado luz verde a la reforma constitucional que establece la reelección. Un magistrado más -Jaime Córdoba- se sumó al grupo ganador del cual hacen parte Manuel José Cepeda, Álvaro Tafur, Clara Inés Vargas, Marco Gerardo Monroy, Humberto Sierra y Escobar, y dejaron en la oposición a Jaime Araújo y Alfredo Beltrán. Pero la verdad es que la desigualdad, a favor del Presidente-candidato, todavía existe. Los recursos más importantes en una campaña son la plata, los medios de comunicación, el transporte y el ejército de activistas, y un presidente en ejercicio dispone en forma amplia de los cuatro, mientras que sus competidores tienen que conseguirlos peso a peso y hombre a hombre. La polémica ley, declarada constitucional por la Corte, no podía establecer una igualdad que no es jurídica sino política. Ni siquiera podría equiparar, a favor del mandatario que se presenta a la reelección, sus desventajas. Que también las tiene: las del desgaste que impone el gobierno en un país con tantos problemas y dificultades. A partir de ahora, Uribe tendrá que defender sus obras mientras sus rivales podrán hacer promesas. Resultados versus anhelos es una ecuación que no siempre resulta favorable para quien está en el poder. A menos que la gestión sea considerada muy positiva. Lo cual casi nunca ha ocurrido en Colombia. Con el fallo de la Corte, en fin, termina la incertidumbre y se precipita la competencia. Una campaña que, independientemente de las reglas de juego, será inédita, diferente y larga. El traumático proceso de aprobación de la reelección, que terminó el viernes, era apenas la cuota inicial.